¿Hay algún estadounidense que no puede recitar de memoria las numerosas acusaciones contra los inmigrantes indocumentados dirigidas por los políticos? Son violentos, infractores de la ley, peligrosos. Les quitan los trabajos a los ciudadanos. Proporcionarles servicios sociales cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes. Y luego están las soluciones propuestas: Washington debe deportar a los millones de personas que están en el país ilegalmente y construir un muro en la frontera con México para impedirles que vuelvan.
Muchas personas creen en todo esto, pero ¿qué tanto es verdad? ¿Las soluciones propuestas serían eficaces, y a qué costo?
Las respuestas no son las que la mayoría de los estadounidenses, conservadores o liberales, desean oír. Aparte de su infracción de las leyes de inmigración, estos “inmigrantes ilegales” cometen muchos menos crímenes per cápita que los estadounidenses menos educados y nativos del país. Sí que toman trabajos, pero también crean más empleos para los estadounidenses. Usan algunos servicios sociales, pero gran parte de su costo es superado por lo que aportan a la economía. La ejecución agresiva de las leyes de inmigración de Estados Unidos ha hecho surgir una red del crimen organizado que contrabandea personas a través de la frontera, a menudo sometiéndolas a violaciones, secuestros e incluso homicidios. ¿Y qué hay acerca de las soluciones más populares y aparentemente fáciles, como construir muros y organizar deportaciones masivas? Son ridículas y requerirían gastar cientos de miles de millones de dólares para lograr prácticamente nada, mientras ponen de cabeza la economía estadounidense.
Todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿la inmigración es realmente tan importante que encontrar formas de expulsar a los inmigrantes debe ser un elemento central de las campañas presidenciales actuales? ¿O la paranoia contra los inmigrantes se ha convertido en la carnada que demócratas y republicanos agitan frente a las multitudes para provocarles un frenesí y así obtener votos?
En otras palabras, sabemos por qué los políticos podrían estar mintiendo sobre este asunto. Sólo tenemos que comprender cuáles son las mentiras.
LA MAFIA DEL COYOTE
Para comprender la controversia actual, retrocedamos algunas décadas. Hasta la mitad de la década de 1960, la inmigración ilegal procedente de México era incomprensible porque, cada año, Estados Unidos admitía legalmente a unos cincuenta mil mexicanos como inmigrantes. De 1942 a 1964, Estados Unidos emitió visas de corto plazo para trabajadores temporales procedentes de México, principalmente para realizar trabajos agrícolas. El sistema funcionó bien: algunos mexicanos se convirtieron en residentes legales, otros más se desempeñaron como trabajadores temporales, y se tuvo que gastar poco dinero para patrullar las fronteras, pues los peones volvían felizmente a su país una vez que terminaban sus trabajos estacionales.
Pero los defensores de los derechos civiles criticaron el programa calificándolo como explotador, y en 1965 el Congreso puso fin a la emisión de visas de corto plazo, con lo cual no se logró nada. “Cuando las oportunidades para entrar legalmente a Estados Unidos desaparecieron después de 1965, la enorme afluencia de personas provenientes de México simplemente se restableció bajo auspicios indocumentados”, señala Douglas Massey, catedrático de sociología y asuntos públicos de la Universidad de Princeton. “Para 1979, prácticamente igualaba al volumen observado a fines de la década de 1950, pero ahora, la gran mayoría de los migrantes eran ‘ilegales’”.
Vayamos ahora a 1986. Ese año, IBM lanzó la primera computadora portátil, Top Gun recaudó millones de dólares en taquilla, los Osos de Chicago ganaron el Súper Tazón XX, y el gran tema en Washington era la reforma migratoria. El número de inmigrantes que entraban ilegalmente a Estados Unidos había aumentado dramáticamente desde 1979, creando preocupaciones de que les quitaban el empleo a los ciudadanos, absorbían fondos derivados de los impuestos a través de los servicios sociales y generaban innumerables problemas más. Así, el gobierno de Reagan y el Congreso establecieron una solución. La Ley de Reforma y Control de Inmigraciones imponía severas multas a las compañías que contrataran a estos inmigrantes, proporcionó una amnistía casi universal para aquellos inmigrantes que ya vivían en Estados Unidos y fortaleció la seguridad fronteriza. Prácticamente los 3.2 millones de personas que residían ilegalmente en el país solicitaron la amnistía, y cerca de 2.8 millones la recibieron. Una frontera más difícil de cruzar, sanciones más duras contra el empleo ilegal y menos dinero desperdiciado en tratar de cazar a las personas que no tenían los documentos migratorios necesarios; parecía una solución perfecta.
