“Yo fui chavista y orgulloso de serlo. Pero, ¿cómo puedo
seguir así cuando mi sueldito no me alcanza para darle comida a mis hijos? Me
he dado cuenta de que son incompetentes”: Rodrigo Durán, venezolano después de
emitir su voto.
La revolución bolivariana sufrió el pasado domingo 6 de
diciembre el más severo y duro revés desde que Hugo Chávez llegó al poder de
Venezuela en 1998. La oposición, representada en la Mesa de Unidad Democrática,
obtuvo 112 curules de las 167 que conforman la Asamblea Nacional. De esta
forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de Nicolás Maduro, se
tendrá que conformar con 55 diputados.
Ese número de legisladores le da a la oposición una
mayoría calificada que le permitiría, entre otras decisiones, la designación
del presidente y demás cargos en el Parlamento o emitir un voto de censura a ministros
y al vicepresidente, lo que implicaría su destitución.
Sin embargo, hay que dimensionar con precisión el límite
de sus facultades. Por ejemplo, para remover del cargo al fiscal, al contralor,
a los integrantes del Consejo Nacional Electoral o para solicitar un juicio al presidente
o declararlo incapaz mentalmente para gobernar, requiere la aprobación previa
del Tribunal Supremo de Justicia, hoy bajo el control del mandatario. Además,
para promulgar las leyes que aprueben, se requiere la firma del Ejecutivo.
Por el contrario, con 112 diputados de un total de 167, la
oposición puede proceder a aprobar leyes orgánicas, aunque estas todavía tienen
que ser firmadas por el presidente; también puede designar a los poderes
Judicial y Electoral, aunque a través de un complejo procedimiento y, lo más
importante: podría reformar la Constitución o convocar a una Asamblea
Constituyente.
De hecho, fue exactamente lo que pasó en 2009, cuando el
presidente Hugo Chávez gozaba de una amplia mayoría en el Parlamento, y con los
votos de 156 diputados contra once de la oposición, se sometió a referendo y
promovió la aprobación de una nueva Constitución, sobre la que fundó su modelo
de país.
Conscientes de lo que se puede y no se puede hacer, hoy
más que nunca la oposición debe ser inteligente y mesurada. Un error podría
echar abajo lo que le costó construir a lo largo de los últimos diecisiete años.
Pero sobre todo, debe tener cuidado de una reacción virulenta por parte del
régimen de Maduro.
¿GOLPE DE ESTADO DE
FACTO?
Analistas internacionales advierten que, tras esta derrota
en las elecciones legislativas, Nicolás Maduro podría recurrir a un golpe de
Estado de facto. No la tendrá fácil por el ambiente nacional e internacional
adverso caracterizado por una economía en quiebra en buena medida por la caída
en los precios internacionales del petróleo, inflación de tres dígitos (la más
alta del planeta), desabasto de productos básicos y un entorno internacional
nada favorable.
No es esta la primera vez que el oficialismo enfrenta una
derrota… y que le da la vuelta con artilugios legaloides. En 2008, Antonio
Ledezma ganó la alcaldía de Caracas, la segunda posición más importante del país
después de la presidencia.
Inmediatamente, la Asamblea Nacional, controlada entonces
por Hugo Chávez, creó una figura por encima de la alcaldía: el “Distrito
Capital”, y designó al frente a una de sus incondicionales, quien además
recibió todo el presupuesto que le correspondía ejercer. El opositor inició una
huelga de hambre, pero nada ocurrió.
Algo similar podría pasar ahora. Antes del 5 de enero,
cuando los nuevos diputados rindan protesta, Maduro podría poner en marcha una
institución por encima de la Asamblea Nacional.
En 2010, Hugo Chávez aprobó la Ley Orgánica del Poder
Popular que contempla la creación de 18 000 “comunas” para “el ejercicio
directo del poder”, muy al estilo de Cuba. Esas comunas estarían en posibilidad
de elegir una “Asamblea del Poder Popular” que sustituiría a la actual Asamblea
Nacional.
