Sin importar lo que
el Congreso decida hacer con el más reciente intento del Presidente Obama de
cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo, debemos estar de acuerdo en que el
proceso legal existente es fundamentalmente deficiente y que la mejor manera de
arreglarlo es reemplazar a los jueces militares actualmente asignados a los
juicios de Guantánamo con jueces federales, independientemente de si los
juicios se realizan en Guantánamo o en Estados Unidos.
Esta adopción de los
jueces federales aceleraría el proceso de resolución de los casos de Guantánamo
en formas que se reflejarían de mejor manera en la credibilidad y la
legitimidad del sistema de justicia de Estados Unidos, al tiempo que
favorecería los intereses del Congreso, del Presidente, de los supervivientes y
de los familiares de las víctimas.
Esta es la conclusión
a la que llegó recientemente el Equipo Especial sobre Guantánamo del Consejo
del Pacífico sobre Política Internacional, del cual formamos parte. El equipo
especial consta de 17 abogados y especialistas en política, la mayoría de los
cuales han viajado a Guantánamo como observadores civiles oficiales.
Observamos los
procesos en distintos momentos, pero compartimos preocupaciones persistentes de
que el laberinto legal que Estados Unidos ha construido en Guantánamo acosará a
ese país en el futuro.
Salimos de Guantánamo
con la impresión de que muchos miembros decentes, dedicados y profesionales de
la milicia se han desplegado para servir en un sistema legal que casi se
encuentra más allá de toda rehabilitación. La adopción de jueces federales es
la mejor esperanza y la más factible desde el punto de vista político para
rectificar el daño que se ha hecho en Guantánamo desde que los tribunales
militares, conocidos como comisiones de Guantánamo, se pusieron en marcha hace
14 años, durante el nerviosismo que siguió a los ataques del 9/11.
¿Por qué constituiría
una diferencia reemplazar a los jueces militares con jueces federales? Existen
dos razones.
En primer lugar, casi
todo el mundo está de acuerdo en que las comisiones de Guantánamo están en
quiebra. Su insuficiencia y ambigüedad con respecto a algo tan básico como una
fecha de juicio han perjudicado su legitimidad y la credibilidad de Estados
Unidos en el escenario mundial.
Independientemente de
la opinión política de cada persona, es difícil negar que la intermitente búsqueda
de la justicia, en el mejor de los casos una o dos semanas cada dos meses, no
favorece a los intereses de nadie, ni para decidir la culpabilidad, ni para
administrar el castigo, ni para afirmar la integridad del sistema legal
estadounidense.
En segundo lugar, los
jueces de distrito de Estados Unidos, asignados de tiempo completo a Guantánamo,
aplicarían técnicas estándar de manejo de casos que constituirían un gran
avance para eliminar las barreras logísticas y de procedimiento que han
obstaculizado a los jueces militares desde 2002.
Muchos jueces
federales están versados en los protocolos para la revisión de pruebas
clasificadas y ya han presidido juicios de terrorismo de alto perfil en sus
propios tribunales. Los jueces federales experimentados estarían en una mejor
postura que los jueces militares para evaluar los millones de elementos de
información clasificada que han empantanado a los casos de Guantánamo en
disputas de descubrimientos que han durado varios años.
Dado que son civiles,
los jueces federales también desviarían las percepciones de “influencia de
mando” inadecuada y su nombramiento de por vida los protegería de toda
interferencia política.
Los jueces federales
podrían adjudicar los juicios de Guantánamo en Guantánamo mismo (si el Congreso
rechaza el plan de Obama), o en territorio estadounidense (si el Congreso
acepta dicho plan).
Existe un precedente
histórico del nombramiento de jueces federales para presidir tribunales para
propósitos especiales en el extranjero. El Presidente Eisenhower creó uno de
esos tribunales en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: el Tribunal
Estadounidense para Berlín.
Este precedente
también muestra que la judicatura federal posee poderes para aplicar un cuerpo
legal externo (en ese entonces era la ley alemana; actualmente sería la ley
militar estadounidense) en una jurisdicción externa a la del juez. En el caso
de los juicios de Guantánamo, los jueces federales simplemente tendrían poderes
para aplicar la ley de las comisiones militares.