Pero no lo fue. Los agricultores se manifestaron contra la ley, pues temían dejar de tener acceso a los muchos trabajadores que cosechaban sus cultivos, y la Cámara de Comercio protestó contra las sanciones financieras contra los empleadores. Así, con el paso de los años, los requisitos que obligaban a los empleadores a investigar concienzudamente el estado migratorio de sus posibles empleados fueron desechados.
Desde 1986, el número de inmigrantes indocumentados ha mostrado un gran aumento, alcanzando un máximo de alrededor de dos millones en 2007 y reduciéndose tras el colapso económico del año siguiente. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que, actualmente, hay más de once millones en Estados Unidos. Y esa podría ser la menos negativa de las consecuencias de las nuevas leyes. El programa de amnistía, combinado con una seguridad fronteriza más estricta, generó una inmensa demanda de documentación falsa con el propósito de que los inmigrantes que llegaron al país demasiado tarde para incorporarse al programa pudieran fingir que llegaron a Estados Unidos con suficiente anticipación como para ser declarados elegibles. Los mexicanos que se preparaban para ir a Estados Unidos con la esperanza de beneficiarse de la amnistía recurrieron a un mercado negro para obtener registros falsos, el cual estaba comandado por una red de coyotes: criminales conocidos por contrabandear personas a través de la frontera. Conforme las pandillas de coyotes ganaban más dinero, su poder aumentaba. Las patrullas fronterizas creadas por la ley de 1986 sólo servían para incrementar la influencia de los coyotes. Las personas ya no podían simplemente cruzar el Río Grande caminando; en lugar de ello, tenían que recurrir a las despiadadas pandillas para obtener ayuda. Los cada vez más violentos grupos de coyotes pertenecientes al crimen organizado se convirtieron en el medio principal para llegar a Estados Unidos, cobrando enormes sumas por cada persona que cruzaba la frontera. Esto se convirtió en un inmenso negocio, con ganancias anuales de hasta 6000 millones, de acuerdo con un funcionario federal de inmigración que habló desde el anonimato.
Cuando el crimen organizado empieza a ganar dinero en un negocio, este crece. Los coyotes y los cárteles de la droga no sólo ayudaban a las personas que deseaban cruzar la frontera, sino que también pasaban tiempo en sus comunidades convenciendo a otros para ir a Estados Unidos. Por ello, cuando los políticos ahora dicen “detengamos la inmigración ilegal”, bien podrían estar declarando que son capaces de acabar con el juego, la prostitución, las drogas o cualquier otro negocio del crimen organizado. Estados Unidos ya no trata de mantener fuera a unos cuantos varones mexicanos que esperan encontrar trabajo; está en una guerra contra criminales crueles que pueden moverse rápido para adaptarse a cualquier nueva política y conservar sus miles de millones de dólares. Ya lo han hecho: cuando las patrullas fronterizas fueron reforzadas en San Diego y El Paso, Texas, los contrabandistas empezaron a dirigirse hacia el desierto de Sonora. Esto, por supuesto, era más difícil y peligroso, por lo que los contrabandistas incrementaron sus honorarios de 500 a 3000 dólares por cabeza. Un gran número de migrantes pagó un precio aún más alto: el riesgo de muerte para las personas que entraban ilegalmente en Estados Unidos a través del desierto de Sonora era diecisiete veces mayor en 2009 que en 1998, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la Fundación Heritage.
Muchas de esas personas murieron porque los contrabandistas las abandonaron o asesinaron. Los grupos de coyotes incluso han llegado a secuestrar a las personas en camino a Estados Unidos y a pedir un rescate a las familias de las víctimas a cambio de su liberación. Y muchas mujeres que contrataron a los contrabandistas han informado haber sido agredidas sexualmente por ellos.
