“Atacaron mi casa pero no se llevaron nada”, afirma Anabel Hernández al describir el allanamiento de su casa en la Ciudad de México, ocurrido en noviembre. “Había dinero en la mesa, pero no tomaron un centavo. Buscaban mis archivos. Fue un acto de intimidación”.
Hernández, autora del exitoso libro Los señores del narco, es una de las periodistas de investigación más importantes de México. El allanamiento, ocurrido noviembre, fue el más reciente de una larga cadena de amenazas de muerte y agresiones que ha enfrentado por su trabajo, en el que desenmascara la relación entre los cárteles de la droga en México y los funcionarios públicos corruptos.
Actualmente, Hernández realiza dos investigaciones muy importantes: la desaparición, ocurrida en agosto de 2014, de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México, y la fuga en junio pasado de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más poderosos de México, de una prisión de máxima seguridad. “Son investigaciones que han hecho que el gobierno se sienta muy incómodo”, dice. Y también la han convertido a ella en blanco.
El allanamiento de la casa de Hernández en noviembre fue una más de las diferentes agresiones contra prominentes periodistas mexicanos ocurridas en ese mes. El 20 de noviembre, alguien atacó el departamento de Gloria Muñoz Ramírez, directora del sitio web de noticias Desinformémonos. Esto ocurrió una semana después de que varios piratas informáticos atacaron el servidor de Desinformémonos.
Pocos días después, Maite Azuela, columnista de El Universal, uno de los periódicos más prominentes de México, recibió una carta en el correo. Contenía una foto de Azuela con los ojos pintados de negro y un escalofriante mensaje garabateado abajo: “Sé dónde vives y voy a matarte”.
Desde hace mucho tiempo, los periodistas en México han enfrentado la violencia y la intimidación por parte de los cárteles, por un lado, y de las autoridades gubernamentales corruptas, por el otro. Pero de acuerdo con Artículo 19, un grupo internacional de defensa de derechos humanos que defiende la libertad de expresión, en los últimos años ha habido un pronunciado aumento en los ataques en este país.
Durante la presidencia de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, hubo, en promedio, un incidente contra periodistas cada dos días. En el régimen del actual presidente Enrique Peña Nieto, el promedio ha aumentado a uno cada 22 horas. Desde 2000, 16 periodistas en el país han sido declarados desaparecidos y 88 han sido asesinados, siete de ellos únicamente en 2015. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México es el lugar más peligroso para ser periodista en todo el Continente Americano, ya que aproximadamente un tercio de los homicidios documentados de periodistas desde 2010 ha ocurrido en el país.
“Es una crisis nacional”, dice Darío Ramírez, de Artículo 19 en México. “Hay agujeros negros de información en todo el país donde nadie sabe qué ocurre”.
A Hernández y muchos otros, lo que más los enfada es la impunidad. A pesar de las docenas de homicidios y ataques contra periodistas, ha habido pocos arrestos y aún menos condenas: “El sistema penal es pésimo”, señala Carlos Lauría del Comité para la Protección de los Periodistas. “No hay un sentido del castigo”.
UNA INVESTIGACIÓN de Lydia Cacho para Newsweek en Español desenmascaró una guerra entre políticos corruptos y ambiciosos hombres de negocios, y ella empezó a recibir una nueva ronda de amenazas de muerte. FOTO: ANTONIO CRUZ/NW NOTICIAS
Ha habido medidas simbólicas. En 2012, el gobierno de Peña Nieto creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que determinó el año pasado que la situación de Hernández era de “un riesgo extraordinario”. Pero sin un compromiso para investigar y enjuiciar a los delincuentes, Hernández dice que tales autoridades son totalmente inútiles. “No ha habido ninguna investigación sobre la incursión en mi casa”, dice. “Esta clase de impunidad demuestra que estas instituciones simplemente no funcionan”.
Hubo una protesta internacional cuando el reportero gráfico Rubén Espinosa fue asesinado en la Ciudad de México en julio. El incidente desencadenó una onda de choque en todo el país porque, aunque los ataques contra reporteros se han vuelto comunes en muchos estados atormentados por la larga guerra contra el narcotráfico en el país, el brutal asesinato de un periodista conocido en la capital de la nación no tenía ningún precedente. “Lloré durante tres semanas”, dice la reportera Thalía Güido. “Todos pensábamos que la Ciudad de México era una burbuja, pero cuando Rubén fue asesinado, todo se rompió. Nos dimos cuenta de que la burbuja no es intocable, y que la romperán siempre que quieran”.
A sus veintiséis años, Güido apenas comienza su carrera, pero comprende demasiado bien el peligro que enfrenta. “Me han hackeado mi cuenta de correo electrónico. Sé que me vigilan”, dice. “No por quién soy, sino por las personas con las que he trabajado”. Guïdo fue tutelada por Marcela Turati, otra periodista de investigación muy respetada, que creó Periodistas de a Pie, una organización que aspira a mejorar la calidad del periodismo mexicano a través de la formación y la colaboración.
