En esa fecha, debido a violaciones al debido proceso, el juez federal de distrito Rubén Noguera Gregoire ordenó la liberación de cuatro de los siete militares encarcelados por presuntamente haber participado en el enfrentamiento del 30 de junio de 2014 donde habrían perdido la vida veintidós delincuentes, algunos de ellos supuestamente ejecutados después de haberse rendido.
El juzgador argumentó que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca notificó a los soldados sobre quién los estaba acusando y tampoco les permitió reunirse con sus abogados, por lo que impugnaron el auto de formal prisión dictado en su contra ante el Sexto Tribunal Unitario con sede en el Estado de México.
Resultado de esto, quedaron en libertad Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quienes estaban acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento; según su declaración preparatoria, se encontraban fuera de la bodega donde se registraron los hechos y desconocían lo que ocurrió dentro, ya que realizaban tareas de “seguridad perimetral”.
Sin embargo, el mismo juez dictó auto de formal prisión contra Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides bajo los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo. Ellos también habían apelado las irregularidades de la PGR, pero debido a que enfrentan delitos graves, se determinó sujetarlos a proceso.
Los siete permanecían en la prisión del Campo Militar Número 1 ya que, independientemente del proceso civil, enfrentan otro juicio en el Juzgado Sexto Militar por desobediencia e infracción de deberes, previstos en el Código de Justicia castrense, delitos que tampoco son de gravedad por lo que es previsible que los cuatro oficiales soliciten que les fijen una garantía para que obtengan la libertad provisional.
Cabe señalar que el juez al que se le consignó el asunto negó en cuatro ocasiones las órdenes de aprehensión por no encontrar elementos suficientes para someter a juicio a los soldados, sin embargo, ante la insistencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el juzgador obsequió las órdenes en un quinto procedimiento.
Toda la acusación se basa en las declaraciones de tres mujeres testigos de los hechos que han cambiado varias veces su versión, lo cual viola un principio básico del Derecho que establece que ninguna persona puede ser juzgada sólo por testimonios. Principio que en este caso no sólo no se aplicó, sino que fue flagrantemente obviado para sentenciar mediática y socialmente a los agentes castrenses.
LAS CONTRADICCIONES
En la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/174/2014 se encuentran las versiones de las testigos Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales y de “Julia”, Clara Gómez González, la madre de Érika, quien iba a cumplir quince años y murió en la refriega.
El mismo día del enfrentamiento, Nava López rindió una declaración en la que afirmó que estaba secuestrada, amarrada y dormida cuando se registró el tiroteo. Junto a ella había dos sujetos y una mujer a la que identificó como “Patricia”. En un nuevo testimonio recabado el 4 de julio de 2014, admitió que el 30 de junio estaba en el interior de la bodega y que había llegado un día antes luego de que en Arcelia, Guerrero, una mujer apodada la “Chaparra”, la invitó a trabajar como sexoservidora para los de “la maña” (delincuentes).
Campos Morales afirmó primero ante el Ministerio Público que, al igual que Cinthia Estefany, estaba privada de su libertad y amarrada junto con una mujer y dos hombres, “a los que mataron los militares”. El 1 de octubre del año pasado, en otra declaración, admitió que es sexoservidora y que estaba en la bodega por su voluntad con los integrantes del grupo armado. Iba a tener relaciones con un sujeto apodado el “Chino” cuando comenzaron los disparos, por lo que el hombre le amarró las manos con un alambre para que cuando entraran los militares dijera que estaba secuestrada.
“Julia”, la testigo que sirvió para construir la historia que Pablo Ferri publicó en Esquire, reveló el 4 de julio que era la única persona ajena al grupo, que todas las mujeres convivían con los sujetos que estaban en la bodega, entre ellos el “Ocho” y el “Mexicano”, que todos estaban armados y que cuando llegaron los militares comenzaron a disparar “de adentro hacia afuera”, con lo que inició el enfrentamiento. Las mujeres se arrinconaron y ahí las amarraron para simular que estaban secuestradas.
En octubre comentó que llegó a San Pedro Limón, Estado de México, en busca de su hija y la encontró con un grupo de hombres armados. Los individuos las llevaron a la bodega en la que se registró el enfrentamiento con los militares. Fue ella quien sostuvo que los elementos del Ejército dispararon contra algunos civiles cuando ya se habían rendido.
