El reciente
escándalo de Volkswagen demuestra que los accionistas en las bolsas de valores
alrededor del mundo están creando conciencia sobre el daño al medio ambiente y
como éste afecta la imagen publica de las empresas. Sin embargo, estas
enfrentan pocos incentivos para ecologizar procesos. Para resolver este
problema, organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Banco
Mundial han emprendido proyectos que tratan de motivar a los países (y a sus
industrias) a frenar el calentamiento global.
Una de las soluciones propuestas es
el carbon pricing, una medida que
ayuda a que quienes contaminan se hagan responsables del daño. En lugar de
sentenciar quiénes, cuándo y cómo deberían reducir sus emisiones, el precio del
carbono da una señal económica a quienes contaminan, y son ellos quienes
deciden o dejar de contaminar o seguir haciéndolo y pagar por ello. Además, el carbon pricing estimula la innovación en
tecnologías limpias y proyectos ecológicos. Hay dos alternativas a este método:
los impuestos al carbono y los mercados de carbono.
La segunda está contenida en el
artículo 17 del protocolo de Kioto de 1997, un pacto internacional firmado por
83 países, que aceptan topes diseñados para limitar y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Estos límites se expresan en niveles de emisiones
permitidas, o “cantidades asignadas”, que se dividen en unidades para volver la
transacción más sencilla. Los países que tienen niveles menores a los
permitidos, o “emisiones permitidas pero no utilizadas”, pueden vender este
exceso de capacidad en la forma de bonos de carbono a los países cuyos niveles
exceden su límite. El dióxido de carbono se cotiza e intercambia como cualquier
otro commodity.
¿Quiénes están aplicando el carbon pricing? Según el Banco Mundial,
casi 40 países y más de 20 ciudades,
estados y provincias ya utilizan algún tipo de mecanismo, o está planeando en
implementarlo. Estas jurisdicciones son responsables del 22 por ciento de las
emisiones totales globales. Entre ellos, China (el país que más contamina en el
mundo), Chile, British Columbia, Corea del Sur, la Unión Europea, California y
Quebec. Asimismo, más de 1,000 empresas se han comprometido con este proyecto
alrededor del mundo, entre ellas Microsoft, Cemex, Nestlé y Unilever. Como
líder de emisiones en América Latina, México también ha incursionado como uno
de los primeros países en establecer un mercado de carbono.
Con base en la Ley de Cambio
Climático de 2012, este esquema está siendo replicado en el proyecto plataforma
México2 de la Bolsa Mexicana de Valores, en la que se crea un mercado interno
para los bonos de carbono. Por ahora, es
un programa voluntario, pero consiste en que las empresas que emitan la mayor parte
de contaminantes en forma de CO2 a la atmósfera reduzcan el daño por medio de
la inversión en empresas que tienen proyectos sustentables. Cada bono equivale
a una tonelada de dióxido de carbono no emitida.
Mientras Volkswagen enfrentó una
caída de alrededor del 35% en sus acciones y sanciones que podrían sumar hasta
18 mil millones de dólares, los mecanismos de control para empresas y países
que dañen el medio ambiente se hacen inminentes. El carbon pricing probablemente no será un tema primordial durante la
Conferencia sobre el cambio climático COP21/CMP11 que se llevará a cabo en
París a finales de este año, pero es un tema que definitivamente se está
posicionando en la agenda económica mundial.