MONTERREY N. L.— A comienzos de julio de 2014, Rodrigo Medina de la Cruz emprendió un viaje a Corea del Sur para reunirse con el presidente del Consejo de Administración de Hyundai Motor Group y otros altos ejecutivos de la filial KIA. El entonces gobernador de Nuevo León sostenía negociaciones para que la firma instalara una armadora en la entidad, lo que finalmente prosperó al mes siguiente. El anuncio de inversión por 2500 millones de dólares fue encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de agosto. Aquello, sin embargo, no fue resultado de las dotes políticas de Medina, sino de la oferta de un paquete de condiciones inmejorables a favor de la compañía, que no solo violan la ley sino que —sostiene la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso— revela una red de complicidades que se valió de información privilegiada para manipular condiciones de mercado y enriquecerse con ello.
Al momento en el que Medina se encontraba en Seúl la red tenía todo listo. Funcionarios, empresarios y amigos suyos comenzaron maniobras desde enero de ese mismo año. Primero, la empresa de uno de ellos fue comisionada para elegir el terreno, cuya disponibilidad fue absoluta en febrero, cinco meses antes del encuentro con los ejecutivos de la automotriz. Luego, la empresa de otro fue llamada para aplanarlo y posteriormente iniciaron las obras de cimentación y vialidades. Ese grupo, que aglutina a una treintena de individuos, se valió de información estratégica brindada por el exgobernador y con ella proyectó unidades habitacionales y plazas comerciales en las inmediaciones de la planta. Para vestir de legalidad las acciones se inventaron actas y firmas de consejeros, y se alteraron tiempos de emisión y contenido de dictámenes técnicos.
“A como está la historia, fueron a Corea no solo a decirles que tenían el terreno, sino que habían comenzado las obras”, resume Aldo Fasci, quien ostenta una figura inédita en el organigrama del gobierno estatal: asesor jurídico en casos de corrupción. “Es uno de los asuntos más complejos que he visto en mi carrera, de hecho es el más complejo. Pero se tiene una parte técnica y jurídica muy, muy completa. Entonces será difícil que se sustraigan (de la acción penal)”.
Fasci ocupó cargos como secretario de Seguridad Pública y subprocurador de Justicia de Nuevo León durante la administración de Natividad González Parás, de quien Rodrigo Medina fue secretario particular antes de obtener la candidatura que lo llevó a gobernar el estado de 2009 a 2015. Al final de su mandato, Fasci inició una investigación por cuenta propia y con ella pudo acreditarle la adquisición de bienes inmuebles tanto en Texas como en San Pedro Garza García, en donde Medina tiene su residencia formal. La razón por la que decidió documentarle presuntas ilegalidades, Fasci la explica como un acto de principio ciudadano.
“Hace poco un cónsul de Estados Unidos me preguntó por qué hacía yo aquella investigación”, cuenta el abogado a la mesa de café en un hotel del centro de Monterrey donde suele despachar. “Le dije que hacía muchos años me había tocado estar en medio de la guerra contra el crimen organizado. En ella murieron 55 compañeros míos y tuve varios atentados. Después terminamos el gobierno y anduve con el tema de los secuestros, ayudando a la gente en ese tema, y luego a las víctimas del Casino Royale, a sus familias. Y tuve otro atentado donde murió otro policía afuera de mi casa. Y le decía a este cónsul: después de todo eso y después de los miles de muertos, detuvimos a muchas personas y nada cambió. Así que tengo muy claro que el problema mayor nace de la corrupción. Es imposible pensar que las miles de armas, las cientos de miles de personas que trabajan en el crimen organizado, crucen de un lado a otro sin la corrupción. Así que esa es la clave. Si empezamos por las cabezas tendremos un inicio acertado”.
