Al
lado del Reloj Chino de la avenida Bucareli, los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa sostienen una reunión con su abogado, Vidulfo Rosales
Sierra, para definir una postura tras la decisión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que este viernes dio por terminada la misión del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la
desaparición de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El pasado miércoles el gobierno mexicano comunicó oficialmente
a la CIDH que daba por concluido este mes el trabajo del grupo de expertos. En
una rueda de prensa en Washington, el subsecretario de Gobernación, Roberto
Campa, indicó: ha transcurrido “un tiempo suficiente” y “es tiempo de que el
GIEI presente las conclusiones y recomendaciones al Estado”.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, confirmó
ese día que el gobierno mexicano “no quiere que se renueve el mandato”, y dijo
que los familiares de los desaparecidos solicitaron que el grupo continúe con
la labor. “Les pedimos que sean inteligentes y
cambien la postura porque para nosotros es necesario saber la verdad y creo que
para todos los mexicanos también”, dijo a los medios, por su parte, el portavoz
de los padres, Felipe de la Cruz.
Esta tarde en Bucareli, los familiares no han sido
notificados formalmente de la medida, pero sostienen que están en contra de que
el grupo de expertos se retire del caso. “No sabemos cuáles son los puntos
finos de la resolución, no podemos pronunciarnos, sin embargo, queremos que se respete
la clausula 10 del convenio, que establece que el GIEI puede permanecer aquí el
tiempo que sea necesario mientras no se cumpla el objetivo”, anuncia a los
cinco reporteros presentes Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan.
En la avenida, los padres de los normalistas
sostienen pancartas con los rostros de sus hijos. Lanzan la consigna
emblemática de sus esfuerzos por encontrarlos: “¡Vivos se los llevaron, vivos
los queremos!”. Algunos policías rodean el lugar, pocos curiosos se acercan.
Doña María de Jesús, mamá de José Eduardo Bartolo
Tlatempa, normalista desaparecido, me dice: “Seguimos en la lucha, deben de
quedarse los expertos una larga permanencia hasta encontrar a nuestros hijos. Cuando
tuvimos la reunión con Peña Nieto, claramente estaba especificado que los
expertos iban a supervisar de manera indefinida hasta dar con el paradero. El
gobierno tiene que respetar los acuerdos porque está violando los derechos. Por
eso seguimos aquí, manifestándonos, haciendo actividades y movilizaciones”.
El anuncio de la CIDH se realizó la mañana de este
viernes. Cavallaro anunció en conferencia de prensa que “dada la naturaleza del
acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del
Estado, la comisión considera que no están dadas las condiciones para continuar
el mandato del grupo”, que comenzó en marzo de 2015.
“Lamento profundamente la decisión del gobierno
mexicano”, indicó Cavallaro y anunció que la vigilancia del organismo regional
de derechos humanos “continuará a través de un mecanismo especial de
seguimiento”, no definido aún.
En entrevista con Newsweek en Español, el abogado Rosales Sierra indica que, en dado
caso de que ese nuevo mecanismo se concrete, los padres lo recibirán de manera
positiva. “Es importante porque eso implica que la investigación va a seguir
siendo monitoreada, habrá un ente interno de la comisión que dé recomendaciones
y pautas respecto a la investigación. Es fundamental para nosotros. Podría
nombrarse a un relator especial para el caso Ayotzinapa”.
—¿Qué otra opción hay?
—Que el relator que ya existe, nombrado dentro de
la comisión para México, se haga cargo y supervise. Pero esas posibilidades se
tienen que platicar con la CIDH, debe haber una propuesta concreta y el Estado
mexicano tendría que aceptar. No vemos con malos ojos lo anunciado pero los
padres deben llegar a un acuerdo.
—¿Confían en
el grupo de expertos de la comisión, ha hecho un trabajo adecuado?
—En definitiva sí. Nosotros creemos que vino a
aportar, a solidificar la investigación. Construyó aristas distintas que no
estaba contempladas.
Rosales tiene razón. Según la versión de la PGR,
los jóvenes fueron atacados por policías de Iguala y éstos los habrían
entregado a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e
incineraron. Sin embargo, el GIEI rechazó esa teoría.
Rosales Sierra agrega: “El grupo de expertos sacó a
la luz un quinto autobús, el 1531, y también algunos indicios sobre Huitzuco.
Le dio un vuelco al basurero de Cocula, fijó otra visión. En fin, muchos
elementos. A partir de su trabajo, se abrieron nuevas líneas de investigación.
En definitiva para nosotros es muy importante el trabajo que está haciendo.
El anuncio de la CIDH se da un día después de que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la participación en
la desaparición de los 43 normalistas de dos integrantes de la policía federal
y las policías municipales de Iguala y Huitzuco
Luis Raúl González Pérez, el presidente de la
comisión, anunció en una conferencia de prensa que, de acuerdo con una
investigación realizada por el organismo, “estudiantes que se trasladaban en el
autobús 1531 de la línea Estrella de Oro fueron detenidos por policías de
Huitzuco, en el puente El Chipote, frente al Palacio de Justicia, lugar al que
llegó un elemento del 27 Batallón de Infantería a tomar fotografías de los
acontecimientos”.
De acuerdo con González Pérez, los elementos
municipales entregaron a los jóvenes a un capo apodado El Patrón. El ombudsman nacional recordó que desde el 23 de julio
de 2015 la CNDH pidió a la PGR “profundizar en las líneas de investigación para
indagar sobre la posible participación en los hechos de otras corporaciones de seguridad
pública municipal y de dos policías federales, en colusión con organizaciones
criminales”. El funcionario solicitó abordar “la segunda ruta de desaparición”.
—Es un caso
difícil pero ¿se justifica que las autoridades no den una respuesta? —pregunto
al abogado de los padres.
—Al Estado le corresponde ofrecer la verdad y
justicia a las familias, no al grupo de expertos, que sólo coadyuva, emite
recomendaciones, recomienda líneas de investigación. En tanto al Estado, nos
preocupa todas las deficiencias que se dieron en la investigación, lo que ha
provocado que se haya postergado el caso, que se hayan perdido pruebas
sustanciales, por ejemplo, el video del Palacio de Justicia, que puede ser
determinante para saber qué le pasó a los estudiantes. ¡No lo tenemos!
Minutos más tarde, María de Jesús, mamá de José
Eduardo, continúa con su pancarta en las manos y lanzando consignas.
—Ya son casi
dos años. ¿Qué significa que no haya respuesta?
—El gobierno, a la fecha, no nos ha respaldado. No
queremos hacer manifestaciones, mítines ni plantones, nada, sólo queremos a
nuestros hijos. Nuestra postura no ha cambiado. Seguiremos siendo una piedra en
el zapato hasta que no haya una resolución.