Hay un viejo dicho: si vas atacar al rey, asegúrate de matarlo.
En el caso del director chileno y general Augusto Pinochet, cinco presidentes de Estados Unidos –desde Jimmy Carter hasta George W. Bush– tuvieron un arma potencialmente letal que usar en su contra pero nunca la desataron. Así fue hasta que el Departamento de Estado en octubre hizo públicos documentos que contienen evidencia convincente desde fecha tan temprana como 1978 de que Pinochet dio la orden de asesinar a Orlando Letelier en Washington, D.C. Sin embargo, para entonces el rey había muerto; Pinochet murió en su cama en 2006. En ese momento, él estaba bajo una investigación judicial por crímenes a los derechos humanos, pero nunca fue sentenciado.
El 21 de septiembre de 1976, un agente chileno plantó un coche bomba que mató a Letelier y Ronni Moffitt, una estadounidense que estaba con él, mientras manejaban por Massachusetts Avenue. El marido de Moffitt, Michael, quien trabajaba para Letelier, también estaba en el auto y sobrevivió. Letelier, un ex embajador ante Estados Unidos, había servido como funcionario de alto rango en el gobierno izquierdista del presidente Salvador Allende, quien fue derrocado en un golpe de estado encabezado por Pinochet en 1973. Exilado en Washington después de pasar un año en un campo de prisioneros, Letelier tenía un acceso privilegiado a los círculos de poder de D.C. y era la voz más influyente en EE UU en oponerse a la dictadura de Pinochet.
Una investigación del FBI llevó a la acusación en 1978 de varios oficiales chilenos, incluido el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, general Manuel Contreras, y un grupo de cubanos anticastristas que llevaron a cabo el bombazo. Pero Pinochet salió indemne de la investigación, y aceptó entregar al agente de la dirección que construyó y plantó la bomba, un estadounidense llamado Michael Townley.
Mientras el FBI hacía arreglos para llevar a Townley de vuelta a EE UU para enfrentar cargos, la CIA escarbaba en sus abundantes fuentes entre los militares y civiles derechistas en Chile sobre el bombazo. La agencia tenía relaciones estrechas con ellos porque durante el régimen de Allende había trabajado con las organizaciones chilenas más furibundamente anticomunistas para minar al gobierno socialista y promover su derrocamiento.
Un informe de la CIA fechado el 28 de abril de 1978 y enviado a Washington mostraba que la agencia ya tenía pruebas de la participación de Pinochet en el asesinato. “Contreras dijo a un confidente que él autorizó el asesinato de Letelier bajo órdenes de Pinochet”, dijo el informe, según el documento recientemente desclasificado.
Un documento del Departamento de Estado hacía referencia a ocho informes distintos de la CIA de más o menos la misma fecha, cada uno obtenido de “informantes en extremo delicados” que dieron evidencias de la participación directa de Pinochet en la orden de asesinato y en dirigir el encubrimiento subsecuente. Newsweek mostró los informes al agente especial Carter Cornick, quien trabajaba para el FBI en Santiago, Chile, en abril de 1978. “Como se podría sospechar, nada de esto era nuevo para nosotros por entonces”, dice él.
A Cornick y su compañero Robert Scherrer se les acredita con la resolución del asesinato de Letelier. Cornick ahora está retirado y vive en Virginia, en las afueras de Washington. Él dice que la información en contra de Pinochet eran “rumores”, recopilados de gente que podría hablar con la CIA pero nunca aparecería en una Corte. No era posible acusar formalmente a Pinochet, pero había otro factor en la decisión del gobierno de EE UU de no revelar lo que sabía. “Los intereses de EE UU, según el [Departamento de] Estado”, dice Cornick”, “eran que Chile era un país no comunista en Latinoamérica y por lo tanto no se justificaba más acción punitiva en su contra”.
En 1980, con la elección del presidente Ronald Reagan, un conservador de la Guerra Fría, hubo un nuevo embajador ante Chile, James Theberge, quien pensaba de manera similar. Según un documento nuevo, Theberge criticó el daño provocado por medidas “punitivas” en contra de Chile durante la administración previa de Jimmy Carter, una referencia a las investigaciones, juicios y presión para obtener la extradición de los acusados en el caso Letelier. Él dio instrucciones a su personal para que dirigiese sus acciones a otra cosa, diciendo: “A mi juicio y el del alto personal, el caso Letelier no tiene posibilidades de éxito”.
A principios de la década de 1980, Chile experimentaba el primer movimiento popular en protesta contra Pinochet, y grupos de oposición en la izquierda y el centro se habían unido para presionar por un regreso a la democracia. La revelación pública de que estados Unidos consideró a Pinochet culpable de un asesinato terrorista hubiera tenido un impacto enorme a favor del movimiento por la democracia, según Sergio Bitar, un ex ministro del gobierno y líder exilado por entonces.
