Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que México tiene en parte
responsabilidad de la crisis financiera por la que atraviesa este organismo
autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Álvarez Icaza explicó en entrevista con el diario Reforma que
México dejó de pagar sus cuotas a la CIDH para pagar la asistencia del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó en la investigación del
caso Ayotzinapa.
“México puede decir, ‘pues dimos más’. Sí, le dieron al
GIEI para trabajar una asistencia técnica solicitada por México, pero no le
dieron a la CIDH”, explicó el secretario de la CIDH.
Icaza, de nacionalidad mexicana, explicó que en 2014, México
le dio a la CIDH medio millón de dólares, en 2015, le dio al GIEI un millón 250
mil, y este año le dio 750 mil pesos.
“De los 2 millones que le dio al GIEI, no fueron recursos
para la Comisión, o sea, la Comisión dejó de recibir medio millón de
dólares”, indicó.
El día de ayer, James Cavallaro, presidente de la CIDH,
informó que las arcas del principal organismo autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) están “absolutamente vacías”.
Posteriormente la CIDH difundió un comunicado en el que detalló
que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40 por ciento del personal
“y no se cuenta en estos momentos con los fondos, ni con la expectativa de
recibir fondos, para poder renovarlos”.
Al respecto, Álvarez Icaza dijo a Reforma que México era el
principal donante latinoamericano de la CIDH, sin embargo, en 2015 y 2016
cambió el objeto y el destino de su colaboración, ya que en lugar de aportar al
plan estratégico de la Comisión, para que ésta decidiera cómo ejercerlo, aportó
al GIEI.
“Esto pone una distancia entre México y los países de
la región que tienen una narrativa muy agresiva, muy fuerte, en materia de
derechos humanos, pero tienen una chequera muy pasiva y una contribución muy
débil. Entonces, al final del día, es ir generando una condición de que la justicia
internacional se debilita”, comentó.
La CIDH explicó ayer que necesita recibir fondos, o al menos
compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio.
Por otra parte, dijo que más allá de la actual crisis
financiera, la Comisión Interamericana sufre una situación estructural y sistémica
de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver.
“Existe una profunda discrepancia entre el mandato que los
Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han
asignado a la CIDH, y los recursos financieros que le otorgan”, dijo.
Explicó que el presupuesto regular de la CIDH para el año en
curso no alcanza los 5 millones de dólares e indicó que el personal financiado
por el fondo regular de la OEA totaliza 31 personas, es decir, tiene menos
funcionarios/as que países bajo su jurisdicción.
Detalló que los otros 47 funcionarios están financiados con
donaciones, las cuales presentan problemas de inestabilidad e imprevisibilidad,
tal como lo demuestra la crisis actual.