CHILPANCINGO, GUERRERO.— Ganar el gobierno de Guerrero fue el penúltimo escalón hacia la cumbre de un hombre que ha ascendido metódicamente por toda la escalera del poder, retrocediendo cuando era inevitable, lanzándose siempre de nuevo, sin esperar jamás a completar el periodo. Tomar posesión del cargo sería la culminación de su esfuerzo de veinticuatro años de vivir en la política. Aunque para los guerrerenses el animal predilecto es el jaguar, el que se lo sacó en la rifa ha demostrado no tener ninguna urgencia de recoger su premio. Parece estar mirando directo a las fauces de un estado tan hermoso como brutal.
“Si ya hay gobernador, que el gobernador electo asuma (ahora) su cargo y encare esta crisis”, demandó el gobernador interino, Rogelio Ortega, el 28 de julio, acaso pensando en Raúl Alfonsín, el presidente radical argentino que en 1989 imploró hasta conseguir que su sucesor peronista lo liberara anticipadamente del peso de un país inmanejable. Pero Héctor Astudillo no es un Carlos Saúl Menem: le toca asumir hasta el 27 de octubre y no le interesa adelantarse ni un solo día: “No, no es posible, porque no podemos hacer algo que no está establecido en la Constitución que dice, en un artículo transitorio, que es a partir del mes de octubre”.
Ostensiblemente, a ambos los persigue el temido felino salvaje de la economía. Según Eliseo Moyao, secretario de Finanzas de Ortega, a Astudillo le toca recibir un gobierno con “pasivos históricos” de 13 050 millones de pesos (que corresponden a las tres administraciones previas: una del PRI y dos del PRD) y un déficit a fin de año de 738 millones de pesos. Esta última cifra corresponde a poco menos de la mitad del presupuesto del estado en 2015, que es de 1665 millones de pesos. Y para pagar sus deudas, el gobierno de Guerrero tendría que gastar esta cantidad casi ocho veces.
“El destino nos alcanzó”, redondea Moyao.
La bestia más brutal que acecha a Guerrero, sin embargo, es la violencia, que alcanza niveles que colocan a sus dos principales ciudades —Acapulco y Chilpancingo— entre las más peligrosas del mundo, y que tanto investigadores como políticos coinciden en que tiene raíz en una impunidad casi absoluta.
EL ALCALDE Y GUERREROS UNIDOS
Lo primero que la cámara de video del teléfono celular registró fue a un hombre con camiseta blanca y gorra, sentado sobre un tronco en un escenario rural, con un fusil AK-47 sobre las rodillas. Tranquilo, no exhibe incomodidad al mostrar su rostro cuando lo graban. La imagen nos acerca a un trío que conversa: un hombre descalzo con camisa de color rosa mexicano, tan ebrio que no puede mantener el equilibrio a pesar de que está en el suelo y lo tiene que sostener otro individuo de chaleco negro; conversa con una persona de sombrero, a quien se identifica como Juan Mendoza Acosta, el alcalde electo de San Miguel Totolapan, un municipio de la región de Tierra Caliente. Alguien le pasa una botella y él la entrega a su interlocutor. La fecha es imprecisa, pero la escena ocurrió después de las elecciones del 7 de junio, tal vez en julio.
Al principio, no se puede comprender lo que le dice el personaje apodado el Tequilero, jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en San Miguel Totolapan, hasta que una cuarta persona se acerca y pone las cosas en claro: “Ponte verga, cocho, así como te hicimos ganar, verga, échanos la mano y no se vale”. Mendoza responde: “¿Cuándo te voy a fallar? Por eso dime, ¿cuándo te voy a fallar? Cabrones, a usted…” “Te voy a matar, hijo de tu pinche madre”, le espeta el Tequilero. El nuevo presidente municipal trata de ser persuasivo: “No es así… te estimo a lo verga”.
La conversación prosigue con diversas voces insistiendo en que Mendoza les debe su éxito político: “Queremos que nos eches la mano en ese pedo. Ya sabes que nosotros te hicimos ganar, viejo”. El edil no parece tener más alternativa que repetir que no se quebrará su lealtad: “Yo estoy con ustedes, tú sabes, güey, jamás voy a jalar con otros cochos, ustedes son los buenos pa’mí, pa’mí”.
El video, de 4 minutos y 44 segundos, fue difundido en los primeros días de agosto y reproducido en medios locales, bajo el título “Alcalde electo de San Miguel Totolapan pacta con el narco”. Juan Mendoza explicó después que había sido secuestrado y que, bajo esas condiciones, tenía que cooperar con sus captores para salvar la vida. Y señaló como autor intelectual del rapto y el montaje a Saúl Beltrán Orozco, su antecesor en la presidencia municipal.
El priista Beltrán Orozco es afamado en Tierra Caliente. En octubre, un comisario ejidal de la parte alta del municipio, quien reservó su nombre por seguridad, le describió a este reportero la situación de extrema violencia criminal y desprotección que sufren los habitantes de la sierra de San Miguel Totolapan, y dijo del alcalde que “no es nombrado por la ciudadanía, está puesto por la delincuencia organizada”.