Turati también ha recibido amenazas de muerte, pero dice que, a pesar de ello, el asesinato de Espinosa le produjo una inmensa conmoción: “Dio entrevistas para la TV unas semanas antes de ser asesinado, diciendo que se sentía en peligro. Pidió la protección de grupos de defensa de los derechos humanos y de organismos gubernamentales. Y trabajó en compañías de medios de comunicación nacionales. Pero su muerte nos mostró a todos que nada funciona, ni la visibilidad, ni trabajar en medios importantes, ni el gobierno. Nada puede mantenerte seguro”.
Luego de protestas masivas en la Ciudad de México por el homicidio de Espinosa, el presidente Peña Nieto se vio obligado a hablar claro. Dijo en una conferencia de prensa, “los abogados y fiscales están comprometidos a redoblar sus esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas”.
A pesar de tales promesas, incluso el caso de Espinosa, que tenía un alto perfil, fue estropeado por malos manejos y confusión de pruebas por parte del departamento de justicia de la ciudad, los cuales están bien documentados. “Estamos en la misma laguna oscura en la que estábamos el día que esto ocurrió”, dice Turati.
Espinosa trabajaba en el estado mexicano de Veracruz y era un crítico conocido de su gobernador, Javier Duarte. Durante el gobierno de Duarte, Veracruz se ha convertido en el lugar más letal del país para la práctica del periodismo: Espinosa fue el periodista número 14 de los que informaban desde Veracruz en ser asesinado durante el régimen de Duarte.
“El estado es un caldo venenoso”, señala Jorge Morales, que trabaja en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz. Antes de unirse a la comisión, Morales fue periodista durante 15 años y experimentó en numerosas ocasiones la intimidación y la violencia. También trabajó con Espinosa y con muchos de los periodistas asesinados en ese estado. “Aquí, todo está sujetado con alfileres”, dice. “El gobierno trata de eliminarnos”.
Veracruz no es el único estado en problemas. De acuerdo con Article 19, cerca de 80 por ciento de los ataques contra periodistas ocurren fuera de la Ciudad de México. Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca han visto un pronunciado aumento en el número de ataques contra periodistas en los últimos 12 meses. Muchos de estos estados están envueltos en la violencia relacionada con las drogas. Pero ni siquiera los estados más tranquilos son inmunes: Quintana Roo, que alberga importantes centros turísticos como Cancún y la Riviera Maya, tiene el segundo índice más alto de ataques contra periodistas del país.
Lydia Cacho es otra de las periodistas de investigación más acreditadas e influyentes de México. Desde hace mucho tiempo, ha informado sobre la violencia y el abuso sexual contra mujeres y niños. Desde 1986, ha vivido en Cancún, excepto cuando las amenazas de muerte la han obligado a huir del país.
La investigación más reciente de Cacho para Newsweek en Español, “Tulum, tierra de ambición”, publicada en septiembre, desenmascaró una guerra entre políticos corruptos y ambiciosos hombres de negocios, en la que los terratenientes locales estaban atrapados en el medio. Después de la publicación del artículo, Cacho empezó a recibir una nueva ronda de amenazas de muerte. Luego se produjeron ataques en línea.
Mientras el reportero Javier Solórzano entrevistaba a Cacho el 8 de septiembre, el sitio web a través del cual se transmitía en vivo la entrevista fue hackeado y cerrado. De acuerdo con Cacho, esto también es cada vez más común. “Están encontrando formas cada vez más sofisticadas de atacarte y humillarte en línea”, dice. “Después de las amenazas de muerte, de los anuncios en mi contra pagados en Facebook, de los homicidios en todo el estado, mis consejeros de seguridad me dijeron que no debía estar en Quintana Roo”.
Cacho dice que la tensión y el trauma de trabajar en tales condiciones con frecuencia se subestiman. “La mayoría de mis amigos que han sido asesinados por hacer este trabajo estaban emocionalmente exhaustos”, dice Cacho. “Empezaron a volverse descuidados, usando aplicaciones y herramientas en línea que eran fácilmente localizables. ‘Van a encontrarme de todos modos’, decían”.
No todas las agresiones contra periodistas se producen en formas violentas o como ataques en línea; a menudo son chantajes o sobornos, conocidos coloquialmente como “chayotes”. Cacho dice que le han ofrecido numerosos sobornos, entre ellos, 3 000 dólares que le ofrecieron recientemente para escribir una columna favorable acerca de un político a quien declinó nombrar. Cuando se negó, la persona nombró a varios periodistas que habían aceptado la “donación”.
“Son las mismas viejas técnicas de plata y plomo”, afirma John Ackerman, escritor y catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Por una parte, compran lealtades y, por la otra, disparan, intimidan y asesinan”.
Como resultado, la población en general desconfía de los medios de comunicación, particularmente de los más convencionales. “Las personas consideran a la prensa como vendida”, dice Turati. “Laven como su enemigo”. La consecuencia, dice Ackerman, es “un estado autoritario donde se evita la discusión pública y el debate. México ya no es una democracia”.
Esto, para muchos, es el quid del problema. “Estos ataques contra periodistas son, sobre todo, ataques contra el derecho humano fundamental de la libertad de expresión”, señala Hernández, la periodista de investigación. “La víctima final es una sociedad que ya no tiene acceso a la verdad”.