Nadie como Fasci, a excepción del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ha expresado mayor vehemencia en su propósito de llevar ante la justicia a Rodrigo Medina. El caso de KIA es apenas uno de 88 que le documenta el actual gobierno, y en la mayoría de ellos aparecen como objetivos punibles el padre y un hermano del exgobernador, así como los políticos y empresarios conformados en una especie de cofradía conocida como Grupo Allende. La percepción ciudadana sobre ellos es tal, que la sola promesa de encarcelarlos dio un triunfo rotundo a Rodríguez en la contienda de 2015. Ocho meses después de asumir el poder, el gobernador hizo pública la conclusión de esa primera investigación de la fiscalía. El Bronco se ha referido a su ofensiva como un acto de justicia, pero no son pocos los que en realidad ven en ello el mismo componente político de antaño, ahora con el objetivo de erigirse con una candidatura independiente para las presidenciales de 2018.
“Claro que lo es, y por lo mismo pedimos que el caso sea transparente y que no se mezcle el tema político porque se trata de un tema totalmente judicial”, dice sobre ello César Cavazos, el dirigente estatal del PRI.
En sus primeros días como gobernador electo, Jaime Rodríguez dosificó su discurso anticorrupción. Ya no dijo, como en campaña, que Rodrigo Medina era el objetivo de su cruzada. El propósito de las investigaciones no sería personal, sino en contra de las instituciones, precisó. Fue uno de los dos grandes virajes discursivos. El otro tiene que ver con Monterrey VI, el megaproyecto concebido desde 2003 para acarrear agua del Pánuco. La población, dicen sus impulsores, pero sobre todo la industria regional, requiere de ese afluente para desarrollarse. El foco principal, sin embargo, es la fractura hidráulica para extraer gas esquisto de la Cuenca de Burgos, de acuerdo con ambientalistas que se oponen a la obra desde hace años.
“Se trata de un negocio de miles de millones de dólares en el que se concentran intereses oscuros y negociaciones soterradas”, dice la activista social Liliana Flores.
Durante la campaña, el Broncocuestionó la viabilidad de Monterrey VI por su costo desorbitado, de casi 63 000 millones de pesos, así como la necesidad real del abastecimiento. En ese proyecto, los grupos constructores Higa e ICA llevan la mano. Grupo Higa es la empresa implicada en los mayores escándalos de corrupción del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, uno de los grandes gestores del acueducto. El presidente fue al mismo tiempo aliado personal de Rodrigo Medina. Pero en el marco de las acusaciones por peculado y el uso indebido de funciones, ni él ni nadie de su gabinete han intercedido. El exgobernador parece estar solo justo cuando el gobierno estatal cambió su postura respecto a la viabilidad de la obra.
“No tengo dudas de que existe un acuerdo político”, dice Flores. “Y ese acuerdo tiene que ver con la continuidad del proyecto y la posibilidad de una candidatura presidencial. Es el marco en el que también Medina deja de ser útil en la política”.
¡Queremos las cuentas públicas de Naty, Medina y Margarita!, es la consigna generalizada de los inconformes que exigen transparencia y revisión del manejo del dinero público de Nuevo León. Foto: Víctor Valdivia
OPERACIONES DE LA RED
El terreno sobre el que se construyó la gran nave de KIA tiene una dimensión de 500 hectáreas. Forma parte de una planicie inmensa de Pesquería, un municipio del noreste contiguo a la zona metropolitana de Monterrey. El gobierno de Rodrigo Medina lo adquirió por 1000 millones de pesos. El sobreprecio es un aspecto fácilmente verificable, pero la investigación no se detuvo en ello para evitar una controversia inútil que desviara la atención sobre el punto fundamental: la coalición de intereses gestados desde la propia cabeza administrativa.
La forma en que se fraguó toda la operación está clara desde el inicio de las indagatorias. Es la razón por la que, entre el centenar de denuncias, decantaron por este.
En marzo, Jaime Rodríguez se refirió a la investigación satisfactoriamente. “Vamos bien”, dijo. Confió entonces que saldrían las primeras inhabilitaciones para ejercer cargos públicos en contra de algunos de los implicados, y al menos tres órdenes de aprehensión para dos diputados federales y un alcalde en funciones. De su antecesor, se limitó a informar que tres fiscales le documentaban todo.
