Los
hombres armados que irrumpieron en la casa de la líder indígena hondureña Berta
Cáceres el pasado 3 de marzo tenían un plan simple: encontrar a la defensora de
derechos humanos, asesinarla e irse.
Lo que no esperaban es que Gustavo Castro, otro defensor de derechos
humanos que trabaja con Friends of the Earth México y amigo cercado de Berta,
estaría en la habitación contigua.
“Estaba trabajando en una presentación cuando escuché un ruido muy
fuerte,” dijo Gustavo que ahora está en México. “Pensé que se había caído algo,
pero cuando Berta gritó: ‘¿Quién anda ahí?’, supe que se trataba de lo peor,
que era el final.”
Cuando lo escucharon, uno de los hombres armados corrió hacia la
habitación donde estaba Gustavo. Apuntó el arma a su cara, disparó y huyó.
“Todo pasó tan rápido que ni tuve tiempo de pensar,” dijo Gustavo.
“Cuando llegó el sicario con su arma atiné a taparme la cara con las manos. El
sicario se paró a tres metros de mí. Cuando salió la bala apenas me moví y el
disparo me pasó por el oído. El sicario pensó que me había matado. Sobreviví de
milagro.”
Cuando los sicarios se fueron, Gustavo fue rápidamente a la habitación
de Berta. Ella estaba en el piso, sangrando profusamente, apenas podía hablar
pero lo llamaba.
“Me sentí indefenso, no había nadie alrededor a quién pedir ayuda,”
dijo Gustavo. “Intenté auxiliarla, animarla. Le dije que no se fuera y llamaba
en el celular al mismo tiempo pero todo pasó muy rápido.”
Berta murió poco después de la medianoche el 3 de marzo, minutos
después que le dispararan. Su asesinato arroja luz sobre los riesgos que
enfrentan miles de personas que trabajan para defender los derechos humanos y
el medioambiente en Honduras. Según información de la organización Global
Witness, Honduras es el país más peligroso y letal del mundo para activistas de
medio ambiente –109 fueron asesinados entre 2010 y 2015.
La líder y co-fundadora del Comité Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres pasó décadas hacienda campaña
en contra de proyectos que amenazaban los derechos de comunidades locales.
Más recientemente, fue una de las voces más contundentes al oponerse a
la construcción de la represa Agua Zarca en Río Blanco. La represa amenaza el
caudal del río Gualcarque, que es sagrado para la comunidad indígena Lenca y
les provee de comida y agua potable. COPINH asegura que, si se construye,
forzaría a la comunidad a mudarse porque la vida en el área sería virtualmente
imposible.
Berta lideró la campaña contra la represa, quejándose de que la
comunidad nunca fue consultada efectivamente sobre el proyecto. Ayudó a la
comunidad a organizar protestas pacíficas, presentar denuncias y decirle al
mundo lo que estaba pasando.
Pero su fuerte y pacifico activismo no caía bien a las autoridades ni
tampoco a aquellos con intereses en el proyecto. Quienes se oponían a éste
denunciaron haber sido intimidados y amenazados de muerte. Las autoridades no
les ofrecieron protección efectiva.
‘Un desastre anunciado’
Gustavo
llegó a La Esperanza un día antes del asesinato de Berta. Iba a participar de
un encuentro con líderes y miembros de comunidades locales para discutir
alternativas a los proyectos hidroeléctricos en el área.
“Tuvimos una reflexión muy rica con unos 80 miembros de comunidades
locales,” dijo. “Nuestra idea es
resistir pero también buscar alternativas. El sueño es construir otros mundos
posibles, dar vida en medio de tanta violencia y tanta muerte pero ya ni eso
nos dejan.”
Después de la reunión, Berta le sugirió a Gustavo que se quedara con
ella esa noche porque su casa tenía mejor conexión de Internet que donde él
estaba. Cenaron con la mamá de Berta y tuvieron oportunidad de ponerse al día
sobre el trabajo que los dos venían realizando y las muchas amenazas de muerte
que Berta había recibido en las semanas anteriores.
“Estaba cantado, a Berta la iban a asesinar en algún momento,” dijo
Gustavo.
Comieron arroz y frijoles, hablaron, debatieron. Luego Berta sugirió
que fueran a casa. Era tarde y no estaban en un área donde se pueda andar
cuando baja el sol.
Gustavo recuerda que al llegar a la casa de Berta le dijo que el lugar
no era seguro. La casa es pequeña, de tres habitaciones y rodeada solo por una
reja de metal como única protección contra intrusos. Pero Berta intentó
tranquilizarlo. Le dijo que no siempre se quedaba ahí.
Gustavo fumó un par de cigarrillos afuera mientras hablaron, antes que
cada uno se fuera para su habitación, emocionados por los planes del día
siguiente.
Pero la tragedia llegó esa noche, cobrando la vida de una defensora de
los derechos humanos y oscureciendo la esperanza de las comunidades que habían
estado luchando por sus derechos.
Gustavo dice que el asesinato de Berta fue un desastre anunciado. La
describe como la más reciente víctima de un país que no hace nada para proteger
a aquellas personas que se atreven a enfrentar a los poderosos.
‘Me siento como una ficha de intercambio’
El
brutal asesinato de su amiga fue sólo el comienzo de su terrible experiencia.
Las autoridades de Honduras no le ofrecieron protección adecuada, a
pesar del peligro que enfrentaba como el único testigo del asesinato de Berta y
de haber apenas escapado de correr la misma suerte.
En lugar de eso, tuvo que visitar numerosos ministerios y cortes,
contar su historia una y otra vez. Le impidieron salir del país por un mes y
efectivamente lo trataron como sospechoso.
“Después de un mes, la jueza a cargo suspendió a mi abogada. Violaron
todos mis derechos. Tenía mucho temor todos los días. Pensaba que en cualquier
momento podía pasarme algo. Me sentía como una ficha de intercambio.”
Ya han pasado casi dos meses desde el asesinado de Berta, pero las
autoridades han hecho muy poco para encontrar a los responsables o establecer
medidas para proteger de manera efectiva a las personas que defienden los
derechos humanos que están en riesgo como ella, aquellas personas que están al
frente de una lucha desigual.
El lunes pasado, las autoridades hondureñas arrestaron a cuatro
hombres en relación con el asesinato de Berta —uno de ellos tiene vínculos con
la compañía a cargo de la construcción de la represa. Los cuatro serán llevados
ante un juez el próximolunes.
Ni el abogado de Berta ni su familia habían sido informados de los
arrestos y denunciaron a las autoridades por la falta de transparencia en las
investigaciones hasta la fecha.
Muchos sospechan que Berta fue asesinada porque protagonizaba una
lucha contra la represa. El proyecto Agua Zarca publicó una declaración negando
cualquier tipo de relación con el crimen. Las autoridades enfocaron sus
investigaciones en miembros de la organización de Berta. Sólo un mes después de
su asesinato, las autoridades anunciaron que habían realizado un allanamiento
en las oficinas de DESA, el cual tuvo lugar diez días después del crimen, y
tomaron testimonio de los empleados de la empresa.
Gustavo dice que la solución se encuentra en generar mecanismos que
“garanticen justicia” y “protejan a los defensores de derechos humanos y los
mejores intereses de la población en Honduras”, independientemente de cualquier
interés económico.
Y
recuerda una de las frases preferidas de Berta: “Nos tienen miedo porque no les
tenemos miedo.”