Eran aproximadamente las 17:00 horas del martes 21 de junio. El camarógrafo de TV Azteca Fernando Albarrán y el editor Enrique Cortés viajaban por la carretera libre a Nochixtlán, Oaxaca, para dar seguimiento al enfrentamiento del domingo previo que dejó ocho personas muertas, 55 policías heridos, 53 civiles lesionados y 23 detenidos.
Los periodistas fueron obligados a detenerse en un retén instalado por los pobladores y su liberación fue condicionada a que “documentaran la verdad” sobre el conflicto. Fueron llevados a un internet público para que enviaran el material en video que ellos les indicaban.
Y no sólo eso: mediante un mensaje de WhatsApp, los secuestrados informaron que los liberarían sólo si la televisora les daba un espacio de 15 minutos en vivo, en el noticiario estelar que conduce Javier Alatorre, para “exponer sus demandas”.
El comunicador fue enfático: “Nosotros no vamos a responder a presiones y a chantajes”. En Hechos, su espacio noticioso nocturno, añadió: “Entendemos el periodismo bajo la premisa de una absoluta libertad de prensa. En el momento en que se priva de la libertad a dos periodistas, el periodismo deja de existir”.
A nombre de la empresa, responsabilizó a “los autores de tan atroz crimen” de cualquier cosa que pudiera pasarles y reveló que se habían levantado denuncias ante la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Policía Federal (PF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al lugar llegaron el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, así como el diputado federal del PRD Jesús Valencia, quienes realizaron gestiones para facilitar la liberación. Finalmente, esta se dio siete horas después.
Lo anterior es un claro ejemplo de cómo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus grupos aliados no sólo tienen secuestrada la educación de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, también secuestran ciudades enteras, a gobiernos, a la ciudadanía, y ahora, hasta la verdad. Porque para ellos, la verdad es sólo la suya.
Vaya este texto para mis compañeros Fernando y Enrique, para otro equipo de Milenio que les arrebataron todo su material de trabajo y para todos los comunicadores que diariamente tienen que lidiar con la intransigencia de este tipo de organizaciones y enfrentar su violencia que muchas veces los lleva a la muerte.
Es el caso de Elidio Ramos, reportero del periódico El Sur, quien fue asesinado en Juchitán, ese mismo domingo 19, mientras cubría los bloqueos en algunas vialidades y la quema de autobuses por parte de la disidencia magisterial. Hombres no identificados le dispararon en la cabeza a quemarropa.
Ivonne Flores, jefa de información del diario, denunció que el sábado un grupo de encapuchados había amenazado a Ramos Zárate para que no cubriera las protestas del día siguiente.
En Oaxaca, agregó, no existen condiciones para el ejercicio del periodismo, “estamos expuestos ante todo (…) y no podemos hacer nuestro trabajo, no nos podemos meter libremente a tomar una foto, a cubrir el material como debe de ser, a mantener informada a la sociedad”.
Eso se llama barbarie.
LA MECHA QUE ENCENDIÓ LA LLAMA
A las siete de la mañana del domingo 19 de junio, los agentes de la Policía Federal recibieron la orden de desbloquear la carretera a Nochixtlán, donde los maestros mantenían un plantón. La operación fue limpia. Hubo un diálogo con los inconformes y estos accedieron a permitir la circulación sin que hubiera violencia.
Los policías se quedaron en la zona para impedir que nuevamente la vialidad fuera tomada. Los maestros se dispersaron, aunque no se fueron. Pero como a las 10:00 a. m. una horda de encapuchados, armados con palos, cohetones y armas, hicieron acto de presencia. Eran muchos, algunos calculan cientos. El comisionado de la PF, Enrique Galindo, aseguró que eran 2000.
Se escucharon tiros, dicen que de rifles de asalto AK-47, y el sonido de los cohetones. Las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a repicar. Los agentes retrocedieron ya que, aseguran, no iban armados y sólo llevaban consigo el equipo antimotín: escudo, casco, piernera y rodilleras. Ni siquiera toletes.
Los violentos lanzaron botellas de refresco con gasolina y trapos. Prendieron fuego a un tráiler que transportaba pollos vivos y también a un autobús. Los maestros se unieron a la turba. Aventaban piedras y también bombas molotov.
La CNTE asegura que los disparos fueron de la PF. Desmienten que hayan sido ellos. Incluso manifestaron que infiltrados fueron quienes iniciaron la agresión. Lo cierto es que el enfrentamiento se prolongó hasta después de las 15:00 horas. Los uniformados optaron por retirarse hacia la capital del estado.
Otro convoy de la PF pretendía avanzar por la autopista Oaxaca-México, a la altura de San Pablo Huitzo, con la finalidad de llegar a Nochixtlán para ayudar a sus compañeros. Pobladores de Huitzo y Telixtlahuaca levantaron una barricada y se produjo un nuevo enfrentamiento. La presencia de helicópteros logró que los manifestantes se dispersaran.
Cerca de las 17:00 horas, los policías federales y estatales comenzaron a avanzar hacia la carretera federal 190 Oaxaca-México con la intención de retirar las barricadas. Profesores y padres de familia resistieron el gas lacrimógeno que lanzaron los agentes. Encapuchados incendiaron las instalaciones de la delegación estatal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
Al final, el saldo fue de ocho muertos, 108 heridos (entre policías y civiles) y 23 detenidos, que fueron liberados tres días después.
¿TÁCTICAS GUERRILLERAS?
Después de estos hechos, un sector radical de la CNTE asegura que no hay más opción que la lucha violenta.
Se trata de gente instruida por integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), originario de Perú, que sirve de fachada al grupo guerrillero Sendero Luminoso. Además, se dice que algunos maestros disidentes tomaron cursos político-militares en Venezuela.
También en la CNTE hay presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y hasta del EZLN.
Incluso, ha trascendido que más allá de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretarios general y de organización de la Sección 22 de la CNTE, ambos presos, los verdaderos mandamás son Rogelio Vargas Garfias, líder de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), quien fue adiestrado por el EPR, y Germán Mendoza Nube, exdirigente del Frente Popular Revolucionario, encargados de capacitar grupos de choque.
Para ellos, los maestros son su escudo y su verdadero objetivo no es derogar la reforma educativa, sino al Estado mismo. El conflicto, visto desde esta perspectiva, ya trascendió lo magisterial y su trasfondo es político.
Así, el gobierno federal se encuentra entre la espada y la pared. La opinión pública está del lado de las “víctimas” y exige el “cese a la represión” contra los maestros. Y aunque en un principio dijo que no cedería a chantajes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aceptó un diálogo con la disidencia magisterial. Un diálogo, advirtió el funcionario, para evitar nuevos bloqueos. Para derogar la reforma educativa, dice la CNTE, y para exigir la renuncia del titular de la SEP, Aurelio Nuño.
Las consecuencias de lo ocurrido en Nochixtlán son todavía imprevisibles. Algunos dicen que es el San Salvador Atenco de Peña Nieto. Pero nadie puede negar que entre los damnificados está el hoy precisamente Nuño Mayer y sus aspiraciones presidenciales.
Habrán nuevos encuentros entre las partes para presentar una agenda de trabajo que permita destrabar el conflicto, o por lo menos esa es la intención. El gobierno federal no puede, no debe negociar la aplicación de la ley, ni poner como moneda de cambio la reforma educativa, mucho menos la libertad de expresión.
El periodismo no se doblega ante las amenazas ni exigencias de nadie. Tiene que hablar por sí solo, por los hechos, con la verdad, pero no con una verdad secuestrada. No podemos permitir que en el país se imponga la barbarie.