A los legisladores les
importó poco que entre esas iniciativas se encontrara la denominada Ley 3 de 3,
solicitud planteada por miles de ciudadanos.
De manera histórica,
organizaciones civiles y ciudadanos lograron recabar 634 mil firmas (cinco
veces más de lo establecido por ley), avaladas por el INE, con lo que
pretendían obligar a que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones
patrimonial, de impuestos y de conflictos de interés.
El coordinador del PRI,
Emilio Gamboa, reconoció que no hay condiciones para votar las siete leyes que
exige la Oposición y que contemplan la creación de la Fiscalía Anticorrupción
antes del sábado 30 de abril, cuando cierra sesiones la Cámara alta.
“Quisiéramos que salgan
las siete, nada más que no hay pre dictámenes ni dictámenes todavía sobre dos o
tres de ellas. Queremos que salga un buen producto y que no nos vayamos a
arrepentir de hacer algo con prisas”, justificó el legislador.
Las bancadas del PAN y el
PRD, en tanto, exigieron una reforma integral y condicionaron su voto a que el
paquete incluya siete ordenamientos para castigar la corrupción con sanciones
administrativas y penales.
“Son siete y no sólo una
parcialidad porque dejaría incompleto el Sistema”, advirtió el coordinador
albiazul, Fernando Herrera.
“El PRI quiere poco o
nada. Nosotros queremos todo o nada”, soltó Miguel Barbosa, coordinador
del sol azteca.
El bloque opositor anunció
que los presidentes de las comisiones de Justicia, Fernando Yunes, y de
Estudios Legislativos, Alejandro Encinas, no firmarán ningún documento que no
incluya una visión integral de las propuestas.
Con el tiempo en contra y aún
sin dictamen, un sector del PAN –incluido el presidente del Senado, Roberto
Gil– se sumó a los cuestionamientos del PRI y el PVEM sobre la
inconstitucionalidad de algunas propuestas de la iniciativa ciudadana Ley 3 de
3.