El SAT investiga 263 casos ligados a los Panama Papers

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este día que investiga
263 casos sobre inversionistas mexicanos con recursos depositados en paraísos
fiscales y cuyos nombres aparecen en los archivos de los Panama Papers.

“La revelación de los Panama Papers nos indica que
hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT ya identificó a 154 con el Registro
Federal de Contribuyentes”, explicó esta mañana en entrevista para Grupo
Fórmula el director del SAT, Aristóteles Núñez.

El titular del SAT dijo que de las personas que ya están
siendo investigadas, “puedo adelantar que de los 10 que en su momento se
giraron cartas invitación, con corte a ese reporte que se hizo al 5 de mayo,
uno no la atendió y nueve sí atendieron, por lo que la autoridad tendrá que iniciar el servicio de
facultades; en el caso de los nueve, hay contribuyentes que han acreditado el
pago de los impuestos”.

Núñez dijo que hay otros casos en los que ya presentaron
declaraciones complementarias, eso significa, dijo, que se están
autocorrigiendo y que van a pagar impuestos derivado de esas autocorrecciones o
esas declaraciones complementarias.

Explicó que hay otros inversionistas que acreditaron no
tener residencia en México en los años en los que se reveló la operación. “Eso
indica que pagaron en otro país los impuestos al no ser residentes en México
ese año”, dijo.

A inicios de mayo, el SAT ratificó su posición de revisar a
cada uno de los contribuyentes con obligaciones fiscales en México referidos en
una segunda revelación hecha la semana pasada en los llamados “Papeles de
Panamá”.

El organismo reiteró que actuará conforme a derecho respecto
a las personas y empresas que han usado estructuras o empresas constituidas en
países de baja imposición fiscal, cuyos nombres fueron revelados este lunes.

El SAT señaló que al igual que con la información dada a
conocer previamente, se revisará cada caso incluido en esta segunda revelación.

Ello, agregó, para valorar si dentro de las bases de datos
institucionales y la que se obtenga por el intercambio de información con otros
países, existen elementos objetivos que configuren la comisión de actos de
evasión fiscal, y de ser procedente, iniciar el ejercicio de las facultades de
ley.