El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva encabezará una
marcha en la capital brasileña “en defensa de la democracia” y contra
“el golpe” que, según la izquierda, la oposición fomenta a través del
procedimiento de destitución de Rousseff por presunto maquillaje de las
cuentas públicas.
La Corte Suprema deberá decidir
si retiene o restituye, al menos parcialmente, a la justicia ordinaria
la investigación sobre Lula, sospechado por el juez Sergio Moro de
disimular sus bienes, en el marco del megaescándalo de Petrobras.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff, que ya
comenzó la batalla en el ámbito institucional, quiere presionar desde la
calle, en momentos en que la aprobación del gobierno está en un ínfimo
10%.
El PT y movimientos sociales convocaron manifestaciones en 31
ciudades, aunque las principales deberían ocurrir en Brasilia, donde ya
por la mañana unos 500 manifestantes bloquearon la entrada del Banco
Central, en una protesta contra el pago de la deuda pública.
Hace dos semanas, el PT y los movimientos sociales reunieron cerca de
300,000 personas, 80,000 en Sao Paulo con Lula vestido de dirigente
obrero como en sus viejos tiempos de opositor al régimen militar
(1964-85). La oposición, por su lado, había sacado a la calle unos días
antes a más de tres millones, al grito de “¡Fuera Dilma!”.
Lula fue nombrado jefe de gabinete por Rousseff, pero su designación
está bloqueada por la justicia por sospechar que podría tratarse de un
ardid para obtener fueros privilegiados en las investigaciones sobre
Petrobras.
Las sospechas fueron levantadas por la divulgación, por el juez Moro,
de conversaciones pinchadas entre Lula y Rousseff. Un magistrado de la
Corte Suprema pidió luego a Moro que le remitiese la totalidad de las
grabaciones para conservar eventualmente aquellas que el ex mandatario
mantuvo con personas con fueros privilegiados.
El máximo tribunal se pronunciará este jueves sobre el caso de las
escuchas y próximamente dirá si Lula puede al fin y al cabo ser
ministro.
La crisis política de Brasil comenzó hace dos años con las
revelaciones sobre los sobornos pagados por grandes constructoras a
Petrobras y a políticos para amañar licitaciones y en 2015 detonó con
los arrestos de jerarcas de la industria y de algunos dirigentes
políticos.
El país atraviesa además una grave recesión económica, con alza de desempleo y alta inflación.
Las incertidumbres sobre el futuro inmediato han relegado a segundo
plano los Juegos Olímpicos de Rio, que se celebrarán en poco más de
cuatro meses (del 5 al 20 de agosto).
Detrás de cámaras
Lula, aunque no
sea ministro, se empeña en la que debía ser su misión principal en el
gobierno: reforzar la frágil coalición, sobre todo después de que su
mayor integrante, el centrista PMDB del vicepresidente Michel Temer,
decidiera esta semana romper con Rousseff y sumarse a la causa del
impeachment.
En caso de que esa iniciativa desemboque en la destitución de
Rousseff, el propio Temer completaría su mandato hasta fines de 2018.
El foco del gobierno es ahora impedir una estampida de sus demás
aliados y, con cargos en la mano, Lula y Rousseff negocian las inciertas
fidelidades,
Desde la salida del PMDB del gobierno, Rousseff se enclaustró en el
palacio presidencial de Planalto para reconfigurar su equipo
gubernamental.
“El gobierno tiene una doble estrategia: recomponer la base aliada e
impedir que el PMDB junte 342 votos” para aprobar el impeachment en la
cámara de Diputados, indicó un asesor del gobierno
que pidió el anonimato.
Los 342 votos equivalen a las dos terceras partes de la Cámara, de 513 escaños.
“El gobierno tiene la capacidad de liberar presupuestos para
garantizar la realización de proyectos” de responsables que quieran ser
electos o reelectos en los comicios municipales de octubre próximo,
agregó el asesor. “No hay nada irregular en eso. Son políticas
tradicionales”, apuntó.
Temer y su nuevo aliado, el opositor socialdemócrata PSDB, también
tratan de ganar apoyos para el impeachment, con promesas de cargos y
ministerios del gobierno que se formaría tras la caída de Rousseff.
Seis ministros de Rousseff son del PMDB y ninguno ha pedido hasta
ahora la salida. Según el asesor, todos negocian para quedarse.
La ministra de Agricultura, Katia Abreu, dijo por ejemplo en Twitter que estaba decidida a seguir en el cargo y en el PMDB.
Pero según medios de prensa, Rousseff estaría dispuesta a mantener
solo a tres, porque los otros no aportarían muchos votos para frenar su
proceso de destitución.
Con información de AFP