Juan Gabriel Valdés, el embajador chileno ante Estados Unidos, está de acuerdo. “Hubiera tenido un impacto catastrófico en Pinochet”, dice él. “Estados Unidos pudo haber cambiado la historia con simplemente acusar al hombre culpable de un crimen cometido en su capital, a lo cual tenía todo el derecho y el poder para hacerlo”.
El Departamento de Estado encabezado por republicanos planteó de nuevo el asunto en los años finales de la administración de Reagan. El departamento le prestaba una atención nueva a los derechos humanos, en especial como una manera de mantener una presión diplomática a la Unión Soviética. Chile todavía era una dictadura, pero en 1987 Pinochet anunció que celebraría un plebiscito, con él como candidato único, una acción pensada para prolongar su gobierno por otra década.
Los documentos recientemente publicados muestran que el secretario de Estado de Reagan, George Shultz, trataba de convencer al Presidente que era hora de que Estados Unidos “trabajase por la democratización completa de Chile”. No es de sorprender que el principal argumento de Shultz fuera que otra década de dictadura de Pinochet “sería tremendamente peligrosa para Chile y la región en general; inevitablemente llevaría a una polarización seria de la población chilena y a un fortalecimiento significativo del gran (y creciente, gracias a Pinochet) partido comunista dependiente de Moscú”.
La verdadera sorpresa en el memorando de Shultz, fechado el 6 de octubre de 1987, es lo que dijo sobre el papel de Pinochet en los asesinatos de Letelier y Moffitt. Shultz citó un informe que contenía “lo que nosotros [la CIA] consideramos evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevase a cabo los asesinatos”. Pinochet también encabezó el encubrimiento para ocultar su participación en la investigación de Estados Unidos, continúa el informe, añadiendo un detalle nuevo y escalofriante: Pinochet estaba considerando “incluso la eliminación de su ex jefe de inteligencia [Contreras]”.
La información de la CIA dada a Shultz es similar en alcance y contenido a los informes que la agencia produjo en 1978. Pero Shultz dijo que el nuevo informe era más contundente. “La CIA nunca antes ha sacado y presentado su conclusión de que existe evidencia tan contundente del papel dirigente [de Pinochet] en este acto de terrorismo”, dijo él a Reagan.
Shultz planteó la posibilidad de acusar formalmente a Pinochet, asumiendo que pudieran obtenerse “fuentes más públicas de evidencia”. La naturaleza referencial de la información dificultaba la acción legal, pero EE UU podría haberla revelado como una declaración política. “Esto”, continuó Shultz, “es un ejemplo flagrante de la participación directa de un jefe de Estado en un acto de terrorismo estatal, uno que es especialmente perturbador tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno es en lo general considerado como amistoso”. Sin embargo, por cualquiera que haya sido la razón, la Casa Blanca objetó.
La oposición finalmente prevaleció en el plebiscito con una campaña de “no” contra Pinochet. Chile celebró elecciones en 1990, y un nuevo presidente, apoyado por la alianza Concertación de partidos políticos de centro-izquierda, restauró una democracia limitada. Pero el generalísimo conservó su influencia como jefe de las fuerzas armadas hasta 1998.
En octubre de ese año, hubo otra oportunidad histórica para que Estados Unidos anunciara lo que sabía sobre el general chileno. Pinochet fue detenido en Londres bajo cargos de derechos humanos asociados con los asesinatos de la Operación Cóndor, incluido el de Letelier. El presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de 23 000 documentos sobre Chile relativos a los derechos humanos, pero mantuvo oculto el memorando de Shultz y los informes de la CIA sobre Pinochet.
Aun cuando lamenta el secreto prolongado, Valdés, el embajador chileno, dice que está profundamente agradecido con la administración de Obama por publicar con rapidez los documentos después de que él hizo una petición formal a nombre de su gobierno.
Al leerlos hoy, uno todavía puede ver las marcas en los documentos de la revisión de 1998: “SECRETO” y “NEGAR”. Ahora las palabras están tachadas. Décadas después de que la CIA descubrió la evidencia de la culpabilidad de Pinochet, finalmente presenta un sello simple e inequívoco: “HÁGASE PÚBLICO EN SU TOTALIDAD”.
——
John Dinges es el autor de dos libros sobre el asesinato de Letelier y otros crímenes contra los derechos humanos en el Cono Sur: Assassination on Embassy Row (Open Road) con Saul Landau y The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents (The New Press).
——
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek