El informe sobre el ‘Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, entregado ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa apunta hacia una nueva línea de investigación: que el hecho de que los normalistas llegaran a la central camionera a tomar los autobuses fue interpretado por el grupo Guerreros Unidos como una provocación por que “se metieron en su territorio”.
“El modo de operar (de Guerreros Unidos) en contra de sus enemigos, al parecer atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que generen desmanes en su territorio y que calienten la plaza”, dijo Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR a 20 meses de lo ocurrido en Iguala.
La PGR explicó que el reporte contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, las cuales han estado “encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes”.
Según la información, la forma en la que Guerreros Unidos actúa normalmente y toma venganza, es a través de la violencia, la tortura, el secuestro, la muerte y la incineración.
“Los alumnos de Ayotzinapa arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución, situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran, para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”, indicó Betanzos Torres.
850 insuficientes acciones de búsqueda
El informe menciona que hasta el momento la PGR ha detenido a 130 policías municipales en Iguala y Cocula, ha detenido a 168 personas por delincuencia organizada, ha realizado 1651 acciones periciales y 850 acciones de búsqueda. Pero el caso sigue sin resolverse.
Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), pide al gobierno mexicano aceptar y brindar el apoyo necesario al mecanismo de seguimiento de la investigación, con el fin de garantizar la implementación de las recomendaciones del grupo de expertos sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
“Tenemos indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación. A pesar de eso, seguimos sin tener constancia de que se hayan enjuiciado a los presuntos culpables y se siguen usando declaraciones obtenidas bajo tortura como testimonios clave”, dijo Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT, a través de un comunicado.
“Entre los hallazgos del estudio (del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), basado en la documentación disponible en el expediente, los expertos y expertas concluyen que en todos los casos aparecen numerosas lesiones después del ingreso de las personas detenidas a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) según el caso”, añade la publicación.