Se dice que Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, declaró el fin de semana que el Parlamento escocés podría vetar el Brexit. Sin embargo, escucha su entrevista en la BBC, y notarás que no usa el término “veto”. Es demasiado astuta para hacerlo, porque el Parlamento escocés no tiene el derecho de veto formal. No obstante, el proceso de separación de la Unión Europea ciertamente crea obstáculos importantes para la supervivencia del Reino Unido.
El meollo del problema es una cláusula en la Ley de Escocia de 1998 —legislación que creó al Parlamento escocés—, la cual dice que Holyrood (igual que las asambleas de Gales e Irlanda del Norte) no puede contravenir la ley de la UE. Para que el Reino Unido se separe limpiamente de la UE, será necesario que Westminster apruebe la legislación eliminando dicha disposición. No obstante, cualquier enmienda a los poderes del Parlamento escocés requiere, por convención, el consentimiento del Parlamento escocés. Y Nicola Sturgeon ha dejado claro que semejante consentimiento es poco probable.
¿Por qué eso no crea un poder de veto? Por dos razones. Una es que, al menos en teoría, sería posible mantener el requisito para que el Parlamento escocés actúe dentro de la ley de la UE, incluso después que el Reino Unido se separe de la UE. Esto crearía una situación complicada, aunque podría ser mejor que cualquiera de las alternativas. De hecho, algunos comentaristas han comenzado a proponer soluciones más creativas para la situación actual, como la idea de que Escocia e Irlanda del Norte permanezcan en la UE, mientras que Inglaterra y Gales se separan.
La otra razón de que no haya poder de veto es que no es más que una mera convención que Westminster no puede actuar sin el consentimiento de las instituciones delegadas y, además, la convención solo establece que no actuará “normalmente”. Algunos aspectos de la convención fueron inscritos en la ley a principios de este año, pero no la parte que relevante para este caso. De manera que Westminster no violaría principio legal alguno si optara por ignorar la ausencia de consentimiento legislativo.
Sin embargo, esto no significa que todo sería aceptable para el gobierno de Westminster o para el futuro del Reino Unido. Proceder contra la convención con el consentimiento legislativo quizás no viole las reglas formales, pero sin duda violaría los fuertes compromisos que los políticos unionistas han adoptado repetidas veces —incluido el que hicieron durante la campaña por el referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014— en cuanto a que respetarían la autoridad de las administraciones delegadas. Los escoceses ya tienen suficientes motivos para sentir que las garantías otorgadas hace dos años —respecto de la voluntad del pueblo escocés en general, y sobre seguir en la Unión Europea en particular— han sido traicionadas. Si además resulta que una votación en el Parlamento escocés sobre un asunto tan crucial puede, simplemente, descartarse, eso echaría más leña al fuego.
Además, la dificultad va más allá de Escocia. El primer ministro galés ha dicho que los votantes de Gales apoyaron Brexit, de modo que la Asamblea de Gales debería aceptar el resultado. Mas la asamblea de Irlanda del Norte, como ha hecho el Parlamento escocés, difícilmente dará su consentimiento para los cambios legislativos. De suerte que las implicaciones potenciales de Brexit para el futuro del proceso de paz y el futuro acuerdo constitucional en Irlanda del Norte son muy poco claras.
Todo esto se suma al sentimiento de que el proceso Brexit ejercerá una presión considerable en el futuro del Reino Unido. De hecho, la ruptura del Reino Unido —en particular, la independencia de Escocia— ahora parece mucho más probable que antes. Aunque no es inevitable. Si bien da a los escoceses nuevos motivos de agravio, el Brexit también hace que el tipo de independencia que podrían alcanzar sea menos atractivo de lo que habría sido. Sería necesaria una frontera más estricta entre Escocia e Inglaterra, con controles de pasaporte o de aduana, situación que muchos podrían encontrar desagradable. Por otra parte, si Escocia se independiza después que el Reino Unido se haya separado de la UE, se esperaría que cumpliera con los requisitos habituales para los nuevos estados miembros de la Unión Europea, como sumarse a la zona euro; lo cual, nuevamente, podría ser difícil de aceptar para los escoceses.
Así pues, aunque las normas del consentimiento legislativo no crean un poder de veto formal, ciertamente añaden piedras al camino escabroso del Brexit.