La renuncia a su partido (PRI) tras 20 años de militancia y el respaldo recibido de Jaime Rodríguez ” El Bronco” para una candidatura independiente por la gobernación de Aguascalientes, han dejado preguntas abiertas sobre la intenciones de Gabriel Arellano y la viabilidad de las mismas.
A poco de iniciar los procesos electorales en el estado, las condiciones para que Gabriel Arellano se presente como candidato independiente parecen no estar a su favor, ya que en el mes de marzo se aprobó en congreso una reforma en la que son necesarios 6 años de separación de un partido para que pueda participar por esa vía, dejando la posibilidad de que buscar una denuncia de amparo que rompa tal candado.
Sergio Rodríguez Prieto, especialista en materia de derecho constitucional, explica los procesos que podría seguir el exalcalde de Aguascalientes.
“¿Podría él (Gabriel Arellano) ser candidato? no, a partir de las limitaciones de la ley electoral, pues fue integrante e incluso candidato triunfador por su partido. Sin embargo, el derecho constitucional le favorece en elegibilidad; al momento en que le nieguen el registro podrá tramitar demanda de amparo para establecer la ilegalidad de ese candado y se le reconozca como candidato independiente”.
Sin embargo, es al buscar el amparo que Gabriel Arellano encontrará el verdadero obstáculo para su candidatura: los tiempos de resolución de su demanda.
“Todo esta en los tiempos: hasta donde alcance, en que momento se va a resolver y en que condiciones, todo eso se desconoce.” Aclara Rodríguez Prieto, ya que los tiempos de los juzgados de distrito, ante los que se presentaría la demanda están saturados y la resolución de un amparo en asuntos cotidianos, lleva un tiempo promedio de 8 a 12 meses para determinar sobre la procedencia o no de la demanda.
¿Existe manera de adelantar ese tiempo ante los juzgados?
Existe una norma y una disposición en la propia ley de amparo que de acuerdo a las características del acto que se reclama, ese trámite puede ser preferente y se adelante de los demás, pero esa solicitud solo puede venir de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y que el gobierno federal se lo pida, pero no es algo que se haya visto en la práctica cotidiana.