Es fácil imaginar a Japón como un país caído que no puede
levantarse. Un país en un perpetua crisis económica (más de dos décadas y contando);
un país que no puede escapar de la deflación aunque se empeñe. En una era en
que los ejecutivos y corredores de bolsa occidentales se obsesionan con China,
y los gobiernos no le quitan el ojo a ISIS, Siria, Irán y Vladimir Putin, Japón
ha caído en la oscuridad internacional.
Sin embargo, mientras el mundo mira a otra parte, Shinzo
Abe, primer ministro desde 2012, se ha convertido en uno de los políticos
nipones de mayor importancia en la posguerra. Y nunca fue más evidente que en
las primeras horas de septiembre 19, cuando el Parlamento japonés (Dieta)
aprobó una serie de leyes históricas –más aun, impensables- pese a protestas
masivas en las calles de Tokio. En adelante, el Ejército japonés, conocido como
Fuerzas de Autodefensa, podrá combatir en el extranjero, bajo la excusa de
autodefensa o para ayudar a un aliado, aun cuando no exista una amenaza directa
para Japón.
Fue el cambio más importante en la política de defensa de
Tokio desde la Segunda Guerra Mundial. La Constitución adoptada en 1947, durante
la ocupación presidida por el general estadounidense Douglas MacArthur,
renunció a la guerra, y en su famoso Artículo 9, Japón “se comprometía
formalmente a un curso pacifista”, según explica el historiador estadounidense
John Dower en su libro ganador del Pulitzer, Embracing Defeat: Japan in the
Wake of World War II. “El radicalismo de esas políticas”, escribió,
“escandalizó a las elites que tenían el poder al concluir la guerra”.
Una de esas elites era Nobusuke Kishi, quien ayudó a
dirigir la ocupación japonesa de Manchuria antes que el entonces primer
ministro Hideki Tojo lo elevara a su gabinete como ministro de Municiones. Tras
la rendición de Japón, Estados Unidos arrestó a Kishi y lo encarceló durante
tres años como presunto criminal de guerra, pero jamás lo enjuició. Menos de
una década después –cuando Estados Unidos centró su atención en la Guerra Fría
contra la Unión Soviética-, Kishi, miembro del Partido Liberal Democrático
conservador, fue electro primer ministro de Japón.
Kishi aborrecía el Artículo 9, pero tenía que respetarlo.
Así que trató de enmendar otro elemento central en el orden de la posguerra de
Tokio: el Tratado de Seguridad Estados Unidos-Japón. Consideraba que convertía
a su país en vasallo de Washington e hizo denodados esfuerzos para cambiarlo.
En 1960, convenció al presidente Dwight D. Eisenhower de enmendar el tratado y
presentó la nueva versión a la Dieta para que lo ratificara. Aquello provocó
tremendas manifestaciones en Tokio, incluyendo una donde un policía mató a tiros
a un estudiante universitario. Kishi tuvo que renunciar y el tratado no se
enmendó.
Nobusuke Kishi fue abuelo de Shinzo Abe. Y entre la
izquierda política japonesa –que considera a Abe como neo-nacionalista, por lo
menos y como militarista a ultranza, en el peor de los casos- es un artículo de
fe que, con las históricas leyes de seguridad aprobadas en septiembre 19, el
primer ministro pretende acercar al país a la visión que inspirara a su abuelo:
la de un país que vuelve a tener poderío militar, capaz y dispuesto a proyectar
su propia fuerza y a no ser más el perro faldero de la seguridad para
Washington. Y ciertamente, hubo una sensación de dejà vu en el furioso debate
de la legislación. En los días previos a la votación de las legislaciones,
Tokio volvió a ser escenario de protestas masivas que conjuraron imágenes de
los llamados Días de Rabia, las manifestaciones contra Kishi de 1960. Pero esta
vez, la diferencia fue que Abe consiguió lo que su abuelo no pudo.
La gente que rodea a Abe rechaza la idea de que sigue el
ejemplo de Kishi. Dicen que, hoy día, el ambiente de seguridad de Tokio está
definido por una China emergente y hostil que incrementa rápidamente su gasto
en la defensa y hace reclamos territoriales descarados sobre islas que son,
indisputablemente, territorio japonés. “Esto nada tiene que ver con el abuelo
del primer ministro”, insiste un asesor de Abe. “Si quiere saber porqué la
Dieta aprobó las leyes, sugiero que hable con el presidente [chino] Xi
[Jinping]”.
Las sospechas de la izquierda respecto de Abe no se
limitan a las políticas de seguridad. En verano, con muy pocas fanfarrias, el
ministro de Educación envió a las universidades del país una carta que impactó
a muchos educadores. Les pedía que “tomaran medidas activas para abolir [los departamentos
de] ciencias sociales y humanidades, convirtiéndolos en áreas que sirvan mejor
a las necesidades de la sociedad”. En específico, lo que el gobierno trata de
decir –y como señaló Abe en su discurso del año pasado ante la Organización
para Cooperación y Desarrollo Económico- es que de debe implementar un
currículo que incluya “más educación vocacional práctica”.
Los representantes de Abe hacen esta inesperada petición
como parte de lo que ha dado en llamarse Abeconomía, cuya característica
central, a la fecha, ha sido la adopción de una relajación radical en política
monetaria, la devaluación del yen y una política fiscal en extremo laxa. Nada
de lo cual ha sido particularmente exitoso. Y encima, Abe ha prometido que la
“tercera flecha” de su Abeconomía –reformas económicas estructurales- será
decisiva.
Se ha dicho que el decreto a las universidades era parte
del esfuerzo, para que la educación superior sea más relevante a las
necesidades de los empleadores, con más graduados en ciencia y tecnología,
economía y leyes, y menos egresados en historia y ciencias políticas, así como
cualquier otra carrera en artes liberales. Mas la petición, evidentemente,
sorprendió a la una de las instituciones más conservadoras y poderosas del
país: Keidanren, la federación de las compañías más grandes de Japón, a veces
llamada Japan Inc. El organismo emitió una protesta en septiembre 9, anunciando
que sus miembros buscan recién egresados “exactamente opuestos” a lo que el
ministerio de Educación requería: “estudiantes que puedan resolver problemas,
basándose en ideas que abarquen los distintos campos de ciencias y
humanidades”.
La oposición –en particular, los maestros japoneses,
bastión tradicional de la izquierda- se escandalizó con la carta, calificándola
de un Caballo de Troya con que el nacionalismo autoritario del gobierno trata
de imponer un “currículo patriótico” para, por ejemplo, retocar la historia
bélica de Japón, mientras se esfuerza en producir graduados que ayuden a
construir no solo la economía nacional, sino también su Ejército. Kishi,
agregaron los opositores, propuso reformas similares cuando fue primer
ministro.
Semejante reacción pone de relieve las sospechas que
envuelven a Abe, debido a su linaje y a que, en términos políticos, ha sido un
primer ministro agresivo que consigue lo que quiere. La Abeconomía no ha
funcionado, pero es una realidad de vida en Japón y lo ha sido desde hace ya
más de tres años. Y ahora, también lo es la histórica legislación de seguridad
recién aprobada.
En justicia para el primer ministro, el recelo de la
izquierda en cuanto a las reformas educativas se antoja, por decirlo
amablemente, más que un poco exagerado. En esencia, pueden ser equivocadas,
pero no parecen particularmente políticas. Y pese a la oposición, el ministerio
de Educación no ha retrocedido y amenaza con sanciones a las universidades que
desobedezcan. Parece que Abe volverá a salirse con la suya. Según la mayoría de
los historiadores, el primer ministro de mayor consecuencia desde la Segunda
Guerra Mundial fue Shigeru Yoshida, quien presidió en el periodo inmediato a la
posguerra. Shinzo Abe es ahora el número 2 y no ha terminado. Su abuelo estaría
orgulloso.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in
cooperation with Newsweek