Derivado de la Ley 3 de 3, que obliga a los políticos presentar
sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, universidades
poblanas pretenden sumar a esta iniciativa la aplicación de pruebas de
control de confianza a quienes aspiran a un cargo de elección.
El director del Instituto de Ciencias Jurídicas en Puebla,
German Molina Carrillo, dijo que esta ampliación a cuatro obligaciones
es una propuesta que surge de distintas universidades para que los
ciudadanos conozcan con certeza el perfil de quienes quieren que los
representen.
Precisó que la intención es que estas pruebas definan la salud
mental de quienes aspiran a un cargo público a través del voto
ciudadano, pero también que garanticen su permanencia; “no lo ha
propuesto nadie más en el país, pero su aprobación daría muestra de la
voluntad política de los interesados”.
Detalló que en un estimado de dos semanas podría formalizarse
esta petición, por la que han mostrado interés al menos 15 universidades
poblanas para impulsarla, y que se ubican en la capital poblana como al
interior del estado, como en Tehuacán y San Martín Texmelucan.
“Actualmente estas pruebas de control de confianza se aplican
para reclutar a elementos de seguridad, proponemos esto para los
candidatos que sirva para que los ciudadanos decidamos a quién dar
nuestro voto; en este caso, para quien asumirá el Poder Ejecutivo”,
sentenció.