Procesará Congreso sanción al alcalde hasta que se resuelva impugnación

El Congreso de Aguascalientes no podrá sancionar al alcalde Antonio Martín del Campo hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva su impugnación a la sentencia que determinó que sí realizó propaganda gubernamental en tiempos electorales.

Según explicó el diputado priista y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el legislativo, Jorge Varona, los diputados tendrían que esperar esa sentencia para, en su caso, aplicar la sanción que consideren, según lo previsto en el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

“Puede ser amonestación privada, amonestación pública, multa o inclusive inhabilitación del cargo (…) La ley lo prevé como una de las posibles sanciones en función de la gravedad de la falta y de la jerarquía del funcionario así como la reincidencia que se hubiere cometido. Creo que no será el caso llegar a una decisión de esa magnitud”, comentó sobre la posibilidad de inhabilitar a Martín del Campo para ejercer un cargo público a su salida del ayuntamiento.

La explicación de Varona Rodríguez contrasta con la que el Comité Directivo Estatal del PRI manifestó ayer, luego de conocer la resolución de la Sala Especializada, a través de un comunicado en el que celebró la decisión del TEPJF.

“Poco a poco en los tribunales se va demostrando que son tramposos en el PAN. Violentaron y se entrometieron en el proceso electoral con la contundente utilización de recursos públicos que derrocharon tanto en despensas y en eventos de campaña a los que acudió incluso el propio alcalde Antonio Martín del Campo, llevando obsequios, el evidente rebase en los topes de campaña y sus candidatos delincuentes e inelegibles”, citó el comunicado a la dirigente estatal tricolor, Norma Esparza.

En su impugnación, el tricolor acusa intromisión del ayuntamiento de la capital en las campañas, a través de entrega de despensas y desvío de recursos. Sin embargo, mientras la Sala Especializada determinó que el alcalde difundió propaganda gubernamental en tiempos electorales, la Sala Superior lo exoneró la semana pasada de la acusación de compra de votos mediante la entrega de despensas.