Juicios laborales falsos, extorsiones y amenazas, son las principales “herramientas” que una red de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Quintana Roo encabezado por Roberto Borge, utiliza para sostener un sistema masivo de fraudes, despojos y congelamiento de cuentas a empresarios y particulares, incluidos ejidatarios.
La red que opera desde el gobierno estatal se apropia los terrenos a través de un sin fin de artilugios legales para repartírselos, o bien, rematarlos a montos que no alcanzan ni la mitad del valor real de las propiedades, señala la investigación publicada conjuntamente por Expansión y la organización Mexicanos Contra la Corrupción, que explica el sofisticado esquema de despojo creado tiene entre sus modus operandi el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias, tal y como sucedió en mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias, según informa el reportaje publicado.
Los juicios laborales falsos o amañados son parte central del montaje, se ejecutan a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés.
Los involucrados
El reportaje señala que la trama de corrupción y despojo, que ya había revelada por la periodista Lydia Cacho en septiembre de 2015 en el reportaje “Tulum, tierra de ambiciones”, publicado en Newsweek en Español, incluye a exfuncionarios públicos como el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el actual gobernador priista Roberto Borge.
Dentro de la red de empresarios y políticos, aparecen nombres de funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde que se han beneficiado de transacciones manipuladas para ser rematadas a un costo inferior del que se le adjudicaba en su momento, tal y como muestran los cuatro casos documentados por los periodistas Mariela Ibarra y Silber Meza, en lo que el daño rebasa los 340 millones de pesos, siendo esto una muestra mínima de lo que sucede en Quintana Roo.
La investigación establece que si bien el gobernador Roberto Borge conoce de las afectaciones debido a los desplegados, notas de medios locales y nacionales, este ha hecho caso omiso a las protestas desatadas por el esquema despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias, que según fuentes citadas por Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción, tiene más de cinco años operando, sumándose a estos reclamos los señalamientos directos de empresarios y políticos que conocen la situación.
Corrupción e impunidad
De acuerdo con registros oficiales obtenidos para la investigación, varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones fraudulentas continúan mientras se cubren las espaldas y van obteniendo nuevos puestos de elección popular.
Un botón de muestra de la impunidad que impera en Quintana Roo se atestiguó tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, cuando el congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge— como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado, señala el reportaje.
El contexto en el que se dan estos hechos es por demás desalentador: Quintana Roo es un estado arruinado económicamente y con la mayor deuda por habitante, ya que debe 2.5 veces el dinero que recibe al año de la Federación, según un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Esto significa que el estado ostenta la segunda deuda más cara del país, por encima de Tlaxcala.
Lee aquí el reportaje “Los piratas de Borge: el saque de bienes, institucionalizado en Quintana Roo” publicado por Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción.
Foto: Carta publicada por ejidatarios de Quintana Roo en el diario El Universal dirigida al presidente Enrique Peña Nieto.
Expansión.
La batalla que a la fecha se libra en Tulum, una de las zonas ecoturísticas más bellas y protegidas de México, es similar a la que enfrentan ejidatarios de todo el país: desde Oaxaca hasta Baja California. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos que han tomado los tribunales agrarios como rehén, corrompiendo jueces. De acuerdo con los propios magistrados agrarios, lo que acontece en el país es un enfrentamiento por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable de diversas provincias del país. En este contexto, han tenido lugar desapariciones forzadas, un homicidio, persecuciones, amenazas y extorsión.
Fue en septiembre de 2015, cuando la periodista Lydia Cacho reveló en una investigación publicada en Newsweek en Español cómo una red de políticos y empresarios poderosos, ayudados por cada gobernador en turno, han intentado acaparar tierras y arrebatarlas a los pioneros que poblaron Tulum y que por derecho propio se convirtieron en ejidatarios y posesionarios y obtuvieron sus títulos avalados por el Tribunal Agrario. (leer reportaje completo)