“Clavamos el primer clavo en el ataúd del prohibicionismo”. Con esa frase, en extremo optimista, Juan Francisco Torres Landa, uno de los promotores del amparo interpuesto ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió el histórico fallo que le concede —junto a otras tres personas— el derecho a consumir marihuana de manera personal y con fines recreativos.
Sin embargo, el gobierno federal se encargó de atajar de manera inmediata ese optimismo. De entrada, tanto el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, como el consejero jurídico, Humberto Castillejos, puntualizaron que este fallo no legaliza el consumo, comercialización o trasiego de esta droga, y que estas actividades siguen siendo ilícitas, por lo que serán perseguidas y sancionadas por el Estado mexicano conforme a las leyes vigentes.
Y aunque eso no era lo que buscaban los promoventes del recurso, ya que han expresado que se trataba de un “litigio estratégico” para generar un debate a escala nacional, lo cierto es que, al marcar un hito en la forma en que el país ha abordado el tema, la implementación de la resolución judicial tendrá que enfrentar varios obstáculos.
Una vez que la Corte envíe el engrose de su resolución, será la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la que otorgue a Josefina Ricaño, Pablo Girault, Armando Santacruz y al propio Torres Landa los permisos correspondientes para “sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante” para su consumo estrictamente personal.
El mismo día de la resolución, Mercedes Juan, titular de Salud, advirtió que la Corte reconoció “que este estupefaciente sí causa daños a la salud”, por lo que anunció que se establecerán “requisitos para el autoconsumo de esas personas”, entre ellos, velar porque no se realice delante de niños, ni afecte a terceros.
Esto, en los hechos, implicaría una vigilancia permanente sobre los cuatro beneficiarios del amparo, en lugares distintos (ninguno de ellos ha dicho que pretendan consumirla siempre juntos y en un mismo espacio, si es que llegan a hacerlo), y sin que se haya determinado si serían inspectores de la Cofepris o policías los que estarían a cargo de esa supervisión.
En el supuesto de que no fueran los únicos que obtuvieran un amparo similar, cabe preguntarse cuántos agentes tendrían que ser desplegados para realizar esas tareas de vigilancia.
Por otro lado, aunque la Ley contra el Narcomenudeo promulgada en 2009 establece que cada ciudadano puede portar hasta 5 gramos de cannabis sativa o marihuana, sin riesgo a ser procesado penalmente, no está determinado cuántas plantas son las que se pueden sembrar para garantizar ese “consumo personal”.
Tampoco se sabe de dónde vendrían las semillas, ya que su adquisición podría ser considerada violatorio de la ley. De hecho, el único voto en contra del dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, vino de Jorge Pardo Rebolledo, quien argumentó que el proyecto no contemplaba justamente eso.
“Dónde se va a adquirir. No se puede garantizar el autoconsumo si para iniciar la cadena se comete un delito. Se tiene que comprar antes y la compra de marihuana todavía se castiga de manera penal. No puedo coincidir con el otorgamiento del amparo, no porque no comparta las razones del proyecto, sino por esta razón inicial”. Esa responsabilidad es tarea del Poder Legislativo.
LA TAREA DEL CONGRESO Y LA JURISPRUDENCIA
Al conceder este amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), los ministros declararon “parcialmente inconstitucionales” los artículos 235, 237, 245 y 248 de la Ley General de Salud, por lo que el Poder Legislativo tendría que aprobar las reformas para hacer compatible esta normatividad con la Carta Magna, lo que no se ve próximo ni fácil.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el panista Elías Íñiguez, se dijo totalmente en contra de la decisión del máximo tribunal del país. Explicó que es previsible que este aval provocará que más personas se hagan adictas a esta droga sin que existan instalaciones, médicos y presupuesto suficientes para atenderlos.
El Estado mexicano, añadió, gasta entre 7000 millones y 10 000 millones de pesos para atender a los adictos al alcohol o las drogas, y esta cifra se multiplicaría, dijo, gracias a esta autorización.
Con esta percepción coincidió Carmen Fernández Cáceres, directora de los Centros de Integración Juvenil, quien apuntó que la marihuana se ha convertido en la principal droga de consumo en veinticinco entidades del país, superando al alcohol y al tabaco, entre los menores de edad que llegan a estas instituciones.
La funcionaria señaló que hay un crecimiento del 17.1 por ciento en el consumo de esta droga, al pasar de 70.3 por ciento en 2008 a 87.4 por ciento en 2014.
Sin embargo, la senadora independiente Martha Tagle aceptó que tras la decisión de la Corte, el Congreso tiene que modificar la Ley General de Salud para homologarla con la Constitución y sacar la marihuana de la tabla 1 de drogas duras, para darle un tratamiento distinto. También anunció que en las próximas semanas se presentarán dos iniciativas que han trabajado con organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, para permitir el uso de esta droga con fines recreativos y medicinales.
Las autoridades federales fueron enfáticas en subrayar que el amparo sólo beneficia a las cuatro personas de la organización SMART. No obstante, ante la posibilidad de que otros ciudadanos o grupos promueven recursos legales similares, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Marcos Castillejos, señaló los requisitos para que el fallo se convirtiera en jurisprudencia.
Si hubiera “cinco criterios seguidos, sin ninguno en contra, en el mismo sentido por parte del mismo órgano judicial, esto es de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, todos los jueces estarían obligados a acatar la resolución en ese mismo sentido.
Finalmente, el vocero presidencial precisó que este fallo “no modifica en absoluto ninguna de las políticas de combate al crimen organizado”, ni las tareas que el gobierno de la república realiza contra el trasiego y la comercialización de estupefacientes.
Es más, Mercedes Juan, secretaria de Salud, anunció que a partir de esta decisión de la SCJN, se reforzará la regulación sanitaria para prevenir las adicciones y para controlar de manera más estricta su consumo. De esta manera, ante el optimismo desbordado por el “histórico sí”, queda demostrado que la posible regulación del consumo de la marihuana con fines lúdicos y medicinales en México, recorrerá todavía un sinuoso camino lleno de obstáculos.
Pese a todo, el primer paso está dado y los vientos del cambio ya soplaron.