Yecenia Armenta Gracián, una mujer que fue torturada y violada por policías de Sinaloa para que aceptara haber asesinado a su propio esposo, fue exonerada esta mañana por el Juzgado Quinto Penal.
En la sentencia absolutoria del Juez Juan Luis Quiñones Beltrán, se señaló que la investigación del Ministerio Público existen irregularidades que son violatorias al debido proceso, entre ello su declaración que fue obtenida bajo tortura.
En la sentencia, el Juez indicó que la única prueba en contra de Armenta Graciano es su declaración ministerial, pero que al haber sido obtenida con tortura, esta quedó inválida.
Armenta Graciano fue recluida en el penal de de Culiacán desde el 12 de julio del 2012, 10 días después del asesinato de su esposo, pero ella y su defensa alegaron que fue expuesta a varios métodos de tortura.
“Fue golpeada, casi asfixiada y violada durante 15 horas de tortura hasta que fue forzada a ‘confesar’ su participación en el asesinato de su esposo”, dijo Amnistía Internacional este día en un comunicado de prensa.
“La increíble crueldad de la tortura que sufrió Yecenia es parte de las actividades diarias de las policías mexicanas, quienes rutinariamente presentan evidencias ilegales en investigaciones penales en todo el país”, dijo por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, citada en el parte.
Según la ONG, quienes maltrataron a Yecenia provienen de la misma institución que presentó la acusación en su contra, y los actos de tortura fueron fueron documentados por expertos nacionales e internacionales.
“El hecho de que ninguno de los torturadores de Yecenia hayan pisado la cárcel demuestra la falta de independencia de las autoridades en este caso. Los perpetradores de estos actos despreciables deben ser llevados ante la justicia y Yecenia debe recibir reparación por el daño”, añadió Guevara Rosas.
La acusación la tomó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que lo comprobó con exámenes hechos bajo el Protocolo de Estambul, por lo que emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia, instancia que al mismo tiempo la rechazó.
El caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en enero del 2015 solicitó al Gobierno del Estado, con otra recomendación, que acatara lo dicho por la CEDH.
Al mismo tiempo, el Juzgado Tercero de Distrito se pronunció con un amparo, al detallar cada una de las violaciones a los derechos de Armenta Graciano, exigiendo, además, que se castigara a la Unidad de la Policía Ministerial que la torturó.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa sostuvo su posicionamiento e impugnó el amparo, el cual, a la fecha, sigue en revisión por la Suprema Corte de Justicia.
A partir de esa serie de negaciones, organizaciones civiles como el Centro ProDH y Amnistía Internacional realizaron una campaña de exigencia a las autoridades de Sinaloa para que desistiera de la declaración ministerial como prueba, pero no se tuvo respuesta de la Fiscalía local.
Hoy Yecenia Armenta Graciano salió libre, después de cuatro años, y aunque la PGJE podrá impugnar, ya no podrá presentar las mismas pruebas que la llevaron a prisión en 2012 ante los juzgados.
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Publicado en cooperación con Noroeste