LOS JUEGOS LLEGARÁN A BRASIL en el contexto de diferentes escándalos de corrupción, incluidos el del Comité Olímpico Internacional (COI), el de Petrobras Lava Jato, que ha dado lugar a la detención de docenas de ejecutivos y políticos, y la investigación en el interior de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que como ya se ha visto, podría traer consecuencias para los involucrados en la Copa del Mundo 2014 en Brasil. Colectivamente, estos escándalos son ejemplo de los riesgos de corrupción que implica hacer negocios en Brasil y en otras partes del mundo.
El COI no ha sido ajeno a los temas de corrupción. En 1998 surgieron diversos alegatos en relación con algunos de sus miembros habrían recibido sobornos a cambio de otorgar sus votos para conceder la sede de los juegos olímpicos de invierno de 2002 a Salt Lake City.
En el marco de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 que tendrán lugar en Río de Janeiro, y a muy pocos meses de su celebración, el presidente del COI, Thomas Bach, anunció que se harán públicos los detalles financieros del comité, se separarán las comisiones de auditoría y finanzas, y se designará un oficial delegado de ética.
EL EJEMPLO DE LA FIFA
El escándalo de la FIFA estalló en mayo de 2015: 14 ejecutivos de alto nivel fueron procesados en Estados Unidos por cargos federales de chantaje, soborno, fraude cibernético, lavado de activos, obstrucción de la justicia y nacionalización ilegal. Las detenciones fueron el resultado de una investigación realizada por autoridades de Estados Unidos que revelaron que, desde la década de 1990, funcionarios de la FIFA presuntamente habían recibido sobornos por sumas de aproximadamente 150 millones de dólares (mdd). Tras las detenciones, otros países (Australia, Colombia, Costa Rica y Suiza) hicieron públicas sus propias investigaciones de corrupción en la FIFA.
Poco después de que Joseph Blatter anunciara en junio de 2015 que dejaría su posición como presidente de la FIFA, autoridades de Estados Unidos revelaron que su investigación por cargos de corrupción abarcaba la designación de las sedes de los mundiales de futbol de 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y 2022 en Catar.
La investigación relacionada con la Copa del Mundo de 2014 en Brasil se centra en los vínculos entre el exdirectivo del futbol de Brasil, Ricardo Teixeira, y el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke. En respuesta a este caso y a una investigación de supuesta corrupción en la FIFA llevada a cabo en Suiza, el comité de ética independiente suspendió en octubre de 2015 a Blatter, Michael Platini y Jerome Valcke.
BAJO RIESGO: PATROCINADORES CORPORATIVOS
Los segmentos de negocio relacionados con la organización de eventos globales son tanto o más susceptibles a la corrupción que aquellos que carecen de su envergadura. El COI y la FIFA han asegurado sus ingresos a través de patrocinios corporativos. En 1984, el COI redujo el número de patrocinadores olímpicos a 35. Esto llevó a las empresas a presentar ofertas cada vez más agresivas en un esfuerzo por asegurar una plataforma global de promoción de su marca como patrocinador olímpico. Durante los Juegos de Londres de 2012, algunas compañías pagaron más de 100 mdd por “el paquete del patrocinio de los socios olímpicos” (TOP). En 2013 la FIFA ganó 404 mdd por derechos de mercadotecnia asociados con el mundial de 2014.
Los patrocinadores corporativos reconocen el riesgo de ser ligados a una conducta corrupta y la necesidad de distanciarse rápidamente de esta. Tras las detenciones en la FIFA, sus patrocinadores corporativos reiteraron su compromiso con la conducta ética y transparente.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Entre los individuos procesados en el caso de la FIFA hay cuatro ejecutivos de mercadotecnia del deporte y un directivo periodístico acusado de servir como intermediario entre los funcionarios de la FIFA y los ejecutivos de mercadotecnia. Negociar con medios de comunicación en eventos globales implica una gran oportunidad y un riesgo para todos los involucrados. Una compañía de medios global firmó en 2011 un acuerdo con el COI por 4400 mdd para asegurar los derechos de transmisión en Estados Unidos hasta el año 2020. En 2014, esta misma compañía extendió tales derechos hasta el año 2032 con un acuerdo por 7750 mdd.
