EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO se celebraron elecciones generales en España. El resultado de estas es histórico si se considera lo joven de su democracia, y nos lleva a reflexionar sobre quién debe gobernar ante un desenlace electoral complejo y polémico.
España es una monarquía parlamentaria. Una de las principales características de este tipo de gobierno es que su presidente surge del propio parlamento a través del voto de la mayoría de sus integrantes.
Normalmente el líder del partido político que alcanza la mayoría de escaños es a quien sus correligionarios suelen dar un voto de con- fianza para gobernar (el jefe de Estado recae en otra persona, en este caso específico, por tratarse de una monarquía, es en el rey Felipe VI).
Esta dinámica para alcanzar el poder ha tenido lugar desde 1977, año en el que se celebraron las primeras elecciones después de la dictadura de Francisco Franco. En aquella ocasión una coalición de derecha ganó la contienda electoral, aunque a lo largo de estos casi 40 años ha habido una sana y constante alternancia en el poder entre el Partido Popular (PP), identificado con las ideas democristianas que cooptan al electorado conservador, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que representa al mayor número de electores socialdemócratas.
Sin embargo, la crisis de partidos que ha caracterizado las últimas tendencias electorales en diversos países (incluido México) dio un golpe contundente al sistema político tradicional español en estas elecciones.
Por primera vez en una jornada electoral a escala nacional, el Congreso de los Diputados (Cámara legislativa encargada de elegir al jefe de gobierno) se atomizó. El surgimiento de nuevas instituciones políticas, cuya principal bandera es la de su propia integración a través de ciudadanos que poca o ninguna relación han tenido con los partidos tradicionales, hizo que la composición política de este órgano decisorio se fragmentara.
El resultado de esto es una profunda crisis institucional sobre la instauración de un nuevo gobierno para España.
El debate fundamental se ha centrado en romper la tendencia de que sea la lista más votada la que pueda gobernar. Lo anterior, sin duda, da lugar a una discusión de fondo sobre quién entonces, en un sistema como este, debe ser investido como presidente de gobierno.
En este caso el partido en el poder (PP) obtuvo la mayor parte de los votos y, por lo tanto, de los asientos parlamentarios, si bien sin alcanzar una mayoría absoluta, como sí aconteció en las elecciones anteriores.
Sin embargo, el porcentaje de votación que sumó fue apenas del 28.7 por ciento, que se traduce en 123 diputados (el parlamento español se compone de 350). Para hacer una comparación con lo que sucede en algunos sistemas presidenciales, los últimos gobernantes en México han llegado al poder con casi el 40 por ciento de la votación, y en Estados Unidos (que tiene un sistema bipartidista y por lo tanto el voto no se fracciona tanto) ha sido más o menos del 50 por ciento.
¿A dónde se fue, entonces, la mayor parte de los votos? El electorado en general votó por dos partidos de izquierda y uno que se autodefine de centro. El histórico Partido Socialista Obrero Español obtuvo el 22 por ciento de los sufragios, alcanzando 90 diputados; Podemos, un nuevo partido político más radical y también en el mismo espectro ideológico, fue el gran ganador de la elección con sólo el 20 por ciento de los sufragios. Como veremos, la conformación de un nuevo gobierno está, en cualquier escenario viable, en manos de esta institución política que es dirigida por el joven Pablo Iglesias. Además, un dato relevante es que este partido político se compone a su vez de otras tres agrupaciones políticas con fuerza local, es decir, es una especie de federación de partidos que, juntos, alcanzaron 69 diputados a escala nacional.
Por otro lado, el nuevo partido de centro es Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera (originario de Cataluña), decepcionó profundamente con los resultados obtenidos tras las expectativas que había generado antes de la elección: sólo alcanzó cerca del 14 por ciento de los sufragios, lo que le dio apenas 40 diputados. El resto de los asientos se repartió entre otros seis partidos políticos mucho más pequeños.
Frente a este escenario, la cuestión se focalizó en si debería de gobernar el partido político de la lista más votada, aunque tuviera un porcentaje de votación inferior al 30 por ciento o si, más bien, el mensaje del electorado fue precisamente para que se conformara un gobierno ideológicamentedistinto al actual. En este sentido, sumados los votos de los dos partidos
de izquierda más importantes (PSOE y Podemos), alcanzan un
porcentaje de votación superior al 40 por ciento.
En términos de gobernabilidad eso es lo más conveniente y
justamente esa opción es la que ha imperado. Los electores fueron
claros en rechazar la continuidad de la actual administración, que
básicamente conservó sus votos duros tradicionales sin sumar más
simpatías entre los ciudadanos.
Ahora bien, en la práctica, la democracia termina siendo una
cuestión de números para alcanzar las mayorías suficientes. Así, en
el probable escenario de que haya una conformación de gobierno
“a la portuguesa”, es decir una coalición de fuerzas de izquierda, el
líder del partido más votado entre estas, el del PSOE, encabezaría al
ejecutivo español.
Paradójicamente, Pedro Sánchez, que conduce las riendas de
ese instituto político, llevó a su partido al porcentaje más bajo de
votación de toda su historia (perdió 20 escaños respecto a la última
elección), y aun así es muy probable que se convierta en el próximo
presidente de gobierno.
Para lograr esto se presentan dos alternativas posibles y viables,
ya que, aunque se pueden hacer diversos ejercicios matemáticos
para imaginar mayorías, incluso combinadas con posibles abstenciones
de diversos partidos, la realidad política nos lleva a apostar
por la creación de una probable gran coalición de gobierno, sumando
al PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Sin duda esto sería deseable. Juntos estos tres partidos tendrían
199 diputados, con lo que rebasan ampliamente la mayoría requerida.
La única otra opción que tendría Pedro Sánchez sería la de sumar
a quienes parecen sus socios políticos irremediables, Podemos, y convencer
a Albert Rivera de excluir a su partido en la votación de investidura
(dejando al parlamento para esos efectos con 310 diputados), y
contribuir así a la estabilidad del país evitando nuevas elecciones (que
se tendrían que dar aproximadamente el 21 de febrero, en caso de no
haber presidente de gobierno). Con esto se lograría una mayoría mínima, pero suficiente para formar una nueva administración, ya que
en este escenario se sumarían 159 votos de los 156 requeridos.
Así, aunque la primera fórmula parece difícil que funcione en la
práctica (por la visión antagonista de los dos partidos nuevos que la
conforman), intentarlo vale la pena, sobre todo ante una dinámica
política que llegó para quedarse.
De esta manera los españoles están entrando rápidamente en
una nueva realidad de civilidad democrática, la cual pondrá a prueba
su capacidad para llegar a acuerdos, lo que requerirá de la misma
madurez, generosidad y altura de miras que tuvieron hace 40 años en
la conformación de su actual Estado, ya que, de lo contrario, la viabilidad
de instaurar un nuevo gobierno parece francamente compleja.