Paralelamente, no sería descabellado que Maduro trate de
cooptar legisladores de la oposición, incluso bajo amenazas, y de “inhabilitar”
a otros mediante argucias judiciales para mantener el control de la Asamblea
Nacional.
LA ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN
Hace unos días tuve la oportunidad de hablar vía
telefónica con una de las lideresas de la oposición en Venezuela: la exdiputada
María Corina Machado. Maduro —me dijo— debe entender el mensaje de las urnas y
hacerse a un lado, facilitar su salida del poder de manera inmediata y de la
forma menos traumática.
“Si entiende lo que le conviene, por su propio bien, el de
los suyos y por el bien de toda Venezuela, su salida debe darse lo antes
posible”. Advirtió que, de negarse, desde la Asamblea Nacional se podría
promover un referéndum revocatorio, aunque aceptó que una decisión así
agudizaría la crisis humanitaria que vive el país.
Por lo pronto, aseguró que urgen cambios en lo político y
lo social, pero reconoció que para que sean efectivos, deben ir acompañados de
un “acuerdo político nacional”. El cambio de régimen, la transición —insistió—,
debe darse lo antes posible porque “Maduro y su régimen no están ni en la
capacidad, ni en la disposición de hacer estas reformas”.
Entre las acciones que deben emprenderse de manera
inmediata, citó la liberación de los presos políticos; desmontar todos los
controles y obstáculos que enfrenta el aparato productivo del país; fortalecer
las cadenas de comercialización para hacerlas eficientes y transparentes para
frenar el desabasto; arrebatar a las mafias el control del tipo de cambio;
restaurar el Estado de Derecho y garantizar el respeto a la propiedad privada.
“El domingo (6 de diciembre) se derrotó al miedo y eso es
lo más importante. Venezuela emitió un grito de libertad. Estamos superando
modelos que se quisieron imponer desde el autoritarismo, el populismo y el
centralismo por encima del ciudadano y de la sociedad libre, y lo hemos
derrotado”.
Más moderado, el excandidato presidencial Henrique
Capriles aseguró que el fin del chavismo se gestionará con cautela. “Esta no
será la Asamblea de la revancha”, dijo al pedir a los nuevos legisladores
actuar con humildad, madurez y mucha serenidad”.
LA GUERRA QUE VIENE
Por lo pronto, Nicolás Maduro solicitó la renuncia de su
gabinete en pleno. Durante su programa radiofónico semanal ‘En contacto con
Maduro’, el mandatario declaró la “guerra institucional” a la Asamblea Nacional
que se instalará en enero.
“A cada medida que tome la Asamblea le tendremos una
reacción constitucional, revolucionaria y, sobre todo, socialista”, advirtió.
De hecho, anunció que vetará la ley de amnistía para liberar a los presos
políticos que la oposición adelantó que aprobará al instalarse la nueva
Asamblea.
El jueves 10 de diciembre, convocó a un Congreso
Extraordinario con 980 delegados del PSUV para cerrar filas en torno al jefe
del Estado y diseñar la estrategia que permita dar continuidad al modelo
bolivariano.
Como parte de esas medidas, el sábado 12 de diciembre Maduro
promulgó una Ley de Estabilidad Laboral para proteger a los empleados y
funcionarios del Estado durante tres años, y también otorgó en comodato a la
Fundación Hugo Chávez, por dos siglos, las instalaciones del Cuartel de la
Montaña donde reposan desde 2013 los restos del líder revolucionario, ante el
temor de que el nuevo Legislativo ordene su retiro.
Además, el actual presidente de la Asamblea, Diosdado
Cabello, el número dos del chavismo, también dijo que, antes de que concluya la
Legislatura, se nombrará a los magistrados para doce cargos vacantes en el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De esta forma, el chavismo usaría la máxima
corte como frente de contención contra los mandatos de la nueva asamblea.
La guerra está declarada. El chavismo se niega a morir y
la oposición tendrá que actuar con mucha inteligencia para evitar que lo
ganado, se vuelva en su contra. Venezuela necesita hoy más que nunca el apoyo
de la comunidad internacional para acelerar su transición, y así poner fin a
uno de los regímenes más antidemocráticos, autoritarios e ineficientes que haya
conocido el planeta.