“Tenemos más de cien casos —20 ya muy avanzados— que espero que pronto tengamos resultados de responsabilidades. Muchos de ellos se están armando bien. Queremos hacer las cosas bien. La forma en cómo el gobierno se condujo (con KIA) para traer una inversión —que si bien es cierto podrá venir a darle economía al estado— estuvo mal. Les dimos muchos beneficios que el estado no puede cumplir. (…) Tampoco queremos acusar a nadie para hacer de ello un acto político, de escarnio público. No debo actuar así. Fui electo para hacer cumplir la ley y la debo cumplir. Cuando te digo que vamos por buen camino es porque hemos avanzado muy fuerte”.
Previo a las elecciones de junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción hizo públicas conclusiones generales sobre el caso. Informó que realizó cargos en contra de 30 personas, entre ellas el exgobernador y varios funcionarios de primero y segundo nivel que lo acompañaron en su gestión. También figuran en esa lista los dos diputados federales y dos alcaldes. Se procedió con el embargo precautorio de 22 propiedades, pertenecientes a 11 de los funcionarios involucrados, así como un rancho propiedad de Rodrigo Medina.
“Pronto verás gente en la cárcel”, escribió Jaime Rodríguez el 7 de junio.
“Nos hemos centrado en el uso de la información privilegiada”, explica Aldo Fasci, el asesor jurídico del gobierno de Nuevo León. “Hay desarrollos que se hicieron alrededor, hay terrenos que se hicieron mucho más valiosos porque hoy tienen carretera. Que te parecería si en el juicio aparece un fraccionamiento que está muy cerca y que era propiedad de los mismos que están ahí y que hoy tiene un valor muy superior. Te la pongo más fácil: está prohibido por la ley que el que escoja el terreno sea socio del dueño de ese terreno. Con eso tengo, eso es delito”.
La investigación arrojó varias irregularidades. Como ejemplo, un memorando de entendimiento fechado en julio de 2014 y el convenio de inversión dado a conocer por el presidente de la república en agosto siguiente. De acuerdo con la fiscalía, eso demuestra que mucho antes de firmar con la armadora se había autorizado la compra del terreno e iniciado las obras. La evidencia documental arroja también que se falsearon fechas de actas y firmas de consejeros, como una forma de cuadrar las formas y tiempos con el convenio de inversión de agosto. El nivel de dictámenes y periciales es tal, que varios de los implicados decidieron servir como informantes, dice Fasci.
“Hay volúmenes de obra que jamás existieron, cosas que se pagaron dos veces y la empresa a la que le dan estas facilidades es la empresa que le prestaba el avión al papá del exgobernador. Y luego se subcontratan cuatro empresas que están relacionadas con los terrenos y entre sí. (…) Los dueños son amigos de Medina. Y la regla dice que para adquirirlos debes licitar, pero entonces, para que no haya licitación, debes justificar que ese terreno es el único en el planeta que puede llenar los requisitos que buscas. Y ese estudio lo realiza una empresa cuyo dueño es uno de los socios de los vendedores del terreno. ¿Y cuál es la responsabilidad del exgobernador? Pues es él quien firmó el convenio donde nace todo y en donde se le ofrecen un montón de cosas a KIA, cosas que están fuera de la ley”.
Pero si bien la investigación es sólida, según el asesor jurídico, el nuevo sistema penal hará difícil encarcelar a Medina, el blanco de todas las ofensas ciudadanas. Y eso va en contra de los planes políticos del gobernador.
En marzo también, Jaime Rodríguez se refirió a ello, en el marco del caso contra Medina. “Sé que es necesario que este país tenga un liderazgo nuevo, diferente, que tenga experiencia. Sé que el país está observándonos y todo depende del trabajo que hagamos en Nuevo León”.
La “cada vez menos” popularidad del Bronco se hace notar durante las constantes marchas de los maestros de Nuevo León por calles del centro de Monterrey, en donde se escucha, a una sola voz: “Nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos”. Foto: Víctor Valdivia.
