La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó un proyecto de dictamen para eliminar el fuero de las prerrogativas de funcionarios públicos, incluido el gobernador.
El predictamen deroga el requisito de someter a juicio de procedencia al gobernador, diputados, magistrados, jueces, alcaldes, regidores, consejeros electorales, comisionados de transparencia y al Ombudsman local, en caso de ser sujetos a responsabilidad penal.
“Creemos que todos somos iguales ante la ley y no tenemos que tener ninguna protección. Todo funcionario público de cualquier nivel sea de organismos autónomos no va a gozar de fuero, los diputados conservamos solamente lo que es la inviolabilidad parlamentaria”, justificó la diputada priista Ángeles Aguilera Ramírez, presidenta de la comisión.
La reforma toma en cuenta una iniciativa del ex diputado del Panal, Herberto Gallegos, y del diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Álvarez Michaus, que la presentó en mayo. Y, aunque luego de las elecciones decidió retirarla, la comisión conformada por tres diputados del PRI, uno del PAN y una del Panal- le dio luz verde este viernes.
Además, los diputados hicieron y aprobaron las reformas constitucionales que darán lugar al sistema
estatal anticorrupción, que deberá subir para su votación en la próxima sesión
ordinaria del Congreso del Estado.
Aguilera Ramírez comentó que en el dictamen dieron cabida a las adecuaciones necesarias para la
implementación de este sistema como es la conformación de un comité estatal,
así como al hecho de poner límites a las acciones de los servidores públicos y
los particulares para evitar actos de corrupción.
“Va a haber un comité estatal del
sistema anticorrupción que va a estar muy vinculado al comité nacional del
sistema nacional anticorrupción y que deberá seguir su actuar con los
lineamientos que establece el nacional, pero también con la autonomía que
estamos estableciendo en la constitución”.
En dicho comité habrá un representante
del ejecutivo, representantes de los órganos internos de control, el titular
del tribunal administrativo y representación ciudadana, en este último caso
tendrá que ser en las leyes reglamentarias donde se establezca de qué forma se
elegirá a los ciudadanos integrados al comité.
Se contempla que todas las acciones
de las que tenga conocimiento este comité, el órgano de fiscalización y los
órganos internos de control de gobierno del estado tendrán que ser dados a
conocer a la fiscalía y denunciados como corresponda.
El diputado Jorge Varona Rodríguez
había advertido que la comisión tendría que trabajar sobre dos propuestas para
armonizarlas, una del PAN y otra enviada por el Gobernador del Estado. Luego de
ser votada en la próxima sesión y en caso de ser aprobada tal y como está, se
dará un plazo de 60 días para hacer las reformas a las leyes secundarias y la
ley nacional da un plazo de un año a todos los estados para que tengan
actualizada la legislación y conformados sus sistemas estatales anticorrupción,
es decir en julio del 2017.