EL SECTOR MÁS VULNERABLE A SER CORROMPIDO
El esfuerzo de Brasil por ampliar su infraestructura para los juegos olímpicos hace también evidente la vulnerabilidad del sector de la construcción frente a la corrupción.
Según el sitio web Río 2016, el 13 por ciento del presupuesto total (casi 1000 millones de reales) se dedicó mayormente a proyectos de infraestructura. El presupuesto inicial de 4900 millones de reales en 2009 se incrementó en 2013 a 5500 millones de reales; en 2015 a más de 2100 mdd, y esta cifra podría seguir aumentando conforme se acerca el evento. Amén de la inflación, el incremento se atribuye a la inclusión de cuatro nuevos deportes, las nuevas tecnologías, la seguridad en los juegos, el aumento de sueldos sobre la inflación, los costos del uso de la villa olímpica y las volátiles tasas de cambio.
Algunas instalaciones se están construyendo a través de Sociedades Público Privadas (PPP, por sus siglas en inglés) que reducen el costo total para la ciudad. En cuanto los juegos hayan terminado, las empresas públicas podrán utilizar estos sitios para su beneficio. Sin embargo, como en cualquier parte del mundo, estos proyectos en Brasil enfrentan problemas cada vez mayores, incluyendo la falta de garantías en el marco jurídico y mecanismos, además de regulaciones e interacciones públicas apropiadas.
UN NUEVO NIVEL DE ESCRUTINIO: LOS ACTORES
En tiempos recientes Brasil se ha involucrado en la investigación de corrupción de instituciones legales brasileñas, en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).
Encabezados por el Ministerio Público de Brasil (servicio público del procesamiento) y una autoridad fiscal independiente, se han llevado a cabo procesos relevantes que reafirman que la lucha contra la corrupción es prioridad nacional. Además de la investigación en Petrobras, la policía federal del Brasil investigó más de 70 compañías, 15 firmas de abogados y 24 individuos por potencial implicación en actos de evasión fiscal. En 2012 condenaron a más de 25 personas, incluyendo ciudadanos, políticos y oficiales del gobierno actual y anterior, por un escándalo de soborno y lavado de dinero llamado “mensalão” (“la cuota grande”).
En 2015, Brasil demostró su compromiso contra la corrupción corporativa cuando reguló la ley de empresas limpias (no. 12.846 “de la ley el CCA”) que, entre otras cosas, prohíbe el prometer, ofrecer o proporcionar, directa o indirectamente, una ventaja incorrecta a algún funcionario de gobierno o a terceros que estén relacionados con funcionarios oficiales. El CCA aplica a toda persona jurídica con operaciones en Brasil, incluyendo entidades sucesoras, y su jurisdicción puede extenderse al extranjero.
En lo referente a Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) es conocido por su lucha contra el soborno y la corrupción. En 1970, en este país se aprobó la ley contra chantaje y corrupción en organizaciones criminales llamada comúnmente “RICO”. Bajo el estatuto de “RICO”, un individuo es responsable de los actos cometidos por otros miembros de una organización de la cual es miembro, incluso si no participó personalmente en ellos. Siete años más tarde, en 1977, se decretó la Ley de Estados Unidos contra prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), que se ha convertido en un modelo que une esfuerzos de anticorrupción por todo el mundo.
El FCPA prohíbe directamente actos de soborno que implican a funcionarios extranjeros que intentan obtener ventajas de negocio, y obliga a las compañías a hacer y mantener de manera rigurosa los libros y los archivos para reforzar su capacidad de control en la rendición de cuentas. La ley es una herramienta dominante en el arsenal del DOJ para atacar casos de soborno y casos públicos de corrupción que pudieran ser encubiertos a través de la falsificación de registros. Las disposiciones del FCPA pueden aplicarse a la conducta tanto en el interior como en el exterior de Estados Unidos.