NEGOCIO Y POLÍTICA
Liliana Flores ha sido incluida en más de una lista como una de las cinco personalidades con mayor trascendencia en Monterrey. Fue diputada federal entre 1991 y 1994, y fundó El Barzón Nuevo León en 2006. Por más de un cuarto de siglo ha sido activista y, como tal, fue requerida por el periódico El Nortepara evaluar la popularidad de Jaime Rodríguez a un año de su triunfo electoral. Los líderes de opinión lo calificaron con un 4.8 por ciento contra un 5.7 de los ciudadanos.
El Norte fue el medio que respaldó la candidatura independiente del Bronco, y esa es la razón por la que, según la activista social, el gobierno estatal maniobró para presentar el viernes 3 de junio conclusiones sobre la investigación del caso KIA. La portada del diario al día siguiente llevó como noticia principal el acto de corrupción por 3600 millones de pesos y, como nota secundaria, a una columna, la evaluación al ejercicio de Jaime Rodríguez.
“Existe un gran negocio en este estado que comenzó con el huracán Alex”, Liliana Flores va al negro antecedente de la corrupción en la era Medina. “El proceso de reconstrucción costó miles de millones de pesos y no tuvo control alguno. Entonces hubo una intervención muy grotesca del papá del gobernador y la gente se indignó tanto que cuando llega Jaime y promete cárcel para ambos, deciden llevarlo hasta el gobierno. Pero se trata de un gobernador tan irascible, que un día dice una cosa y al día siguiente dice otra, como en una esquizofrenia política, que la gente fue desesperanzándose muy pronto. Por eso el caso KIA se utiliza políticamente en un momento en el que sus bonos están en su bajo histórico mientras persisten sus ganas por ser candidato presidencial”.
Flores encuentra cabida para la sospecha a partir del proyecto Monterrey VI, del que es una opositora de tiempo completo. “Lo que subyace en todo esto es el negocio, el dinero. A nosotros nos queda claro que este asunto en el fondo es por el agua para utilizarla en el fracking, en el asunto del gas. Entonces debe tomarse en cuenta algo que rara vez se menciona: Jaime Rodríguez tiene dentro de su equipo de trabajo a los francotiradores de la industria inmobiliaria, como el secretario de Desarrollo o el director del ISSSTE León, ambos empresarios del ramo. Lo que hace el gobernador es pagar los favores al mundo de los constructores”.
Rodrigo Medina se encuentra en el cruce de las grandes corrientes del interés monetario, con un solo asidero, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Es lo que dice Eloy Garza, un analista político que estuvo a cargo de la comunicación social durante los primeros meses del gobierno anterior.
“El caso Medina implica dos cosas para Jaime Rodríguez, una buena y una mala: si no lo mete a la cárcel se olvida de la candidatura independiente con rumbo a la presidencia. Si lo mete, entonces sus bonos crecerán y veremos quién lo para. Pero aquí cabe hacer notar otra cosa: el hecho de que existe una clase política muy molesta con el exgobernador. Y en ese sentido lo han dejado solo”.
César Cavazos, el dirigente estatal del PRI, estuvo bajo sospecha de corrupción durante su etapa como alcalde de Escobedo, que terminó en 2015. Con su salario de 73 000 pesos mandó construir una residencia de lujo en el sur de Monterrey. Él estuvo presente en la toma de protesta como dirigente nacional de Enrique Ochoa Reza, quien prometió fiscalizar la corrupción de los gobernantes del partido, la causa del descalabro electoral este año.
Lo que dice sobre el caso contra Medina es poco comprometido, distante: “No podemos satanizar a nadie porque es una acusación que no ha sido judicializada y no ha habido una decisión. Pero bueno, el mensaje del presidente Ochoa fue muy claro en el sentido de la posición del partido en el tema de la corrupción y que seguiremos en los estados al pie de la letra lo que nuestra dirigencia indique”.