“Perdí toda esperanza…
Once años de mi vida me han sido secuestrados y, ahora, con sus últimas
acciones, las autoridades también han tomado mi dignidad y han faltado el
respeto a mi religión”: Obaidula, afgano preso en Guantánamo.
Como un gesto de buena voluntad en la víspera de su
histórica visita a Cuba, este 21 y 22 de marzo, el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, reiteró una de sus incumplidas promesas de campaña: el
cierre de la prisión de Guantánamo.
En la propuesta enviada al Congreso argumentó que el
funcionamiento de esa cárcel es contraproducente para la lucha antiterrorista,
ya que muchos grupos la usan como bandera; es contrario a los valores de
Estados Unidos; socava la seguridad nacional en vez de fortalecerla, y daña la
relación de su país con las naciones aisladas. “Se trata de cerrar un
capítulo en nuestra historia”, dijo.
Actualmente 91 presos están internados en Guantánamo: 29
son de Afganistán; 17 de Arabia Saudita; 15 de Yemen; nueve de Pakistán; tres
de Argelia y el resto son de diversas nacionalidades.
De ellos, 35 han recibido la aprobación para ser enviados
a terceros países en los próximos meses; mientras que otros diez reos serán
juzgados o ya fueron condenados.
Los 46 restantes son considerados demasiado peligrosos
para ser liberados o transferidos a otra nación, por lo que serían enviados a
alguna de las 13 cárceles o bases navales en territorio estadounidense.
Se trata de prisiones ya existentes en estados como
Colorado y Carolina del Sur, además de que se construirían nuevas instalaciones
en algunas bases militares de ese país como Fort Leavenworth, en Kansas, o la
base naval de Charleston, en Carolina del Sur.
El presupuesto estimado por el gobierno para reubicar a
los detenidos en territorio norteamericano va de 290 millones a 475 millones de
dólares, en función del número de presos que finalmente sean transferidos y de
la instalación elegida.
A largo plazo, el plan generaría ahorros de hasta 300
millones de dólares en los próximos diez años. El costo de operación de la
cárcel militar fue de 450 millones de dólares en 2015, es decir, 5 millones de
dólares por cada prisionero.
Sin embargo, los republicanos y algunos demócratas
moderados han rechazado el plan. El presidente de la Cámara de Representantes,
Paul Ryan, anunció que los republicanos tomarán medidas legales para impedir la
clausura de Guantánamo.
Advirtió que cuentan con los votos suficientes para
rechazar la iniciativa de Obama en el Congreso e, incluso, para rechazar cualquier
intento de veto presidencial y que alguno de los prisioneros sea trasladado a
suelo estadounidense.
Anticipándose a cualquier maniobra del presidente, los
legisladores republicanos pagaron 150 000 dólares al bufete de abogados Jones
Day para que prepare una respuesta en caso de que insistiera en trasladar a los
presos de Guantánamo a cárceles dentro de la Unión Americana.
Ryan señaló que esto violaría una prohibición aprobada
anualmente por el Congreso. “Si el presidente sigue adelante con su plan
de violar la ley, se topará con una feroz oposición bipartidista aquí en el
Congreso y estamos haciendo todos los preparativos legales necesarios. (Obama)
no lo puede hacer porque la ley es sumamente clara. Y eso es todo”, advirtió.
Algunos de los argumentos esgrimidos para el rechazo son
el temor a que, ya dentro del país, puedan escapar y convertirse en un problema
de seguridad, o que las prisiones podrían ser blanco de un ataque para
facilitar la fuga de los detenidos.
Obama dijo estar muy consciente de los “obstáculos” que
enfrenta su plan para lograr el visto bueno del Congreso y lamentó que el
cierre de Guantánamo, apoyado antes tanto por demócratas como por republicanos,
se haya convertido en un asunto “partidista”.
“Incluso en un año electoral, deberíamos ser capaces de
tener un diálogo abierto, honesto y de buena fe acerca de cómo garantizar mejor
nuestra seguridad nacional”, urgió.
LA CÁRCEL DE LOS ABUSOS
El 13 de septiembre de 2001, dos días después de los
atentados contra el World Trade Center de Nueva York, el presidente George Bush
decidió que en la Bahía de Guantánamo se estableciera una cárcel de máxima
seguridad.
La infraestructura comenzó a adecuarse a finales de 2001 y
el 11 de enero de 2002 llegaron los 20 primeros prisioneros, entre ellos, el
guardaespaldas de Osama bin Laden y uno de los cerebros de los ataques
terroristas, Jaled Sheij Mohamed.
Tras sus rejas llegaron a estar recluidos 779 presos de
más de 30 nacionalidades y el 80 por ciento era sospechoso de tener algún
vínculo con el grupo terrorista Al Qaeda. De ese total, ocho personas murieron:
siete se suicidaron y una falleció por causas naturales.
Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras
de los derechos humanos han denunciado reiteradamente los abusos cometidos tras
las rejas de Guantánamo, por lo que han demandado su clausura.
El 6 de febrero de 2013 se reportó una masiva huelga luego
de una requisa. Los reos denunciaron que, durante el cateo de sus celdas, los
militares estadounidenses vejaron sus ejemplares del Corán, aunque algunos han
señalado que se trataba de una estrategia para atraer la mirada internacional
sobre los abusos cometidos en su contra.
Con el paso de los días, 97 de los 166 prisioneros que
entonces estaban en Guantánamo se habían sumado a la protesta. A 19 de ellos se
les alimentó por la fuerza a través de la nariz, con el uso de una sonda
nasogástrica, un catéter que se introduce por la nariz hasta llegar al estómago
para administrar suero.
El artículo 4 de la Convención de Ginebra garantiza el
buen trato y un juicio justo a los prisioneros de guerra, aunque siempre ha
existido el debate de si los acusados de pertenecer a la red terrorista Al
Qaeda y los milicianos talibanes pueden entrar en esa categoría.
Desde el principio, para Estados Unidos la respuesta fue
no. En 2002, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, catalogó a los
detenidos que eran trasladados a Guantánamo como “combatientes ilegales o
detenidos en el campo de batalla”, pero nunca aceptó que fueran prisioneros de
guerra.
Hoy, el presiente Obama pretende poner fin definitivo a
esos abusos. Pero además de la oposición republicana y de su propio partido, su
principal enemigo es el factor tiempo.
Aun cuando su iniciativa contara con los votos suficientes
para iniciar el proceso de desmantelamiento de la prisión, se ve muy difícil
que concluya en lo que queda de su periodo presidencial, es decir, antes de
enero de 2017.
Por si fuera poco, este nuevo impulso coincide con las
primarias de ambos partidos y las posteriores campañas de los candidatos a la presidencia.
De ahí que seguramente ni republicanos ni demócratas estén interesados en
mantener abierto este tema tan polémico.
Así, Obama tendrá que conformarse con la foto con Raúl
Castro, y probablemente con Fidel, pero no podrá darles la noticia del cierre
de Guantánamo ni de la entrega de sus 116 hectáreas, como lo demandó el
mandatario cubano durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.