El memorándum de 2015, conocido como “el memorándum de Yates” (por la fiscal general adjunta Sally Yates), incluyó una directiva para que el DOJ no otorgue ventaja a una compañía por cooperación, a menos de que identifique a todos los empleados responsables del delito en cuestión.
Paralelamente, Reino Unido se ha hecho de una notable reputación por tener una de las leyes anticorrupción más duras del mundo: la ley británica antisoborno, decretada en 2011. Dicha iniciativa fue impuesta por la Oficina de fraude de gran escala de Gran Bretaña (SFO), y representa una significativa actualización a la ley de la prevención de la corrupción que data de 1906.
Finalmente aparece el gobierno de Suiza, el cual ha centrado su atención en la corrupción dentro de los deportes, poniendo en marcha una investigación penal sobre las actividades del expresidente de la FIFA en cooperación con el DOJ de Estados Unidos. Joseph Blatter fue interrogado por funcionarios de la oficina del procurador general de la república suiza bajo el supuesto de que violó sus obligaciones fiduciarias a través de una mala gestión y malversación criminal de fondos.
Aunque el escándalo de la FIFA no implique esquemas reguladores anticorrupción (como el FCPA o la ley británica antisoborno), las asociaciones ligadas a los Juegos Olímpicos en Brasil deben entender que las leyes anticorrupción nacionales e internacionales aseguran medidas encaminadas a prevenir este delito.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Las penas para las compañías implicadas en casos de corrupción son altas. Dependiendo del esquema regulador involucrado, las penas pueden variar desde el 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de la compañía (Ley de Empresa Limpia de Brasil) hasta una multa ilimitada (ley británica antisoborno). Los acusados pueden enfrentar de diez a veinte años de prisión por un solo cargo, y estos pueden llegar incluso a la cadena perpetua.
En el caso de los inversionistas, los implicados que eligen apegarse a su compañía, los costos asociados a la investigación (multas potenciales, honorarios legales, desarrollo e implementación de programas de cumplimiento de normas, etcétera) pueden devenir en una carga para la compañía y para las utilidades del inversionista.
Un escándalo de corrupción es no sólo perjudicial para las entidades implicadas, sino también para las compañías de la región, sin importar la industria o sector. Países con altos índices de corrupción y de fraude invierten en programas legales y de infraestructura para reducir esta percepción y atraer inversión extranjera.
Independientemente de la presunta participación voluntaria o involuntaria en una actividad ilegal, tanto una organización como sus ejecutivos de alto nivel se arriesgan a un daño significativo en su credibilidad y reputación cuando un escándalo de este tipo sale a la luz.
A menudo, las organizaciones son capaces de resistir la tormenta de un escándalo de alto perfil con un cambio en la dirección o la puesta en práctica de programas actualizados y completos de cumplimiento de normas que demuestren un compromiso con la ética y transparencia. Sin embargo, una vez que un negocio se ha vinculado con corrupción, soborno o lavado de dinero, futuros socios lo pensarán dos veces antes de iniciar una relación que pudiera arriesgar sus negocios.
Los individuos, además de perder sus posiciones dentro de la organización, se arriesgan a años de cárcel, multas y sanciones importantes, prohibiciones de por vida para la realización de ciertas actividades y barreras significativas en la búsqueda de otras oportunidades en el mundo de los negocios.
Consecuentemente, el desarrollo, la ejecución y el mantenimiento de un programa eficaz de cumplimiento de las normas elementales resulta clave para operar en Brasil de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como en cualquier otra parte del mundo. Dicho programa tendría que adaptarse a los riesgos de una empresa y al perfil de negocios que realiza, en tanto resulta de suma importancia para asegurar la adherencia a las leyes anticorrupción de todo el mundo. Su existencia y operatividad, en algunos casos, podría reducir significativamente las penas financieras resultantes de una condena.
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Con la colaboración de Eric H. Sussman, Partner, Litigation Department, Paul Hastings LLP (en exclusiva para Newsweek en Español)