Las “tías” viajaban de México a Chicago y transportaban “niños”. Lo hacían cada tres o cinco días. Hoy se cree que ahí podría estar la clave para desentrañar la negra noche de Iguala y el destino de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Esos términos eran las claves usadas por los líderes de los Guerreros Unidos para comunicarse. Cuando hablaban de “tías” se referían a los autobuses, y los “niños” eran los paquetes de heroína o cocaína escondidos en la “cartera” o compartimentos secretos dentro de la unidad.
Esta información la obtuvo la DEA. El 21 de agosto de 2013, sus agentes detuvieron en Chicago a un sujeto que transportaba en su auto doce kilos de heroína, nueve de coca y 200 000 dólares en efectivo. Los llevó con su contacto, el encargado de recibir y distribuir la droga que venía de México.
Ese hombre, del que se desconoce su identidad, se convirtió en un informante. De esta manera, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos intervino mensajes de Blackberry que permitieron ubicar a cuando menos ocho cómplices y la clave Lada 733, que corresponde a Iguala, Guerrero.
Pablo Vega, el Transformer, era el líder de Guerreros Unidos en Chicago y se encargaba de coordinar el traslado de los estupefacientes hasta Aurora y Batavia, para distribuirla al mayoreo. En México, Arturo Martínez, el Apaxtla, era el responsable de colocar la droga en los autobuses de pasajeros, y de recibir el pago en dólares por las ventas.
Cada cargamento tenía ya un destinatario, no había que buscarle cliente. Ambos líderes proporcionaban a sus hombres los teléfonos de los compradores para que cerraran el trato.
El reporte de la DEA no identifica la línea de los autobuses, ni a quién o a quiénes pertenecían; sin embargo, por las conversaciones intervenidas se sobreentiende que eran propiedad del cártel, pues sus hombres los lavaban, les cambiaban las llantas y les hacían las reparaciones necesarias.
Los cargamentos eran de hasta veintiséis kilogramos a la semana. En abril de 2014, El Transformer tuvo comunicación con una persona identificada como M: Mario Casarrubias, el Sapo Guapo, fundador del grupo delictivo, quien fue detenido en Toluca, Estado de México, a finales de ese mismo mes.
Su hermano, Sidronio, asumió el mando. Y con ello, el control de las policías de Iguala y Cocula. A él se le atribuye la orden de la ejecución de los 43 normalistas porque tomaron el “quinto autobús”.
EL AUTOBÚS EQUIVOCADO
Toda esta información fue soslayada por la PGR de Jesús Murillo Karam, quien o la desconocía o la ocultó. Se hizo pública a partir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones (un equipo infantil de futbol, que también fue víctima de la violencia aquella noche), al existir un autobús, tomado por los estudiantes, que no había sido detenido”.
La tarde del viernes 26 de septiembre, los jóvenes salieron de Tixtla rumbo a Iguala para recolectar fondos mediante boteo a fin de viajar a la Ciudad de México y participar en la movilización por el 46 aniversario de la matanza del 2 de octubre.
Como era su costumbre, se apoderaron de autobuses. El problema es que, al parecer, uno de ellos era una “tía” que transportaba “niños”.
Los especialistas detallan en su informe que, de acuerdo con testimonios de los estudiantes sobrevivientes y del operador del autobús 3278 de Estrella Roja, este fue el primero en ser interceptado y custodiado por policías federales.
Sin embargo, la PGR no mencionó la existencia de este quinto camión en su averiguación previa. El GIEI pidió al Ministerio Público Federal el 15 de abril de 2015 que interrogara al chofer de esa unidad. Lo hizo hasta el 8 de junio, pero sin que alguno de los integrantes del grupo de expertos estuviera presente.
Por ello, no hay certeza de que se haya tomado declaración al conductor real de la unidad, ya que el testimonio que se les presentó tiene contradicciones sobre la ruta y duración del trayecto.
También le pidió examinar el autobús en cuestión, pero los expertos internacionales concluyeron que el presentado no era el mismo que aparecía en el video de las cámaras de vigilancia de la Central de Autobuses de Iguala.
Ese fue el único al que no atacaron violentamente los policías, a diferencia del que transportaba a Los Avispones de Chilpancingo y los otros tres tomados por los normalistas de las líneas Costa Line y Estrella de Oro.
Según el chofer, los estudiantes huyeron hacia un cerro, mientras que él fue escoltado hasta una caseta de cobro. Desde ahí marcó a uno de sus jefes, quien le ordenó moverse a Jocutla.
Lo curioso es que el expediente consignado por la PGR ante el juez establece que este camión fue destruido por los normalistas, hecho que ellos nunca han reconocido, pues relataron que sólo huyeron durante toda la noche.
Por todos estos señalamientos, los expertos concluyen que este autobús es “un elemento central del caso” y que su “invisibilización” tuvo serias consecuencias para la investigación, ya que no se indagó la posible presencia de agentes federales.
LA CASA BLANCA DE IGUALA Y LOS MILITARES
Pero hay más. Uno de los camiones de Estrella de Oro en el que viajaban catorce normalistas fue detenido por policías estatales y llevado a una casa de fachada blanca en el centro de Iguala, donde un “sujeto de porte atlético” daba órdenes.
El operador de la otra unidad de esa misma línea, marcado con el número 1531, reveló que fue detenido frente al Palacio de Justicia. Patrullas le cerraron el paso y policías dispararon.
“Ahí, aproximadamente veinte policías (…), la mayoría encapuchados, (…) iniciaron varias detonaciones y me poncharon las llantas con navajas y gritaron diciendo: ‘Los vamos a matar a todos’; y se me acercó un policía y me dijo: ‘Hasta a ti también, hijo de la chingada’, y me puso una pistola en el pecho por la ventanilla. Mientras trataban de entrar los policías, los estudiantes se lo impedían”.
De acuerdo con el expediente, un elemento de “inteligencia militar” confirmó esta versión ante la PGR y detalló que estuvo en el lugar por lo menos 45 minutos, mientras los policías sometían a los estudiantes. Incluso, reportó los hechos a su superior y tomó fotografías que, por cierto, no están integradas en la averiguación.
Curiosa u oportunamente, los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala tampoco obran en el expediente.
A un año de distancia de estos hechos, son muchas las dudas que persisten: ¿por qué la PGR no tomó este quinto autobús como factor fundamental de su investigación? ¿No lo hizo porque estaba protegiendo a alguien o a algunos?
Si estos relatos son ciertos, ¿está comprobado que además de policías estatales y municipales, hubo federales que participaron directamente? Si el soldado reportó a sus superiores del ataque, ¿por qué el Ejército no intervino?
Pero sobre todas esas interrogantes, la fundamental es: ¿qué pasó realmente con los 43 normalistas? ¿Dónde están? ¿A todos se les incineró? ¿Algunos fueron enterrados en fosas clandestinas?
Por desgracia, cualquier conclusión que presente la PGR encabezada por Arely Gómez estará siempre bajo la sombra del informe del GIEI y, peor aún, con muchas interrogantes.
La negra noche de Iguala sigue empañándonos.