El Senado de Brasil ya prepara toda su maquinaria política para que este miércoles se pueda suspender por hasta seis meses a la presidenta Dilma Rousseff para someterla a un juicio político, luego de una jornada surrealista en el Congreso que no logró frenar el proceso de impeachment contra la mandataria brasileña.
Las intempestivas marchas y contramarchas de aliados y enemigos de Rousseff en la víspera dejaron al país estupefacto: en la madrugada del martes el jefe interino de Diputados dio marcha atrás en su decisión de anular la votación en la que 367 de sus colegas decidieron en abril por abrumadora mayoría aprobar un juicio para destituir a la presidenta.
Horas antes, el jefe del Senado, Renán Calheiros, ya había anunciado que ignoraría la sorpresiva anulación y mantendría el plan de votación para este miércoles, cuando el pleno del Senado decidirá si somete o no a juicio político a la primera mujer en presidir Brasil y la suspende del cargo por 180 días.
Calheiros dijo que la votación comenzará a las 09:00 horas (12:00 GMT) del miércoles y quiere terminarla el mismo día, aunque en teoría, el proceso podría durar más de 20 horas.
Rousseff, que es acusada de cometer un “crimen de responsabilidad” por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales, sería notificada el jueves sobre la decisión que el Senado tome sobre su futuro político.
La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en 2011 y debe concluir su mandato a fines de 2018, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales, por lo que que no cometió ningún delito y señala que es víctima de un “golpe parlamentario” por parte de sus detractores brasileños.
De acuerdo a sondeos y analistas brasileños, en el Senado ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político a Rousseff, una medida que la apartaría de la presidencia por hasta seis meses, mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva.
La legislación amazónica señala que son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.
Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato en 2018.
“Mañas y artimañas”
La presidenta, que ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y cuenta con apenas un 10 por ciento de popularidad, denuncia incansablemente un “golpe” en su contra en cada aparición pública que realiza.
“Precisamos defender la democracia, luchar contra el golpe, luchar contra todo ese proceso extremadamente irregular”, insistió Rousseff el lunes, tras enterarse de que Waldir Maranhao, el jefe interino de Diputados, había anulado la votación de abril sobre su impeachmeant.
“Tengan cautela, vivimos una coyuntura de mañas y artimañas”, afirmó la presidenta, mientras pequeñas manifestaciones a favor y en contra del impeachment se convocaron en el centro financiero de Sao Paulo, donde las opiniones fueron divididas.
“Ni la Cámara de Diputados ni el Senado tienen condiciones de juzgar a Dilma”, dijo Salvia Correia, una profesora de 60 años que tiene aún esperanzas de que la justicia “detenga” el proceso.
“No hay otro camino que la salida de Rousseff del poder”, lanzó cerca de allí un opositor, Victor Pereira, de 39 años.
Maranhao -que votó contra el impeachment de Rousseff en abril- asumió interinamente la jefatura de la cámara baja la semana pasada, cuando reemplazó a Eduardo Cunha, cerebro detrás del juicio político de Rousseff.
Cunha fue suspendido de su mandato por la Corte Suprema por intentar obstruir las investigaciones en el escándalo de corrupción de Petrobras, en el que está involucrado.
A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2 000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.