El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, envió al Congreso local una iniciativa de reformas a la Constitución del Estado para crear el sistema estatal anticorrupción.
Con esta acción, el mandatario en funciones ‘madrugó’ a su sucesor electo, el panista Martín Orozco Sandoval, que promovió el Sistema Estatal Anticorrupción como una de sus propuestas eje de campaña. También se le adelantó a Coparmex Aguascalientes, que junto con abogados elaboró un paquete de iniciativas, mismo que varios diputados electos ya se habían comprometido a aprobar sin cambios.
La propuesta de Lozano, que no se ha dado a conocer públicamente pero cuya copia obra en poder de Newsweek Aguascalientes, plantea que el Sistema sea encabezado por un Comité Coordinador, integrado por ciudadanos y representantes de los tres poderes, pero cuyas recomendaciones serían “no vinculantes a las autoridades”.
En cambio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se crearía dentro de la Fiscalía General del Estado, podrá investigar a particulares denunciados por actos de corrupción.
A diferencia de la propuesta de Coparmex, la del gobernador Lozano no toca la llamada Ley 3 de 3, que busca obligar a funcionarios a hacer públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Pero sí plantea que “las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo (…) aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan”.
Hasta la fecha, Carlos Lozano no ha publicado su declaración 3 de 3 en la plataforma que el IMCO y Transparencia Mexicana habilitaron para ello. Además, la Ley de Transparencia de Aguascalientes tiene catalogadas las declaraciones patrimoniales de como información confidencial, por lo que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no las hace públicas ni las entrega cuando se le solicitan vía Sistema Infomex.
Al anunciar la propuesta a través de un comunicado oficial, el gobierno del estado aseguró que de aprobarse, la iniciativa “garantiza limpieza y transparencia en el ejercicio público”.
