Agustín Miranda Orozco y Roberto
Sánchez Ramírez, internos del módulo de alta seguridad “Diamante” del penal de
Santa Martha Acatitla, fueron trasladados al Reclusorio Oriente para acudir a
sendas audiencias. Ahí pidieron permiso para ir al baño y fueron… pero al de
su casa, luego de que se fugaron por una rejilla, con la complicidad de
personal de los juzgados.
El primero, de 46 años, tiene una
sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo
calificado, robo de auto, evasión de preso en marzo de 1997 y secuestro.
Ingresó en el penal de Santa Martha el 28 de octubre de 2011.
Mientras, Sánchez Ramírez, de 50 años,
compurgaba una condena de 114 años, nueve meses y un día por los delitos de
asociación delictuosa, robo calificado, secuestro y portación de arma de fuego.
Con esta suma ya cuatro fugas de diversos centros penitenciarios de la capital
del país.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes
30 de mayo. El juez 60 de lo penal solicitó la comparecencia “en calidad de
urgente” de Agustín Miranda, mientras que en el juzgado 25 se pidió la
presencia de Roberto Sánchez para realizarle una entrevista. Hechos inusuales
si se toma en cuenta que ambos tenían una sentencia firme.
Alrededor de las 17:40 horas, los reos
fueron ingresados en el túnel que conduce a los juzgados. De última hora, se
determinó que la audiencia se realizaría en el juzgado 20. Esta orden provocó
“confusión” entre los custodios, quienes violaron todos los protocolos de
seguridad y por varios minutos dejaron solos a los reos, sin esposas y juntos.
Acto seguido, cortaron las rejas (cinco
barras de acero que los separaban de otros juzgados); rompieron una pared de
tablarroca, y el cristal de una ventana del juzgado. Luego, se cambiaron de
ropa (se desconoce su procedencia o quién se las dejó en medio del pasillo de
vigilancia), y caminaron hasta el estacionamiento del penal, donde ya los
esperaba un automóvil en el que completaron la huida.
Todo esto les tomó aproximadamente 20
minutos, sin que nadie, ni un alma, detectara algún ruido extraño. Los
interrogados dijeron que debido a la construcción de nuevos edificios había
ruido de maquinaria pesada que “cubrió” los martillazos. Lo más extraño es que
tampoco nadie preguntó por ellos o se percató de su ausencia.
La secretaria de Gobierno de la Ciudad
de México, Patricia Mercado, hizo un gran descubrimiento: que en esta fuga
existe una “cadena de irregularidades” que abarca a personal del Reclusorio
Oriente y de juzgados.
La procuraduría capitalina inició una
investigación contra los dos custodios involucrados (Juan Casados Gutiérrez y
Jesús Peña Cid) y amplió las pesquisas a diez elementos de seguridad del
sistema penitenciario, empleados del área de archivo del juzgado 20 y advirtió
que podría extenderlas a los juzgados 60 y 25 de lo penal, donde se pidió la
comparecencia de los internos, así como del Tribunal Superior de Justicia.
Todo huele mal, muy mal, a podrido, a
corrupción.
SI SABEN QUE ME FUGO PA’ QUÉ ME LLEVAN
Roberto Sánchez Ramírez es apodado el
“Fugas” y algo debió decirles este sobrenombre a las autoridades
penitenciarias. En 1991, huyó del Reclusorio Norte; siete años después, en
1998, del Oriente, y un año más tarde, del Sur. Lo hizo disfrazado de mujer.
Los vestidos, pelucas y maquillaje le
eran proporcionados por su hermana Josefina, pero lo que en realidad permitió
esas evasiones fueron los sobornos a custodios y supervisores de aduanas.
Fue así como Sánchez Ramírez le
arrebató a Joaquín el “Chapo” Guzmán el récord de evasiones de algún penal
y se colocó entre los diez delincuentes más peligrosos y buscados por las
autoridades capitalinas.
El “Fugas” era el segundo al mando
en la banda de secuestradores Los Ponchos, cuyo líder original era Alfonso
Sánchez Enríquez, padre de Alfonso, Josefina, Concepción y del propio Roberto.
Los cuatro participaban en las actividades delictivas.
