El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la
liberación de los elementos castrenses Fernando Quintero Millán, Roberto
Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, al absolverlos de los delitos de
Homicidio, Encubrimiento y Modificación Ilícita de vestigio del hecho
delictivo, por los sucesos ocurridos el 30 de junio del 2014, en el municipio
de Tlatlaya, en el Estado de México, cuando 22 personas fueron presuntamente ejecutadas
por militares, informó este fin de semana la Procuraduría General de la República
(PGR).
La liberación de estos otros tres militares implica que
todos los miembros del Ejército relacionados con el caso se encuentran ya fuera
de prisión.
La PGR informó que la resolución judicia, desestimó los
elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para
demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández
Leónides.
“Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de
la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público
de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes
para procesar a los tres elementos militares”, refirió la dependencia en un
comunicado de prensa.
Posteriormente, en un segundo comunicado, la PGR dijo que aportará pruebas que acrediten
la responsabilidad de los implicados, para que éstos sean reaprehendidos y
formalmente procesados.
Dijo que si bien dicha resolución judicial no es impugnable
por parte del Ministerio Público de la Federación, el Magistrado estableció, en
las páginas 216 y 217 de la misma, que el auto de libertad fue dictado “sin
perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente
suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de
formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de
referencia”.
En esos términos, la PGR dijo que solicitará el expediente
del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para
aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos
cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes.
Tras darse a conocer el fallo de la autoridad judicial, el
Centro Prodh dijo
que la liberación de los tres militares implicados en la ejecución de 22
personas prueba la impunidad que rodea el Ejército y la Marina y revela las
fallas del sistema judicial.
“El Ejército y la Marina conforman hoy un poder ajeno a la
rendición de cuentas y ajeno al respeto a los derechos humanos. (…) Hoy el
Poder Judicial de la federación ha contribuido a que haya ejecuciones
extrajudiciales”, declaró a la agencia española Efe el subdirector de ese
organismo civil, Santiago Aguirre.
Aguirre dijo que este veredicto “confirma que en México las
instancias de impartición de justicia no garantizan a las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos que los hechos sean esclarecidos y los
responsables sancionados”.
La resolución también fue criticada por Human Rights Watch,
organización que ve “encubrimiento” en la libertad de los acusados.
“Ante la evidencia bien documentada de que soldados
ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado
por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de
encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes
desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales”,
dijo a la AFP José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un
breve correo electrónico.
La madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una
comunidad rural del Estado de México, murieron 22 presuntos delincuentes y un
uniformado -de los ocho que participaron en el operativo- quedó herido, según
informó el Ejército en un primero momento.
Sin embargo, meses
después, una superviviente y testigo clave -Clara Gómez- aseguró que muchos de
esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a
sangre fría a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México.
En 2014, la fiscalía general acusó a los militares de haber
matado extrajudicialmente a ocho de los civiles, usando incluso las armas de
los delincuentes muertos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
concluyó que fueron entre 12 y 15 ejecuciones extrajudiciales y que hubo una
alteración del lugar de los hechos para simular que todas las personas habían
muerto en el enfrentamiento.
Ese mismo año fueron detenidos ocho militares, incluido un
oficial, pero uno quedó en libertad poco después al demostrarse que no llegó a
entrar en la bodega.
En octubre pasado, un juez ordenó exonerar a cuatro de los
militares implicados en la matanza alegando que la Fiscalía no fue clara el
explicar los hechos por los que se les acusaba.