Las
represivas y extremadamente severas campañas nacionales de seguridad en el
mundo han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y
libertades fundamentales, ha advertido Amnistía Internacional en la
presentación de su evaluación anual de la
situación de los derechos humanos en el mundo.
Según afirmó el secretario general de Amnistía
Internacional, Salil Shetty, alrededor del mundo “millones de personas sufren
terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos
califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una
amenaza para la seguridad, el orden público o los ‘valores’ nacionales”.
Amnistía
Internacional advierte también de una tendencia progresiva al debilitamiento de los
derechos humanos, fruto de la “acción deliberada de gobiernos para atacar,
abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger
nuestros derechos”.
En un conteo que la organización internacional realizó del
número de gobiernos que en 2015 infringieron descaradamente el derecho
internacional en su ámbito nacional, más
de 122 Estados ejercieron tortura y otros malos tratos, mientras que 30 o más obligaron
ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro; además, en al menos 19 países el gobierno o grupos armados cometieron crímenes
u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
De acuerdo con Shetty, la represión es común en una buena parte del mundo, ya que, muchos gobiernos han violentado las libertades de expresión, prensa y protesta, entre otros: “En lugar de
reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad, muchos
gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han
saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía”, aseguró el secretario general de AI.
En el caso específico de México, Amnistía Internacional destaca la dura
respuesta del gobierno a las críticas de la ONU en relación al uso
generalizado de la tortura, permitiendo la impunidad casi total, aún cuando aumentan año con año las denuncias. De igual manera, hace énfasis en la pobre respuesta por parte del gobierno mexicano ante su “grave historial” de abusos contra los derechos
humanos, incluida “una crisis de desapariciones de proporciones epidémicas” (27 000 personas en la última década), y que la trágica
desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, puso al
descubierto.