En 2004, la Procuraduría General de la
República (PGR) informó el desmantelamiento “total” de Los Ponchos, que en ese
entonces era dirigida por Roberto y su hermano Alfonso, desde los penales de
máxima seguridad de La Palma y Puente Grande.
Desde su última detención y traslado a
Santa Martha, el “Fugas” daba instrucciones a su hermana Josefina y a dos
cómplices: María del Carmen Jiménez Padilla, la “Güera”, y Mauricio Paz
Díaz o José Mauricio Pac Díaz, sobre cómo ejecutar los secuestros, cuando iban
a visitarlo al módulo Diamante.
De hecho, Josefina fue detenida hasta
el 6 de junio de 2012 en una casa de seguridad de Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, donde agentes federales rescataron a un secuestrado.
La organización criminal fue
responsable de seis secuestros entre 1998 y 2012, investigados por la PGR.
Mientras que la procuraduría capitalina la relacionó con otros tres entre 2000
y 2013.
Como modus operandi, Los Ponchos solían
mutilar a sus víctimas y enviar el miembro a los familiares en sobres. Eso
hicieron con un empresario textil en junio de 2003: le cortaron el dedo meñique
para presionar la entrega de los 10 millones de pesos que exigían como rescate.
Y si bien el “Fugas” ha
establecido un récord difícil de romper, no ha sido el único fugado, lo que
demuestra la vulnerabilidad del sistema penitenciario mexicano.
CRIMINALITOS EN FUGA
En el recuento de los casos más
escandalosos de evasiones de penales federales y estatales del país, destaca el
ocurrido el 17 de diciembre de 2010 cuando un grupo de 141 reos escaparon del
Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Eran 83 del fuero común y 58 del fuero
federal. La PGR ejerció acción penal contra 41 trabajadores de la prisión y el
director de penales en Tamaulipas, Horacio Sepúlveda Acosta, fue cesado del
cargo.
Otros más recientes corresponden al de
Hilario Montaño Montes, de 45 años de edad, quien el 3 de enero de 2015 se fugó
con otros tres presos del penal de Atlachoaloaya, en Morelos, pero fue
recapturado el mismo día en el municipio de Jojutla, cuando llegaba a la casa
de un familiar. Días después fue asesinado por el autogobierno que controla ese
penal.
El 29 de mayo de 2014, tres reclusos de
alta peligrosidad huyeron del penal de Culiacán, Sinaloa, a través de un túnel
subterráneo de al menos 100 metros de longitud.
Del penal municipal de Ciudad Delicias,
Chihuahua, cinco reos de alta peligrosidad se fugaron el 16 de agosto de 2014.
Lo hicieron fuertemente armados, luego de intercambiar disparos con los
custodios.
Y lea este caso con detenimiento. En un
caso similar al del “Fugas”, el 11 de agosto de 2014 se evadieron siete
reos de la cárcel de Santa Martha Acatitla. La procuraduría capitalina ejerció
acción penal y solicitó órdenes de aprehensión contra cuatro custodios y dos
empleados del Tribunal Superior de Justicia, por su presunta responsabilidad.
Para evitar futuros casos, el
subsecretario del Sistema Penitenciario local, Hazael Ruiz Ortega, propuso
utilizar videoconferencias para realizar las audiencias en el interior de los
centros penitenciarios, especialmente con los internos que representan mayor
riesgo social e institucional.
Incluso, dijo que las Salas de
Telepresencia para realizar estas videoconferencias ya están habilitadas en los
Reclusorios Preventivos Varoniles Norte, Oriente y Sur, así como en el Centro
Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, y sólo se necesita que el
Tribunal Superior de Justicia comience a programar las diligencias.
Esto reduciría significativamente el
número de traslados, los riesgos de evasión, de accidentes o de ataques. Otra
opción es que los jueces se trasladen a los reclusorios para que los reos de
alta peligrosidad no sean llevados a juzgados.
Más allá de estas posibilidades, lo que
se requiere cortar de tajo es la corrupción. Sólo con ella es posible que se
construyan túneles; que nadie escuche el ruido que producen esas obras; que
custodios y personal de vigilancia no se percaten de la ausencia de los reos, y
que fuera de los penales existan vehículos para el traslado de los evadidos. Todo
sin que nadie escuche o vea absolutamente nada. Mientras esto no se combata,
los internos seguirán vestidos para escapar y harán que sus sueños de fuga se
hagan realidad.