LA OLA NO DELICTIVA
Una vez que los inmigrantes llegan ilegalmente a Estados Unidos, ¿cometen crímenes? En cualquier grupo de millones de personas habrá quienes participen en crímenes violentos, pero en este caso, las cifras no son estadísticamente importantes. Rubén Rumbaut, catedrático de sociología de la Universidad de California en Irvine, señaló en un informe realizado en 2007 para el Centro de Política de Inmigración (que actualmente forma parte del Consejo de Inmigración Estadounidense) que, aunque el número de inmigrantes indocumentados se duplicó desde 1994 hasta alcanzar la marca de 12 millones en 2007, el índice de criminalidad violenta en Estados Unidos cayó 34 por ciento, y el índice de criminalidad en propiedades se redujo 26 por ciento. En ese mismo informe se encontró que los inmigrantes mexicanos, legales e ilegales, tenían un índice de encarcelamiento de 0.7 por ciento en el año 2000, menor que los nativos estadounidenses de raza blanca y negra con un estado socioeconómico y un nivel educativo similares. Y en distintos estudios se ha descubierto que las áreas con altas concentraciones de trabajadores indocumentados, como El Paso, se encuentran entre las más seguras del país. Los datos del censo de 2010 revelan que los hombres jóvenes y con poca educación provenientes de México, El Salvador y Guatemala, que conforman la mayor parte de la población de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, presentan índices de encarcelamiento significativamente más bajos que los de los jóvenes nativos que no han terminado la escuela secundaria.
En muchos estudios se ha descubierto que la gran mayoría de las detenciones de inmigrantes indocumentados se relaciona con cargos de inmigración, seguidos por delitos relacionados con drogas. Por ejemplo, en un informe publicado en 2011 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno se señala que 90 por ciento de todos los inmigrantes sentenciados por un crimen en la Corte Federal habían sido acusados por delitos migratorios o relacionados con drogas. Y la mezcla incluye a los contrabandistas que fueron devueltos a México, pero que permanecieron ilegalmente en Estados Unidos durante un breve periodo.
En un detallado estudio realizado por el Centro para la Prevención de la Violencia y la Seguridad Comunitaria de la Universidad Estatal de Arizona acerca de los arrestos en el Condado de Maricopa, donde existe una gran población de inmigrantes, se descubrió que las personas indocumentadas tenían muchas menos probabilidades que los ciudadanos estadounidenses de haber consumido mariguana, cocaína o metanfetaminas, aunque tenían una probabilidad ligeramente mayor de haber consumido cocaína en polvo.
La conclusión: las afirmaciones hechas por personas como Donald Trump, el magnate de los bienes raíces que va adelante en las encuestas para obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano, de que el gobierno mexicano está vaciando sus cárceles y enviando a asesinos y violadores a Estados Unidos es ridícula. Las pandillas de asesinos y violadores, es decir, los coyotes empoderados por la política estadounidense mal planificada, vuelven a casa, cruzando la frontera sólo para mantener el flujo de efectivo en sus negocios ilícitos. Sus clientes, y frecuentes víctimas, son principalmente aquellas personas desesperadas por responder al canto de sirena de los agricultores y negocios estadounidenses que buscan mano de obra barata.
¡PAGAN IMPUESTOS!
¿Y qué hay acerca de la acusación de que los inmigrantes les roban los trabajos a los estadounidenses? En un estudio conjunto realizado por la Universidad de Utah y la Universidad de Arizona se confirmó que la mayoría de los inmigrantes indocumentados ocupan puestos de trabajo no calificado que los estadounidenses no suelen tomar. Sin embargo, lo más importante es este sorprendente hecho: los inmigrantes generan empleos. Es simple economía: si más personas gastan dinero, se generan más empleos. Los trabajadores indocumentados pagan un alquiler, compran comida y ropa, van al cine. Simplemente a través de su existencia diaria como consumidores fomentan la actividad económica. Por ejemplo, el Bell Policy Center, un grupo de investigación de Colorado, descubrió que por cada empleo ocupado en ese estado por un inmigrante que vivía en el país ilegalmente, se generaban 0.8 trabajos más.
Y, otra vez contradiciendo la creencia popular, la mayoría de los inmigrantes indocumentados pagan impuestos. Algunos usan números de identificación fiscal en sus formularios oficiales de pago; otros usan números de la Seguridad Social falsificados (el Departamento de Hacienda de Estados Unidos reconoce que dichos números son falsos, pero acepta felizmente el dinero). También pagan sumas importantes al Fondo Fiduciario de Seguridad Social y a Medicare; sin embargo, dado que pocos de ellos reúnen las condiciones necesarias para obtener los beneficios de esos organismos, obtienen poco a cambio. De hecho, la Administración de Seguridad Social incluye más de 7000 millones de dólares en contribuciones anuales aportadas por estos inmigrantes en sus cálculos de solvencia del Fondo Fiduciario.
