El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal negó que se pueda conocer el expediente penal militar integrado contra los militares implicados en el caso Tlatlaya a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la masacre y a pesar de que previamente, en diciembre de 2015, el Juez Primero en Materia Administrativa aprobó el acceso a investigadores del equipo de Aristegui Online y Artículo 19.
Los tres magistrados del Tribunal impidieron que se realizara la primera sentencia en el expediente A.R. 31/2016, pues avalan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) excluya del conocimiento público los documentos penales, “exterminando así cualquier posibilidad de dar nueva información sobre los sucesos”.
A través de un comunicado publicado en su página web, la organización Artículo 19 asegura que el Quinto Tribunal impide que el sistema de justicia penal militar rinda cuentas, en particular que abra al escrutinio público su decisión de octubre de 2015, en la que exoneró a seis de los siete militares implicados.
“Si bien la sentencia es preocupante, son más alarmantes los argumentos propuestos por la magistrada María Elena Rosas, quien fue la encargada de redactar el proyecto. Para la magistrada, y para sus pares que avalaron íntegramente su inventiva, no hay autoridad alguna que pueda declarar que Tlatlaya o cualquier otro caso similar se trata de graves violaciones a derechos humanos; a su entender, ni siquiera la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede llegar a tal conclusión, pues legalmente está habilitada sólo para investigar hechos que puedan ser graves violaciones pero no así para concluir si se constituyeron o no”, dice el comunicado.
“La magistrada no sólo ignoró que desde enero de 2015 los hechos de Tlatlaya son violaciones graves para la CNDH,que la SEDENA reconoció y aceptó la Recomendación 51/2014 y que múltiples organismos internacionales consideran particularmente grave lo acontecido en Tlatlaya; sino que también dejó de lado antecedentes dados en el Poder Judicial a favor de desclasificar la información relacionada con este tipo de hechos. En otras palabras, la sentencia en comento cojea notoriamente tanto en hechos como en derecho”, añade.
Cristof Heyns, Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, aseguró nuevamente que en México “la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia”.
Por su parte, Ravina Shamdasani, vocera del Comisionado de la ONU, dijo hace unos días que de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del 102 batallón de infantería, al menos 12 habrían sido ejecutadas sumariamente.
Así, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación sobre que “el caso siga sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigan negando sus derechos a la justicia y la verdad”.
Siete militares fueron detenidos por lo sucedido, pero en octubre de 2015 un juez retiró los cargos contra cuatro de ellos, y en mayo de 2016 los tres restantes fueron liberados de los delitos de Homicidio, Encubrimiento y Modificación Ilícita.
De esta manera, todos los inculpados por el caso Tlatlaya han sido liberados de toda culpa, perfilándose hacia un caso más sin resolver en la justicia mexicana, a pesar de las presiones por parte de organizaciones nacionales e internacionales para su esclarecimiento.
“En tanto el sistema de seguridad y justicia no ha logrado aliviar la espiral de violencia que atraviesa México, ARTICLE 19 hace un llamado prioritario para que todas las autoridades, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y el Poder Judicial de la Federación aseguren el acceso efectivo y oportuno a la información en materia de seguridad y justicia, en particular a la que se relaciona con violaciones graves de derechos humanos. Estamos convencidos que rompiendo el monopolio de la información y apuntalando el derecho a la verdad de las víctimas y sociedad se logrará acabar con el ciclo de impunidad”, publica Artículo 19 en el comunicado.
Entre las 22 víctimas de la madrugada del 30 de junio, había una jóven de 15 años y dos varones de 17 años de edad.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), familiares de seis víctimas dijeron que sus hijos fueron secuestrados por criminales en enero, abril y junio de 2014, y forzados a trabajar con ellos en actividades ilícitas.