Piden frenar arrestos de adictos

Ciudad Juárez– La propuesta para descriminalizar a los usuarios de mariguana en el país encendió el Segundo Debate Nacional sobre el uso de la droga, realizado ayer en esta ciudad.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se requiere de una legislación que deje de perseguir a los usuarios de la hierba para detener a los delincuentes que lucran con este fenómeno.
Señaló que en México el marco normativo para controlar las sustancias ilícitas impide poner fin a la criminalización de los consumidores.
“Debemos preguntarnos si el marco normativo de control de sustancias ilícitas es el mejor posible o si por el contrario existen incongruencias”, declaró al inaugurar el Segundo Foro Nacional para el uso de la Mariguana que se realizó ayer en Ciudad Juárez con el tema “Ética y Derechos Humanos”.
El evento se efectuó en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde el funcionario declaró que se buscan acuerdos para definir políticas públicas y soluciones más efectivas.
La polémica sobre el uso de mariguana “prendió” ayer a través de posturas a favor y en contra de la prohibición del consumo del estupefaciente con críticas a la política prohibicionista que impera en México, pero también con advertencias acerca de las consecuencias que traería la liberación de su manejo.
La discusión se centró en el argumento que usó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (STJN) para permitir que cuatro ciudadanos usarán la hierba de forma lúdica o recreativa: el derecho humano para el desarrollo de la personalidad; mientras que la contraparte vislumbró el daño que puede provocar el consumo de la sustancia.
Osorio Chong mencionó que el 60 por ciento de la población de los reclusorios federales está por delitos contra la salud y ocho de cada 10 son mujeres, muchas primodelincuentes que no traían armas, estaban en posesión de pequeñas cantidades de droga y purgan condenas injustas.
“Ahora toca la ética y los derechos humanos, las normas que deben regir la conducta de las personas, argumentos en favor y en contra del papel del estado como regulador de la libertad individual, el consumo de la mariguana de cara a los derechos civiles de las personas”, declaró.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expresó en su participación que hablar de drogas desde un punto de vista de los derechos humanos no es una cuestión sencilla, ya que es un tema que tiene relación con varias prerrogativas de los ciudadanos.
“La tarea es compleja y requiere de la coordinación y suma de esfuerzos por parte de todas las instancias del Estado. Los derechos humanos son puntos de convergencia entre el derecho y la ética, en la esencia misma de los derechos humanos subyace el reconocimiento de una dignidad común que nos identifica e iguala como personas, cuyo respeto y vigencia se sume como una prioridad”, dijo.
El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, señaló que Ciudad Juárez tuvo la circunstancia particular de vivir de cerca los efectos de la industria del narcotráfico, los efectos de ser frontera con el país donde en algunos territorios se aprobó el consumo de los enervantes y que es testigo del flujo de armas, de recursos ilícitos y del trasiego de drogas.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrian, consideró positivo que académicos y autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) moderen y participen en el diálogo respaldado por propuestas serias y análisis sólidos.
La Universidad aportó siete académicos que participaron en el debate pertenecientes a las áreas de las ciencias jurídicas y biomédicas, dijo el rector Ricardo Duarte Jáquez, quien mantuvo una postura imparcial al decir que como rector no puede emitir su opinión a favor o en contra de la aprobación.
David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), expuso que no es éticamente justificable la penalización, prohibición o criminalización de la posesión de drogas para consumo personal y que, por coherencia elemental, corresponde al Estado regular las condiciones que hagan posible el acceso a la misma.
Criticó que el prohibicionismo sea selectivo, porque acota el consumo de la mariguana, pero no el de alcohol que provoca daños sociales peores.
Luis Ernesto Canales Santos, abogado fundador y coordinador de Institución Renace y de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, expuso que considerar el derecho a fumar mariguana como uno natural del hombre, representa un problema.
“Ponerlo en la categoría de que cada quien derecho de fumarse lo que quiera, mientras no dañe la salud de los demás, genera un problema, porque cuando se argumenta derecho contra derecho encontramos que no hay ninguno absoluto”, explicó.
Rubén Aguilar, exvocero de la administración foxista, dio a conocer que su conclusión es que el Gobierno de México, al implementar la política prohibicionista para enfrentar el problema del consumo de las drogas, quebranta la ética pública.
La evidencia empírica revela que después de 50 años de la aplicación de la política prohibitiva y punitiva, asumida por los organismos internacionales a presión del gobierno de los Estados Unidos, ha demostrado contundentemente su fracaso, dijo.
Javier González Mocken, presidente municipal suplente de Juárez, mencionó que es importante conocer la opinión de los sectores en torno a un tema que requiere de una consulta a fondo.
Las próximas consultas del Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana tendrán como sede Saltillo el 8 de marzo, Guadalajara el 5 de abril y la última se celebrará en la Ciudad de México. (Con información de Francisco Chávez)

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