En muchos estudios se han documentado los impuestos estatales pagados por los indocumentados. En California, pagan aproximadamente 300 millones de dólares al año en impuestos sobre la renta. En Georgia, la cifra es de cerca de 250 millones en impuestos sobre la renta, a las ventas y a la propiedad. En Oregón, la suma alcanza 300 millones, y en Virginia esta cifra llega a 174 millones en recaudación tributaria. En Texas suma 400 millones. Y así sucesivamente.
LA CURA PODRÍA MATARTE
Por supuesto, hay gastos que se relacionan con estos inmigrantes. La cuenta correspondiente a la ejecución de la ley y el encarcelamiento es probablemente la más grande. En un informe publicado en 2005 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno se encontró que el costo durante cuatro años sólo por encerrar a estos inmigrantes alcanzó 5800 millones, y que las cárceles locales y las prisiones estatales gastaban 1700 millones. Actualmente, esa cifra es incluso más alta, dado que los esfuerzos para capturar y deportar a estos inmigrantes se han intensificado.
También está la atención sanitaria. Pocos inmigrantes indocumentados tienen un seguro de salud porque, contrario a lo que afirman erróneamente los comentaristas conservadores, no están cubiertos por los programas federales de salud ni por el seguro proporcionado por su empleador. Por consiguiente, en diferentes estudios se ha descubierto que tienden a postergar la búsqueda de tratamiento hasta que un problema se agrava, y entonces recurren a las salas de emergencia. Los investigadores han obtenido cifras distintas del costo total, pero el intervalo es de entre 6000 millones y 10 000 millones al año.
La educación implica otro gran costo. Desde el fallo de la Suprema Corte de 1982 en el caso Plyler V. Doe, a las escuelas públicas se les exige proporcionar educación a los niños indocumentados. En un estudio realizado por la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Utah se llegó a la conclusión de que la cantidad anual que se requiere para educar a estos niños es de 17 000 millones de dólares, cerca de 3.3 por ciento de la cantidad total que se gasta anualmente en las escuelas públicas.
Mil millones aquí, mil millones allá; se trata de cifras muy grandes. Pero esa es sólo una cara de la moneda. Estos trabajadores también aportan importantes beneficios económicos al país. Tomemos como ejemplo a Texas, un estado con una de las mayores poblaciones de inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. En un informe realizado en 2006 por el contralor del estado se calculó que añadieron 17 700 millones al producto estatal bruto, incluyendo una aportación de 424 millones más a los ingresos estatales de lo que consumieron en servicios del gobierno, como la educación, la atención sanitaria y la ejecución de la ley. De hecho, descubrió el Contralor, si los políticos cumplieran sus promesas de reunir a los inmigrantes indocumentados y los expulsaran del país, Texas sufriría un duro golpe. Texas no sólo perdería esos 424 millones en ingresos, sino que también se produciría una caída de 2.3 por ciento en los empleos en el estado debido a la pérdida de la actividad económica de las personas expulsadas.
A Arizona, donde se han hecho algunos de los llamados más fuertes para emprender acciones contundentes, también le iría muy mal. El Centro de Política de Inmigración descubrió que el estado perdería 11 700 millones en producto estatal bruto y más de 140 000 empleos si todos los inmigrantes indocumentados fueran deportados.
De hecho, toda la nación sufriría de manera importante, de acuerdo con un informe realizado en 2015 por el Foro de Acción Estadounidense. Una deportación masiva “haría que la fuerza laboral se redujera 6.4 por ciento, lo que se traduce en una pérdida de 11 millones de trabajadores”, se señala en el informe. “Como resultado, dentro de veinte años la economía sería casi 6 por ciento o 1.6 billones de dólares más pequeña que lo que sería si el gobierno no retirara a todos los inmigrantes indocumentados”. El impacto se percibiría en toda la economía, se afirma en el informe, aunque los sectores de la agricultura, la construcción, las ventas minoristas y la hospitalidad serían los más afectados.
LOCURA ENGAÑOSA
Cuando se analizan todas las estadísticas y los estudios es fácil ver lo engañosos o ignorantes que han sido los políticos al hablar de la inmigración ilegal. Y lo verdaderamente risible surge cuando plantean sus propuestas simplistas de echarlos y construir una cerca.
