EN DICIEMBRE DE 2004 la población supo a través de los medios que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había entregado gratuitamente 151 hectáreas de manglares a la empresa Golf & Resorts para edificar su proyecto turístico Riviera Cancún y otra cantidad a la Empresa Hansa Urbana para el proyecto Novo Cancún. El área inundable —parte de la zona federal y, por lo tanto, patrimonio de la nación— no sólo se había regalado a la empresa, sino que la donación se había hecho con el propósito explícito de destruir el humedal para construir campos de golf y hoteles. A pesar de que la zona estaba clasificada en el Programa de Ordenamiento Ecológico como destinada a la conservación, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto. Se supo también a través de los medios que el entonces presidente del Fonatur, John McCarthy, había recibido dinero, siendo funcionario público, de una empresa asociada a Hansa Urbana para ayudar a acelerar la autorización de los permisos ambientales.
La acción se sumaba a una serie de decisiones ambientales donde el peso avasallador de los desarrolladores costeros había siempre prevalecido. En septiembre de 2003, el gobierno federal había cesado en su cargo al procurador federal de Protección al Ambiente, José Campillo, unos meses después de que anunciara la clausura del Hotel Riu de Cancún por haber edificado siete pisos en violación a la autorización de impacto ambiental que sólo permitía cuatro. Las restricciones en altura a los edificios que se construían sobre la barra de Cancún estaban justificadas: la construcción en altura generaría turbulencias sobre la barra arenosa,provocando erosión de la arena. Campillo, un hombre honesto, decidió hacer cumplir la ley y con ello selló su destino: las acciones de Riu prevalecieron y el hotel se mantuvo.
Poco después, en mayo de 2004, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Juan García de Alba, modificó la Norma Oficial Mexicana 022 que establecía medidas para la conservación de los manglares, permitiendo ahora la destrucción de bosques de manglar a cambio de realización de “medidas de compensación” no definidas.
Llegaron los huracanes del año 2004 y las prioridades del gobierno federal quedaron claras: el huracán Stan destruyó comunidades enteras en Chiapas, y en una gira el 16 de octubre de 2005 el presidente Vicente Fox les dijo a los indígenas chiapanecos que “no se trata de estar sentados en nuestra casa a que llegue la autoridad y nos regale todos los faltantes”. Diez días después llegó el huracán Wilmaa Cancún y, tal como se había predicho, el viento se llevó la arena de las playas. En este caso la autoridad sí ofreció generosamente subsidios y apoyos. El 27 de octubre el presidente Fox anunció la publicación de un decreto que eximía a los empresarios hoteleros del pago de impuestos por el resto de 2005, difería los pagos del IVA, y otorgaba un estímulo fiscal especial para los empresarios. En un esfuerzo de mantener la actividad turística en la zona, el gobierno ha invertido desde entonces millones de pesos anuales para recuperar algo que la naturaleza había creado gratuitamente.
La arena para la recuperación de las playas se extrajo al inicio del fondo marino cercano a Cancún, en detrimento de los ya severamente dañados arrecifes de la zona. Después, se empezó a dragar arena de Isla Mujeres, y cuando los habitantes de la pequeña isla se alzaron en rebeldía, el dragado se movió al norte de la Isla de Cozumel —registrado en la Convención Ramsar como un humedal de importancia internacional—, de donde se ha venido extrayendo arena con inmenso daño ambiental. El impacto de la insustentabilidad de Cancún no sólo lo estamos pagando con dinero de los contribuyentes, sino con valiosos recursos naturales que son propiedad de la nación.
Aprovechando la coyuntura que abrió la derogación de la NOM 022, los desarrolladores costeros y el Fonatur empezaron a ingresar manifestaciones de impacto ambiental solicitando autorización para iniciar proyectos en zonas de manglar y, precautoriamente, presentaron un recurso de amparo contra cualquier iniciativa de volver a normar la protección de los manglares. A pesar de que los estudios de impacto ambiental estaban hechos al vapor, sin información científica seria y plagados de errores, el director de Impacto y Riesgo, Ricardo Juárez, los aprobó sin mayores objeciones. Una cerca de hierro parecía haberse cerrado alrededor de los científicos y los conservacionistas: un grupo de desarrolladores inescrupulosos solicitaba autorizaciones para destruir terrenos nacionales en beneficio propio protegidos por un amparo legal otorgado por un juez ignorante de la importancia del problema, y un funcionario público venal, traicionando la responsabilidad ambiental que se le había encomendado, otorgaba las autorizaciones sin objetar.
Pero la realidad nos da sorpresas: en diciembre de 2006, unos pocos días antes de Navidad, el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre queespecies pesqueras, y otra cantidad comparable en protección de
la costa, regulación hidrológica y provisión de hábitat. Adicionalmente,
son el frente más importante en la lucha contra el cambio
climático: sin los manglares no podríamos aspirar a cubrir
nuestras metas de reducción de emisiones porque cerca del 30
por ciento de todo el carbono orgánico almacenado en México se
encuentra en los sedimentos bajo manglares y lagunas costeras.
Peor aún, la destrucción de manglares se hace muchas veces
como parte de un proceso de especulación inmobiliaria y no
de desarrollo económico real. Nuestras costas están perladas
de proyectos fracasados, donde grandes obras de desarrollo se
han dejado abandonadas o a medio construir después de haber
destruido los ecosistemas originales con la promesa de inversión
y empleo. En Cancún, por ejemplo, tanto Novo Cancún como
el proyecto de Golf & Resorts han quedado a medio construir
después de lotear los terrenos. En el noroeste de México la lista
es larga: Puerto Peñasco, San Carlos, Loreto y el Mogote de La
Paz son sólo algunos proyectos de especulación inmobiliaria que
han dejado a las poblaciones desamparadas, sin agua, con costas
degradadas, y con una multitud de promesas de empleo y dinero
fácil que nunca se cumplieron. Sin embargo, a pesar del fracaso
de muchos de los proyectos iniciados, las empresas siguen presentando
nuevos proyectos que destruirán sitios hasta ahora bien
conservados a cambio de un futuro incierto. ¿Cuál es la lógica
de esto? Claramente, no es la viabilidad del proyecto en el largo
plazo, sino la oportunidad de ingresos especulativos en el corto a
través de las ventas del fraccionamiento. Sin una regulación ambiental
seria y efectiva, serán las comunidades las que tengan que
enfrentar las consecuencias en el futuro porque los inversionistas
se habrán ido, como en Loreto, o estarán exigiendo subsidios que
pagamos todos, como en Cancún.
El conflicto de Tajamar parece marcar una nueva, y cada
vez más cínica, estrategia de los especuladores costeros. Amparándose
en los permisos otorgados por la Semarnat en 2005,
y haciendo caso omiso a una ley general que explícitamente lo
prohíbe, los desarrolladores del Fonatur entraron de noche y
protegidos con armas, como cualquier delincuente, para enfrentar
a la ciudadanía al día siguiente con el hecho consumado.
El daño ya estaba hecho y, siguiendo una estrategia que ya han
usado en otros lados, argumentar que ya no hay nada que hacer
y mejor nos seguimos. Al cabo, como decimos coloquialmente,
qué tanto es tantito.
No contaban, sin embargo, con la protesta airada de la población
local, primero, y de miles de mexicanos hartos de estas
tretas, después. Las fotos del manglar destrozado y la multitud
de animales muertos llegaron a las redes sociales y la población
reaccionó masivamente. Un juez otorgó la suspensión provisional,
y la destrucción se detuvo, por ahora. La reacción de la
Semarnat ha sido, hasta el momento, lamentable. A pesar de las
sobrecogedoras fotos de iguanas muertas y cocodrilos deambulando
por la tierra devastada, sin nada que comer, el informe
dice que “no se registró durante la ejecución evidencia o existencia
de ejemplares de fauna silvestre durante los desmontes
llevados a cabo”. Los animales muertos, nos argumenta en una
frase ambigua y absurda, sólo “corresponden a la actividad cotidiana
del ecosistema de la zona”.
En diciembre de este año se celebrará en Cancún
la 13º Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica, a poca distancia de los predios
devastados. Lo que podría haber sido una oportunidad
insuperable para mostrar al mundo la riqueza biológica
de México, cuna de especies cultivadas que producen
hoy más del 50 por ciento de los alimentos que consume
la humanidad, corre el riesgo de convertirse en una
vergüenza nacional y en un descalabro para la imagen
del país. ¿No se les ocurrió pensar a los funcionarios del
Fonatur en las consecuencias de su pésima jugada? Pero
más importante aún, ¿no es imprescindible un cambio
de 180 grados al modelo de desarrollo que esta empresa
paraestatal ha promovido en los últimos 30 años, no sólo
por los costos ambientales que ha producido, sino también
porque en el largo plazo han generado una debacle
ambiental y económica en las costas de México?
Realmente celebramos que tantos ciudadanos se
hayan levantado en contra de esta devastación inducida
por la codicia de unos pocos. Si nos mantenemos pasivos,
sólo nos queda esperar que, cuando entre el próximo
huracán por la costa ahora desprotegida y destruya
los resultados de este urbanismo salvaje, el gobierno
federal le vuelva a regalar dinero de los contribuyentes
a los grandes especuladores inmobiliarios. En España,
después del colapso económico de 2008, más de 30 funcionarios
cómplices en la destrucción especulativa de las
costas de Mediterráneo fueron a dar a la cárcel. En México todavía estamos esperando a que se le exija rendir
cuentas a tan sólo uno de ellos.
—
1. La Jornada, 21 (7293): 1, 7—8.
2. http://www.proceso.com.x/?p=213571.
3. Milenio, 22 julio, p. 42, 2008; La Jornada, 22 julio, p. 41,
2008.