Este es el principal argumento que presentó el abogado Juan Velázquez, quien asesora a los siete militares detenidos, para promover su liberación. Se trata, dijo, “de pruebas fabricadas por supuestos defensores de derechos humanos”. Explicó que, originalmente, la PGR consignó a ocho militares. Tuvo que desistirse en el caso de uno que resultó herido fuera de la bodega, en defensa propia, y a quien no se le podía imputar ninguna muerte.
El defensor de personajes tan polémicos como los expresidentes Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas, del hermano de este último, Raúl, o del exjefe de la policía capitalina, Arturo el “Negro” Durazo, se pregunta, para reforzar las dudas sobre el caso Tlatlaya: “Si hubiera sido una ejecución, ¿qué sentido hubiera tenido que los militares hubieran dejado vivas a tres testigos de cargo, sobre todo cuando una era la mamá de una joven muerta?”.
Subrayó que fueron los soldados quienes las rescataron, entregaron a policías y, delante de defensores de derechos humanos, rindieron sus declaraciones ante el Ministerio Público en las que nunca mencionaron la palabra “ejecución”. Tres meses después, “Julia” contó a Ferri, un periodista español, una versión totalmente distinta que se publicó en la revista y con la que se construyó la leyenda de Tlatlaya. Indicó que esa historia la crearon organizaciones no gubernamentales “dizque defensoras de las víctimas que en realidad persiguen a los soldados porque es el deporte de moda y el más popular: acusar a los militares de todo lo que sucede en el país”.
Una verdadera mentira que, destacó, se está comenzando a caer a pedazos.
EL ENOJO DEL GENERAL SECRETARIO
Es poco común ver al secretario de la Defensa Nacional en los medios, pero el fuego cruzado al que han sido sometidas las Fuerzas Armadas producto de su incorporación a la guerra contra el crimen organizado a instancias del expresidente Felipe Calderón, lo han obligado a hacer apariciones públicas.
La primera vez que Salvador Cienfuegos en la que abordó Tlatlaya fue para El Universal el 29 de junio. En esa entrevista reconoció que el asunto había sido muy costoso para el Ejército. También precisó que veintidós personas con armas de uso exclusivo del ejército fueron las que agredieron a un oficial y siete elementos de tropa, por lo que rechazó que hubiera un sometimiento. Además, los cuerpos dieron positivo a la prueba de radisonato de sodio y tenían rastros de alcohol y drogas, pues estaban en una fiesta.
Aunque quizá lo más rescatable y contundente de esa conversación fue la exigencia al Poder Judicial para que iniciara el juicio respectivo. Tras advertir que la justicia militar “sí es pronta y expedita”, a diferencia de la civil, añadió: “Nosotros quisiéramos saber realmente qué pasó y si nuestra gente tiene responsabilidad, pues que se le castigue de acuerdo con la ley, pero si no son culpables (…) sí me gustaría (que) un juez (…) lo declare en su momento”.
La más reciente aparición fue en Proyecto 40 en Todo Personal, habló de los dos temas más espinosos que ha enfrentado: Tlatlaya y Ayotzinapa.
En el primer caso insistió en que los soldados repelieron la agresión de “delincuentes” que se resguardaban en el interior de una bodega donde finalmente las veintidós personas con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado resultaron muertos.
En el segundo, fijó una posición firme que es aplicable a todos los casos: “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”.
El enojo es entendible cuando el montaje ha sido develado, cuando públicamente se denunció una ejecución extrajudicial basada en el testimonio de tres mujeres que, como quedó asentado, cambiaron sus declaraciones en varias ocasiones luego de que fueron “¿asesoradas?” “¿instruidas?” por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.
Es del dominio público que esa organización es controlada por Emilio Álvarez Icaza, quien pretendió convertirse en presidente de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) y que, en su fracaso, saltó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como su secretario ejecutivo.
Fue él quien impulsó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para dar seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, cuyos padres están (“¿casualmente?”) asesorados por el Centro Prodh.
¿Y alguien se ha preguntado quién financia a ese Centro? Entre otros, George Soros, fundador de la Open Society Foundations, una organización filantrópica que “apoya la democracia y los derechos humanos en más de cien países” pero que, en realidad, busca proteger sus intereses personalísimos, entre ellos, el sector energético mexicano.
Por lo pronto, el montaje quedó al descubierto. Hoy falta saber si el gobierno federal será capaz de soportar la presión de unos cuantos medios y la presión social de quienes pretenden desprestigiar las instituciones y practicar el deporte en moda: “tírele al Ejército”.