Dos soldados del ejército mexicano fueron arrestados por “desobediencia”, informó este jueves la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) luego de que apareció un video en el cual uniformados y un aparente policía torturan a una mujer en el municipio de Ajuchitlán, Guerrero.
En las imágenes, recientemente difundidas en internet, aparece una mujer descalza y sobre el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza. Más tarde, un agente de uniforme azul, aparentemente de la Policía Federal, le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de plástico, mientras la militar le hace preguntas sobre el paradero de otra persona de nombre María.
“¿Vas a hablar? ¿ya te acordaste? ¿o quieres más?”, espeta la uniformada. La mujer asegura entre sollozos que no conoce a María y suplica a los agentes -cuyos rostros no aparecen en el video- que se detengan. Sin embargo, la asfixian nuevamente.
“¿Quieres más bolsa? ¿o quieres agüita? ¿o quieres toques (eléctricos)? Dime tú, ¿qué quieres?”, pregunta la soldado, que aparece acompañada de otro militar.
Según un comunicado de la Sedena, estos hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, que es un estado clave para el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.
La institución dijo haberse enterado de lo sucedido recién el 10 de diciembre 2015, y aseguró que la Procuraduría General de Justicia Militar arrestó el 5 de enero pasado a un capitán y a una soldado policía militar “como presuntos responsables del delito de desobediencia”.
Por otro lado, Sedena dijo haber informado el 4 de enero a Procuraduría General de la República (PGR) del caso, para que “determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”, sin embargo, la PGR no se ha pronunciado sobre si efectivamente se encuentra investigando el caso, y si la Policía Federal también está involucrada en el maltrato.
Cabe señalar que el despliegue militar en México contra la delincuencia organizada, que se inició en 2012, ha desatado numerosas críticas dentro y fuera del país por los numerosos casos de abuso por parte de los uniformados.
En marzo, un militar fue detenido en relación a la desaparición y posterior asesinato de un hombre en Veracruz y su caso será entregado a la justicia civil.
Ese mismo mes se supo que un tribunal militar mexicano absolvió a siete militares enjuiciados por el polémico caso de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron en junio de 2014 en un confuso enfrentamiento con soldados. Sin embargo, tres de estos soldados enfrentan cargos en un tribunal civil por homicidio calificado y siguen su proceso en prisión.
Apenas en diciembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país, fenómenos que han sido denunciados por la ONU.
Asesinato,
tortura y desapariciones forzadas, problemas de DDHH en
México: EE. UU
Un documento de 23 páginas emitido por el departamento de
estado norteamericano destaca los principales problemas de México y otros
países en cuanto a seguridad y Derechos Humanos. En el país, la impunidad,
corrupción en el sistema legal,
abusos por parte de militares y grupos de la ley y asesinatos fuera del
marco legal son los principales puntos de preocupación.
“Los problemas relacionados a los derechos humanos
incluyeron la participación de militares y agentes de la ley en serios abusos
como ejecuciones, tortura y desapariciones. La impunidad y corrupción en el
sistema legal y las agencias de la ley siguen siendo problemas mayores. Grupos
del crimen organizado mataron,
secuestraron e intimidar a migrantes, ciudadanos, periodistas y defensores de
derechos humanos”, dice el reporte 2015 del Departamento de Estado Estadounidense
respecto a la situación en México y la protección que este país ofrece a los
derechos humanos.
En 25 hojas, las críticas desde Washington se centran en
el papel de las autoridades en la violencia prevalente en México. Además recalcó que persisten problemas
como arrestos arbitrarios, violencia contra la mujer, negación de procesos
legales justos, asesinatos de periodistas, violencia hacia los grupos de la
comunidad LGBTI, abusos en contra de indígenas y tráfico de personas.
De acuerdo al Informe, han sido numerosos reportes acerca
de actos arbitrarios o incluso
ejecuciones fuera de la ley perpetradas por el gobierno o sus agentes, muchas
veces protegidos por la impunidad del país. De acuerdo a la Comisión nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) entre Enero y Octubre del año 2015 hubo 32
quejas pro privación de la vida. El mismo organismo presentó una queja por
los 10 asesinados en Apatzingán,
Michoacán, de los cuales al menos uno aparentaba haber sido asesinado en una
ejecución extraoficial.
El documento señala otros ocho casos en los que individuos
han sido privados de su vida o libertad por parte de las autoridades, sin
debido proceso. Estos casos están todos relacionados a lo reportado por la CNDH
y los medios, pero el mismo documento admite que hay una gran cantidad de casos
no reportados por los medios nacionales y que es difícil acceder a información.
Además de asesinatos, existen varios reportes de
desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas de seguridad y también por
grupos criminales. Según las
cifras oficiales, para diciembre de 2014 se contaba con registro de 25,230
personas desaparecidas. Esa cifra comprende también la desaparición de los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De esos casos, solo 74 personas han
aparecido con vida.
Por otra parte,
ya pesar de que en México la ley prohíbe la tortura para obtener
confesiones, hay evidencia de que oficiales la han usado. EL documento indica que en este rubro
no hay registros nacionales y tampoco datos a nivel estatal, aunque hasta
octubre 31 de 2015 la CNDH recibió 587 quejas de este tipo.
Las condiciones en las cárceles y los procedimientos de
arresto y trato a los detenidos fueron, de igual manera, duramente criticados.
Abusos a prisioneros, hacinamiento, abuso de sustancias son los principales
problemas en las prisiones. La CNDH apunta que la ocupación en prisiones
aumentó 25% más de la capacidad tope.
El escape de Joaquín “El Chapo” Guzmán es usado en el
informe como un ejemplo de la corrupción en los centros penitenciarios. De
acuerdo a cifras de la CNDH, 60 por ciento de las prisiones están controladas
por el crimen organizado.
De igual forma el documento señala que los arrestos
arbitrarios son la regla y no la excepción. Que los detenidos son muchas veces
privados de sus derechos de ver a familiares o llamar un abogado y que las
estancias en detención antes de los juicios son demasiado largas.