Para lograr esto, se
requiere una enmienda a la Ley de Comisiones Militares de 2009, que dice que
“se debe asignar un juez militar a cada comisión militar”. La enmienda tendría
que decir que “se debe asignar un juez de distrito de Estados Unidos a cada
comisión militar”.
Tal enmienda
requeriría la aprobación del Congreso, pero no el cierre de Guantánamo. En todo
caso, la enmienda colocará a los juristas con mayores capacidades de impulsar
la voluntad del Congreso en posición de juzgar a los
sospechosos de manera oportuna.
Ello también
requeriría la aprobación del Presidente de la Suprema Corte o de la persona que
éste designe, pero presuntamente, cualquier juez de la Suprema Corte tendrá fe en
la resolución de jueces federales de Estados Unidos para llevar los casos de
Guantánamo a una conclusión justa.
Para equipar aún
mejor a los jueces federales para impulsar los intereses de la justicia en Guantánamo, el Equipo Especial del
Consejo del Pacífico propone cuatro pasos adicionales:
· Permitir que los jueces federales de Guantánamo utilicen la
tecnología moderna. No hay ninguna razón por la que cada acción previa al
juicio relacionada con un detenido en Guantánamo deba ser ventilada en persona,
como se hace actualmente. Los abogados, testigos e intérpretes del estado
deberán ser capaces de participar en asuntos rutinarios previos al juicio y en
comunicaciones entre el abogado y su cliente a través de conferencias de video
seguras. En cualquier momento entrará en actividad una conexión transoceánica, compuesta por un
cable de fibra óptica tendido desde Florida hasta Guantánamo.
· Hacer un uso racional de los tiempos. Las comisiones de Guantánamo
deberán exigir a cada juez federal que establezca las fechas más cercanas
posibles para el inicio de los juicios. Los jueces militares no están obligados
a cumplir este requisito.
· Permitir que los sobrevivientes de ataques y las familias de
las víctimas mortales testifiquen incluso antes del inicio de los juicios, estableciendo
un registro de las pérdidas humanas para que la corte considere si la sentencia
habrá de ocurrir y en qué momento. El hecho de saber que el testimonio
perdurará para la posteridad dará consuelo a los sobrevivientes y a las
familias que actualmente se preguntan si alguna vez se hará justicia.
· Practicar una política de apertura. Los juicios de
Guantánamo deben estar disponibles para su difusión o su transmisión en línea
por Internet con el objetivo de promover la participación pública, desmitificar
un proceso empantanado en las malas interpretaciones, y explicar al mundo la
manera en que las comisiones militares fomentan los valores e intereses de
Estados Unidos.
Como lo indican las
recientes atrocidades en las que ha participado el grupo militante Estado
Islámico (ISIS), es poco probable que los ataques del 9/11 constituyan la
última vez en que el gobierno de se sienta obligado a emprender acciones
extraordinarias en condiciones de emergencia.
Una cosa es ser una
nación de leyes en tiempos de paz, y otra muy distinta es mantener las leyes en
tiempos de riesgo. Es en estos últimos tiempos en que Estados Unidos define su
verdadera clase de justicia. Poner a jueces federales a cargo de las comisiones
de Guantánamo contribuirá a que los estadounidenses vuelvan a estar orgullosos
del sistema legal de su país.
Este artículo fue escrito para Newsweek por K. Jack Riley, Jerrold D. Green, Richard B. Goetz, y Michelle Kezirian
K. Jack Riley es
vicepresidente y director de la División de Investigación de Seguridad Nacional
de la RAND Corporation, una organización no partidista y sin fines de lucro. Jerrold
D. Green es presidente y Director Ejecutivo del Consejo del Pacífico sobre
Política Internacional, y Richard B. Goetz, socio de O’Melveny & Myers LLP,
y Michelle Kezirian, directora de litigios y defensoría de política de un
bufete de abogados de interés público, son copresidentes del Equipo Especial de
Guantánamo del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional.
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek