La OCDE presentó el lunes un plan para eliminar vacíos
jurídicos que permiten a las multinacionales evitar impuestos en los países
donde operan y privan a los erarios de por lo menos 100 000 millones de dólares
al año.
La iniciativa surge tras años de polémicas sobre los
impuestos ínfimos que pagan empresas como McDonald’s, Starbuck’s o Google,
gracias a brechas legales y argucias contables, cuando no a la transferencia
lisa y llana de fondos a paraísos fiscales.
El plan, de quince puntos, debe ser aprobado esta semana en
Lima por los ministros de Finanzas y a fin de año por los jefes de Estado y de
gobierno del G20 de potencias industrializadas y emergentes.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), una entidad de países mayoritariamente industrializados, con sede en
París, presentó las propuestas como la “primera reforma de las normas fiscales
internacionales en casi un siglo”.
Diversas ONG consideran sin embargo que las nuevas
normativas no cierran todas las brechas y lamentan que se hayan elaborado sin
la participación de los países en desarrollo.
“TERMINÓ EL
RECREO“
“Se terminó el recreo” de las multinacionales,
dijo a la AFP el director del Centro de políticas fiscales y administración de
la OCDE, Pascal Saint-Amans.
Según el funcionario, esta “optimización fiscal”
ocasiona a los erarios públicos una pérdida recaudatoria de 100 000 millones a
240 000 millones de dólares al año, o de un 4 por ciento a un 10 por ciento de los impuestos
corporativos, en una evaluación “sumamente conservadora”.
Entre las propuestas de la OCDE, figura la limitación de las
deducciones sobre intereses, la regulación de nichos fiscales para las patentes
y el intercambio de información sobre las normas fiscales vigentes por sector
en cada país.
Las multinacionales con un volumen de negocios de al menos
750 000 millones de euros (842 000 millones de dólares) estarán obligadas a
detallar sus actividades en cada país y las administraciones fiscales
compartirán esas informaciones.
El año próximo se redactará además un tratado multilateral,
para evitar las renegociaciones de convenciones bilaterales.
Las nuevas normas evitan sin embargo encarrilar con medidas
específicas al sector de la economía digital, sumamente sensible en Estados
Unidos pese a hallarse en primera línea en materia de optimización.
El plan, denominado BEPS (contra la erosión de la base
imponible y la transferencia de beneficios, por sus siglas en inglés), prevé
asimismo una vigilancia de procederes entre los estados e invita a los países
en desarrollo a sumarse a su aplicación.
Ese control colectivo ya existe en lo que concierne al
intercambio de informaciones fiscales sobre particulares y sobre esa base se
confeccionaron las listas “negras” o “grises” de paraísos
fiscales.
En lo que concierne a las empresas, la cuestión será más
compleja, admite Saint-Amans.
“Hoy hay muchas maneras” de eludir impuestos, pero
en adelante existirán numerosos “radares” para detectar cualquier
maniobra financiera, afirma.
Las ONG son mucho menos entusiastas.
“No se han sacado las lecciones de los últimos
escándalos”, lamenta Manon Aubry, de Oxfam, en un comunicado.
Lucie Watrinet, de CCFD-Terre Solidaire, denuncia
“disposiciones difusas y complejas de reglas de más de un siglo de
antigüedad”.
Ambas subrayan que solo de un 10 por ciento a un 15 por ciento
de las empresas internacionales se verán afectadas por las nuevas reglas, y que
éstas son muy indulgentes con los “rulings”, en el centro del
escándalo LuxLeaks, de evasión fiscal masiva de las multinacionale sen
Luxemburgo, o con la fiscalidad de las patentes.
Critican además que las informaciones sobre las
multinacionales no sean de dominio público y que “el proceso de decisión
haya sido conducido por una minoría de Estados ricos”, a saber los 34
miembros de la OCDE.
(Con información de AFP)