Cuando el periodista acudió a la cabecera municipal a verificar los dichos con tres compañeros, en diciembre de 2014, tuvo que marcharse de ahí a toda prisa tras recibir amenazas por parte de Beltrán Orozco, a quien las comunidades serranas acusan de haber brindado refugio a los sicarios de Guerreros Unidos que salieron de Iguala en el otoño pasado, y de servir también a los intereses del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Son cosas infantiles las declaraciones que hace ese muchacho, trata desesperadamente de manchar mi imagen”, respondió Beltrán Orozco a las acusaciones del perredista Juan Mendoza, en declaraciones al periódico El Despertar del Sur. “Yo me atrevo a decir que es un adicto a las drogas. Me imagino que se ha de haber embriagado y cruzado en drogas y cayó con esas personas buscando un refuerzo. ¿Cómo crees que te van a llevar a un lugar y te van a obligar a tomar?”.
En los primeros días de agosto, en coincidencia con la difusión del video, la prensa de la zona reportó quince secuestros y un incremento en la actividad criminal en Totolapan y los municipios vecinos de Arcelia y Ajuchitlán.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
El 28 de junio, un mes antes de que pidiera que Astudillo lo relevara del cargo ya, el gobernador interino Rogelio Ortega quiso pintar un panorama del estado de alguna forma más halagüeño. O menos sombrío: “Ha disminuido la violencia en la entidad”. Le preguntaron que de dónde sacaba ese argumento. Aseguró: “Yo me baso en las estadísticas a nivel nacional, las que realizan los observatorios relacionados con los índices de criminalidad”.
El desmentido tardó sólo cuatro días en llegar: el documento Índice Global de Paz, publicado el 2 de julio, ubicó a Guerrero como el estado más violento de un país, México, que a su vez es uno de los peores del mundo en ese aspecto, al caer del lugar 138 al 144, de un total de 162.
Los reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirman: si a escala nacional, entre el primer semestre de 2014 y el mismo periodo de 2015 se registró una ligera baja de 1.03 por ciento en el número de homicidios dolosos, de 9057 casos a 8963, en Guerrero hubo un repunte del 21 por ciento, de 780 a 943. De esta forma, si los asesinatos en el estado representaban el 8.6 por ciento del total del país el año pasado, ahora son ya el 10.5 por ciento, una cifra tres veces superior al peso que tienen los guerrerenses en la población mexicana, que es del 3.5 por ciento.
El informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, coordinado por James Goldston, director ejecutivo de la organización internacional Open Society Justice Initiative y excoordinador de investigaciones en la Corte Penal Internacional, muestra que Guerrero tiene la tasa de homicidios más alta del país, 48 por cada 100 000 habitantes, siete veces superior al promedio mundial, que es de 6.2 por 100 000, en tanto que Acapulco reportó 69.60 homicidios por 100 000, 17.4 veces más que en Nueva York y 3.3 veces más que en Río de Janeiro.
La violencia se debe, dice el documento, a que “en Guerrero parecería que uno puede, literalmente, salirse con la suya en casos de homicidio, desaparición forzada o tortura”, un problema que tiene origen en “la falta de castigo por lo que ocurrió en la guerra sucia (lanzada por el Ejército contra la guerrilla en la década de 1970) se ve hoy día reflejada en la impunidad total que existe y en la ola de violencia que Guerrero padece”.
Por principio de cuentas, porque la desaparición forzada (aquella en las que las autoridades tienen responsabilidad por acción u omisión) es un crimen endémico sin consecuencias para los perpetradores: “La vinculación de las autoridades oficiales que deben implementar la ley y el crimen organizado es un problema en extremo en Guerrero”.
INMENSOS RETOS, EXTRAÑOS ALIADOS
Héctor Astudillo, el ganador de la rifa del jaguar que no quiere recoger el premio antes de tiempo, ofreció, a través de uno de sus ayudantes, entrevistarse con Newsweek en Español en Chilpancingo, el 12 de septiembre. No lo hizo.
Nacido en 1958, su carrera política está caracterizada por la cantidad de cargos de elección popular que ha ocupado y porque en ningún caso ha terminado el periodo para el que recibió el mandato, siempre saltando de un puesto a otro: ha sido tres veces diputado local, dos veces alcalde de Chilpancingo, y una vez senador. Ha estado dentro del círculo de toma de decisiones de todos los mandatarios estatales priistas (Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre, René Juárez) desde que fue secretario particular del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en 1992.
Consciente de que los crímenes del 26 de septiembre en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes tiene la atención mundial en Guerrero, Astudillo hizo de la lucha contra la impunidad uno de los argumentos de su campaña electoral, pidió justicia para los padres de los normalistas e, incluso, les pidió “caminar juntos” con él y con el PRI.
Tras reconocer que la situación en seguridad “es crítica”, el 9 de septiembre se reunió con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para “reforzar la cooperación”. Pero no se ha anunciado ningún plan concreto y en doce municipios de Tierra Caliente y en Acapulco, las responsabilidades siguen en las fuerzas de la Federación.
Específicamente, sobre los casos de los 43 desaparecidos, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la organización a cargo de la representación legal de los familiares cree que Astudillo debe exigirle al gobierno federal cumplir con las recomendaciones del Grupo de Expertos de la CIDH.
Y, en general, Astudillo “tiene que poner toda la voluntad política para que se investiguen y depuren las corporaciones policiacas”, afirma. “Que la Procuraduría deje de estar secuestrada por los grupos delincuenciales, fácticos, cacicazgos”, y actuar “en todas las regiones donde la delincuencia ha tomado el control de las instituciones”.
Para enfrentar todos estos retos, una vez que recoja el jaguar, el nuevo gobernador deberá apoyarse en los miembros de la bancada de su partido, el PRI, en el Congreso estatal. Uno de ellos será su correligionario Saúl Beltrán Orozco, diputado local electo por el distrito 17.