El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Aurelio Nuño Mayer, enfatizó que a los maestros que faltaron a clases de manera
injustificada el pasado viernes 2 de octubre, se les descontará el día, “como
lo marca la ley” y que será así cada vez que lo hagan.
Expresó que, como secretario de Educación Pública, busca un
dialogo abierto con los maestros de México. “Estoy abierto al diálogo para
conocer la inquietudes y que trabajemos juntos”.
Pero ese diálogo, dijo, tiene que partir de que es para
implementar la reforma educativa, para mejorar la educación del país, y no
“para intentar burlar la ley o no aplicar la reforma, eso no va a pasar”,
puntualizó.
Mientras que ayer, reiteró que los maestros no deben tener
miedo porque nadie puede obligarlos a marchar o hacer algo que no esté en sus
atribuciones.
Durante una visita a planteles en Oaxaca, el funcionario
comentó que es mentira que la evaluación docente se creó para afectarlos y que
perderán su empleo quienes no tengan un resultado favorable y advirtió que se
aplicará la ley a los profesores que no asistan a clases.
Nuño Mayer asistió como invitado a la toma de protesta de
los integrantes del Comité Consultivo del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO), donde explicó que las evaluaciones de permanencia
tomarán en cuenta los contextos regionales y socioculturales, y considerarán
programas de formación continua para apoyar a los profesores que lo requieran.
Los maestros que salgan bien en las evaluaciones podrán
incrementar sus ingresos hasta 180 por ciento, y 220 por ciento los de zonas
alejadas, precisó en un comunicado.
El secretario de Educación Pública dijo que se modernizarán
las Normales, que son la base de la formación de maestros.
Expuso que se revisan planes y programas de estudio, que no
se impondrán, sino resultarán de un amplio consenso de maestros, expertos y
pedagogos, para construir el nuevo modelo educativo que considerará los
componentes regionales del país.
Asimismo, hizo un reconocimiento al gobernador Gabino Cué
por la decisión tomada con el gobierno federal, para retomar la rectoría
educativa en Oaxaca.