Comencemos con las deportaciones masivas. Quizá los estadounidenses estarían dispuestos a perder esos 1.6 billones cuando se envíe a once millones de personas fuera de las fronteras. Sin embargo, ese no sería el costo total. El gobierno debe aprehender, detener, procesar y transportar a esos millones de hombres, mujeres y niños. Incluso con una cerca, se requerirían grandes sumas de dinero para evitar que los deportados vuelvan. El precio de esta empresa sería de entre 420 000 millones y 620 000 millones de dólares, de acuerdo con el Foro de Acción Estadounidense, que también calcula que la purga tomaría veinte años. Eso quiere decir que la hija de cinco años de un inmigrante podría ser su abogada en la audiencia de deportación que comenzaría dentro de varias décadas.
Y eso nos lleva a la cerca. Esta plantea muchos problemas, el más importante de los cuales es que un enorme porcentaje de los once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no cruzaron la frontera ilegalmente. Alrededor de 4.4 millones de ellos simplemente se quedaron más tiempo de lo autorizado por sus visas. Ninguna cerca, sin importar su altura, solucionará ese problema.
También está el asunto de la topografía de la frontera. Tomemos simplemente el área de El Paso a Brownsville, Texas: aproximadamente 1931 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, que consta de 3110 kilómetros. ¿Qué se haría con el Embalse Internacional Falcon, que está en la frontera? El embalse fue creado por una presa, que también abarca la frontera. ¿La cerca recorrería la mitad de la presa, se hundiría en el embalse y lo cortaría por la mitad, hundiéndose hasta 33.5 metros en su punto más profundo? ¿O Estados Unidos entregaría grandes partes de su territorio al colocar su cerca “fronteriza” en las orillas del embalse, lejos de la frontera real?
Olvidémonos de Falcon. ¿Qué hay con el Parque Nacional Big Bend? Este corre a lo largo de 189 kilómetros de la frontera. Con sus cañones, montañas y un río, intentar construir una cerca no sólo destruiría uno de los parques más hermosos del país, sino que sería inútil. La cerca tendría que subir por montañas, a alturas de hasta 2400 pies.
Estos son sólo algunos de los enormes desafíos que presenta menos de la mitad de la frontera. Existen asuntos más amplios: los miles de millones que costaría una cerca y la falta de sentido del esfuerzo. El Servicio de Investigación del Congreso descubrió en 2007 que una cerca de 1126 kilómetros costaría aproximadamente 50 000 millones de dólares durante veinticinco años, incluyendo la construcción y el mantenimiento. Y recordemos que esta cifra no abarca la mitad de la frontera: esta mide 3110 kilómetros de largo.
Pero supongamos que, de algún modo, la cerca se construye como por arte de magia sobre ríos, lagos y montañas a un precio moderado. ¿Existe alguien lo suficientemente tonto como para creer que los gánsteres mexicanos que dirigen las operaciones de contrabando de personas mirarán a la pared, se encogerán de hombros y dejarán ir un negocio de 6000 millones de dólares al año?
Por supuesto que no. En lugar de ello, habrá botes que transportarán inmigrantes a la Isla del Padre, justo a las afueras del Golfo de México, pero en territorio estadounidense. O los contrabandistas aumentarán sus precios, y tendrán embarcaciones que llevarán a los inmigrantes al norte, donde podrán tocar tierra arriba de San Diego. O los guardianes recibirán sobornos. O la cerca será bombardeada. En términos simples, las personas que piensan que los criminales violentos no pueden abrirse paso a través de un muro no están siendo honestas con ellas mismas ni con el público.
Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Estados Unidos acerca de la inmigración ilegal? Una cerca no funcionará, ni tampoco la deportación masiva, y cada plan que el gobierno ha asumido en las últimas décadas no ha hecho más que enriquecer y empoderar a los sindicatos del crimen que han transformado un problema moderado en uno insoluble.
Entonces, quizá sea tiempo de que el país respire de manera profunda y colectiva, deje de traficar fantasías y enfrente la realidad de que el único sistema que alguna vez demostró su eficacia para hacer frente a los mexicanos que viajaban a Estados Unidos para trabajar fue aquel que se abandonó en 1964, cuando a algunos se les concedió la residencia y otros recibieron visas temporales. Quizás, en este caso, la respuesta para el futuro podría hallarse en el pasado.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek.