De acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se intensificó las últimas semanas, incluso fuera del estado de Guerrero, siguiendo cuatro nuevas líneas de investigación derivadas de declaraciones de los detenidos, dijo Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos.
Luego de la
creación en respuesta a sus demandas, de una unidad especializada para la
búsqueda de desaparecidos en octubre pasado, los padres y abogados de los 43 estudiantes mexicanos se
reunirán el jueves 14 con Arely Gómez, procuradora General de la República,
para conocer los avances de las nuevas líneas de investigación,
Campa
asegura que “se está trabajando de manera exhaustiva en las cuatro
líneas”, y precisó que se han realizado 600 operaciones de búsqueda,
incluidas en el Estado de México, donde se han hecho 40 operativos, y en Puebla.
Aunque
la versión oficial sostiene que los
estudiantes habrían sido asesinados en el basurero de Cocula, hay otras tres
hipótesis sobre nuevos sitios que podrían ser el destino a donde fueron
llevados los muchachos.
En
lo que coinciden tanto el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y las autoridades es que la noche del 26 de septiembre
de 2015, policías atacaron brutalmente a los estudiantes en Iguala, quienes desaparecieron
cerca de la media noche a manos de uniformados del vecino municipio de Cocula y
de integrantes del cartel de Guerreros Unidos.
La gran pregunta
Para
Roberto Campa, al igual que para los padres, “La gran pregunta es: ¿qué
hicieron con los muchachos después de desaparecerlos?”.
El
entonces procurador Jesús Murillo Karam dijo en diciembre de 2014 que los
jóvenes fueron llevados a un remoto basurero de Cocula, donde habrían sido
asesinados e incinerados, y sus arrojados en bolsas de plástico al cercano río
San Juan.
Esta
versión es rechazada por familiares de las víctimas y puesta en duda por el
grupo de expertos que coadyuva en la investigación, bajo el argumento de que no
hay pruebas de un incendio esa noche en el basurero capaz de reducir casi a
cenizas más de 40 cadáveres.
La
fiscalía se ha comprometido a integrar un nuevo grupo de expertos para realizar
otro peritaje en el basurero.
Eeclaraciones
del sicario detenido Marco Antonio Ríos Berber, quien confesó que trece
estudiantes habrían sido trasladados esa noche a Pueblo Viejo, un paradero en
la periferia de Iguala que conduce a un cerro de tupida vegetació,n alimentan
la segunda hipótesis.
De
acuerdo con Ríos Berber, nueve de los estudiantes habrían sido asesinado a
balazos, rociados con gasolina y calcinados y cuatro más golpeados, amarrados y
abandonados inconscientes en ese lugar.
Vecinos
que habitan humildes casas de madera en Pueblo Viejo, dijeron que la noche de
la tragedia vehículos y patrullas recorrían levantando la tierra del camino que
sube al cerro y recordaron haber escuchado gritos.
Otra
versión está vinculada a la declaración de un detenido que dijo que un grupo de
jóvenes habría sido trasladado a una casa Lomas de Zapatero, un humilde barrio
de estrechas y polvorientas calles enclavado en las faldas de la sierra cercano
a Pueblo Viejo.
En
octubre de 2014 la prouradiría dijo que un pistolero había confesado que 17
estudiantes habían sido asesinados y quemados en Pueblo Viejo.
A pesar de que en
días posteriores a la desaparición, un ejército de peritos forenses con
vehículos especiales, perros detectores de restos humanos y sofisticados
aparatos rastrearon los cerros donde fueron descubiertas decenas de fosas
clandestinas, ninguna correspondía a los 43 estudiantes.
La
cuarta hipótesis se origina en las declaraciones de uno de los conductores de
los autobuses en los que viajaban los jóvenes antes de desaparecer, que habría
escuchado decir a policías, mientras lo tenían detenido con los estudiantes,
“ya vienen los de Huitzuco” por los estudiantes.
El
municipio de Huitzuco, es cercano a Iguala y Cocula, donde el cartel de
Guerrero Unidos mantiene una violenta disputa con la organización criminal de
Los Rojos.
De
acuerdo con las autoridades, el motivo del ataque de los policías coludidos con
Guerreros Unidos a los jóvenes fue que temían que entre ellos hubiera
infiltrados de Los Rojos.
“El
esfuerzo que se ha hecho en estas últimas semanas es extraordinario”, dijo
Roberto Campa, quien admite que el grupo de expertos de la CIDH, cuyos
integrantes mantienen reuniones cotidianas con las autoridades, ha sido
fundamental para recuperar la confianza de los familiares en la investigación.
Los
familiares suspendieron el diálogo con las autoridades tras la impactante
revelación del basurero de Cocula que el exfiscal definió como “la verdad
histórica”.
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Con información de AFP/LeticiaPineda