Estamos a unos cuantos días de que se venza el plazo para
la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y todavía es hora de que
nuestros legisladores no tienen listas sus leyes reglamentarias. Es una
insensibilidad tremenda de la clase política, pues el alto a la impunidad y al
enriquecimiento de funcionarios, políticos y empresarios coludidos con el
sistema es uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana.
Y le escribo lo de la insensibilidad no porque el sistema
sea una solución mágica para el problema, sino porque se trata quizá del mayor
esfuerzo estructural que se ha emprendido en la época reciente para contener el
tema; aunque, bueno, según parece, se quedará buen rato en la congeladora
legislativa. Así es la simulación, no permite que las cosas trasciendan más allá
del papel. Ojalá que no estemos ante ello.
El daño que la corrupción y la impunidad provocan es
sumamente expansivo, pues no se limita sólo a los recursos públicos que se
desvían y no llegan a los destinatarios, sino que los costos de oportunidad
implícitos extrapolan el impacto por todo lo que ya no se hará y el desarrollo
que de allí se desprendería, a raíz del dinero que ya no llegó a su destino. Por
ello la corrupción frena y atenta contra el desarrollo social y el crecimiento
económico del país.
Asimismo, el hecho de que exista absoluta impunidad ante
los múltiples actos de corrupción que salen a la luz pública fortalece no sólo
la percepción, sino la certeza de que el Estado de derecho es endeble y
vulnerable en nuestro país. Sobra decir que tal apreciación es alto dañina para
la competitividad del país y, por ende, para la productividad de las empresas y
del mercado interno en general.
La corrupción es un gran desafío para nuestra democracia;
y una causa que, de manera indirecta, fomenta otros de los principales males
que como sociedad tenemos, tal es el caso de la inseguridad y la violencia, la
pobrísima calidad educativa, la precaria seguridad social; o la escasa
confianza ciudadana sobre el desempeño de las instituciones, entre otros. Vaya,
por donde se analice, los daños para el desarrollo económico, político y social
del país son evidentes.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, sólo en
2014, México perdió 1100 millones de dólares en inversiones debido a la
corrupción; al tipo de cambio actual son más de 18,000 millones de pesos. ¿Se
imagina todo el desarrollo que se puede detonar con ese monto, todos los
beneficios que se podrían hacer llegar a los más necesitados? Es sólo un botón
de muestra de los múltiples costos y enfoques que posee el problema. Son los
costos de oportunidad que le escribía.
El propio FMI y algunas otras instituciones nacionales e
internacionales, estiman que la corrupción nos cuesta lo equivalente a 9 por
ciento del PIB nacional, algo así como 1.6 millones de millones de pesos. Para
darle contraste, es una cifra: tres veces superior a la economía del estado de
Chihuahua; más alta que la producción del estado de Nuevo León; y equivalente
al tamaño de la economía del Estado de México. Si nos ponemos pragmáticos, con
el dinero que se mueve a partir de la corrupción, alcanza para conformar un
pequeño país o un nuevo sector muy importante dentro de la economía mexicana;
es demasiado dinero, y por eso no se acaba.
Ya veremos pronto si nuestros legisladores sacan la chamba
o si continúan jugando a responsabilidad democrática. Y claro, de ser así, ya
veremos luego si este sistema nacional rinde frutos significativos para todos,
o sólo para los funcionarios que lo encabecen. Ya ve que luego sucede cada
pifia.
Amable lector, recuerde que aquí le proporcionamos una
alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado le corresponde a usted.