El procurador general de Justicia del estado, Alejandro Straffon Ortiz, consideró que no hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa 12/SPM/758/2014 por el asesinato de Ana Itzel Escamilla Téllez, en la cual fue inmerso el padre de la menor, Juan Carlos Escamilla Rodríguez, como presunto responsable del crimen, pero fue liberado el pasado 15 de junio, después de dos años de prisión, por falta de pruebas.
Además, argumentó, “si el juez no hubiera tenido elementos (de prueba) no habría dictado formal prisión”, pese a que el inculpado fue detenido por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, pero después le atribuirían la violación, asesinato y sepultura clandestina de su hija, irregularidad que observó el juez quinto de distrito del centro auxiliar de la novena región con sede en Zacatecas, sobre el actuar del juez Porfirio Austria Espinoza, entonces a cargo del caso.
“Tenemos los recursos necesarios para que pueda haber una revisión del caso y, desde luego, seguir la investigación. Si hay alguna otra prueba superviniente tendremos que hacer la valoración. Desde luego no estamos de acuerdo”, dijo.
Por eso, indicó el fiscal, apelaron la resolución mediante la cual el inculpado obtuvo su libertad después de dos años en prisión. Asimismo, justificó que “si el juez hubiera notado alguna deficiencia de la procuraduría, pues no se le hubiera dictado la formal prisión”.
“(Por lo tanto), para nosotros, la integración de la averiguación previa está bien sustentada”, aseveró.
Respecto a las acusaciones contra los dos agentes señalados de amenazas y tortura contra la familia de Ana Itzel, quienes acumulan 29 quejas por detenciones ilegales, tratos inhumanos y crueles, de acuerdo con el sistema de quejas y orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Straffon aseguró que “revisan” los casos.
No obstante, argumentó que cuando la menor de 14 años fue asesinada, abusada sexualmente y sepultada de manera clandestina (en mayo de 2014), la Coordinación de Investigación no pertenecía a la PGJH, sino a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, a cargo de Alfredo Ahedo Mayorga.
“Estamos revisando a ver qué pasó con los elementos que llevaron la investigación y deslindar alguna responsabilidad si es que la hay”, comentó.
La fiscalía dio a conocer –a petición de Criterio– que el agente Valentín Eduardo Vázquez Baños, a quien la familia Escamilla Téllez acusa por tortura y amenazas, ya no labora en la fiscalía estatal, mientras que Jesús Castro Rojo, otro señalado por los mismos posibles delitos, fue reasignado a otro grupo desde hace un año.
Contra ambos se inició la queja VG-1887-14 en la CDHEH por presunta tortura, amenazas y fabricación de pruebas.
LAS QUEJAS
…Entre las quejas contra el comandante Castro Rojo está la I-1-0011-08 por golpear –según los quejosos– a un menor de 15 años para que firmara una confesión de homicidio, así como la VGJ-1127-12 por participar en presuntos actos de tortura para que se declarara culpable de ser “halcón” de un cártel del narcotráfico y firmara una hoja en la que reconocía su participación en hechos delictuosos.
…Mientras, contra Vázquez Baños está la I-2-0015-07 por ingresar a un domicilio sin ninguna orden que lo avalara, supuestamente agredir a una persona y, junto con los elementos que lo acompañaban, extraer artículos de valor.
…El compromiso del gobernador Francisco Olvera Ruiz, dijo el procurador, es que, “hasta el último día de su administración, no exista impunidad”. Por el crimen de Ana Itzel no hay culpable en prisión.