La marca del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue la guerra contra las drogas, sin embargo, Fernando Gómez Mont, exsecretario de gobernación durante la administración de Calderón (2006-2012) parece diferir con la opinión del expresidente.
“Después de 50 años de la inauguración en el mundo del enfoque prohibicionista de las drogas, este modelo está agotado, se utilizaron todas las herramientas posibles para hacerlo eficaz”, explicó Gómez Mont durante su participación en el tercer día del foro “Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana”.
Calderón repitió durante su administración que estaba abierto a discutir la legalización de las drogas, pero también aseguró que no creía fuera esa la solución, sin embargo el exsecretario considera que ahora es tiempo de ajustar prohibiciones e identificar los factores que causan la ineficiencia de la ley frente a una medida prohibitiva y enlistó como ejemplos la corrupción, debilidad institucional y falta de legitimidad.
En el panel de debate titulado “Regulación en relación a la seguridad pública”, llamó a reconocer el derecho de las personas a consumir marihuana, siempre y cuando no genere ningún daño a terceros, además enfatizó que la criminalización de los consumidores ha obstruido la atención y acceso de los detenidos, que en realidad son farmacodependientes y no traficantes, a una rehabilitación.
Para el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, “le hemos metido recursos a perseguir a consumidores”, aseguró a finales de 2014 en la revista Expansión, explicó que “eso satura nuestro sistema de procuración de justicia”. y recalcó la necesidad de priorizar delitos violentos, como extorsión o secuestro.
En efecto, de acuerdo con la Encuesta de Centros Penitenciarios Federales, los delitos de la marihuana abarrotan las cárceles mexicanas, pues 59 por ciento de la cantidad de presos lo está por penas relacionadas con el consumo o tráfico de esta droga.
Gomez Mont explicó que, en su opinión, se debe reconocer el derecho de las personas a consumir mariguana siempre y cuando no genere ningún daño a terceros, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Si queremos reforzar los mecanismos de seguridad y la cultura de la legalidad es tiempo de ajustar las prohibiciones, y sólo generar las prohibiciones que tengan un amplio respaldo social y político”, comentó.
Para el exsecretario, la criminalización de los consumidores obstruye la atención y acceso de farmacodependientes a una rehabilitación, cuestionó que haya dinero “para criminalizar a los consumidores, pero no para la rehabilitación”.
Para sostener este punto, la profesora e investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa, presentó cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2006 y 2014 sobre detenciones por posesión y consumo de mariguana, un total de 332 mil en 8 años. Señaló que la ley ha servido para “despresurizar el sistema federal, para que haya menos averiguaciones previas y menos detenidos por este tipo de delitos”, haciendo referencia a la llamada “ley contra el narcomenudeo” de 2009, que consistió en cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. De acuerdo con la académica, esta ley ha disminuido el número de delitos contra la salud procesados a nivel federal, ya que se marca una diferencia entre farmacodependiente y traficante.
Sin embargo, Pérez Correa también indicó que que actualmente se gastan 6414 pesos mensuales para la atención de una persona encarcelada por posesión de marihuana, lo cual llamó un desperdicio de recursos “para perseguir la posesión y consumo de mariguana, en lugar de destinarlos a la atención de delitos que causan más daño a la sociedad, como el secuestro”.
A su vez, Maya Ordorika Imaz, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien pronunció por eliminar el delito de posesión simple de marihuana, postura que compartió la académica del CIDE; Ordorika mencionó que la política prohibicionista de las drogas ha llevado al fortalecimiento de mercados ilícitos, cuya actividad ha debilitado a las instituciones.
Ordorika Imaz añadió que las políticas actuales no han logrado reducir la oferta de drogas y, en cambio, ha generado que las autoridades caigan en prácticas contrarias a los derechos humanos como la tortura y la desaparición forzada.
Gómez Mont coincidió, al subrayar que dicho enfoque crea un mercado negro cuyas ganancias crecen en la medida en que haya más y más medidas restrictivas, y que sólo se puede debilitar si se regula gradualmente, comenzando por la marihuana.
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Con información de Aristegui Noticias