El derecho a la libertad de
expresión y de protesta en México no ha tenido ningún cambio y se han continuado
reportando ataques y mecanismos de control en las manifestaciones sociales en el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, señala un informe del Frente por la
Libertad de Expresión y Protesta Social.
El
documento titulado Control del Espacio Público 3.0. Informe sobre
retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobiernose indica que desde el primer informe
presentado en 2014 no hubo ningún cambio positivo y que ha aumentado la
tendencia al impedimento y represión de la protesta social. Asimismo, se subraya que el gobierno,“concentra su acción en el control,
la regulación y la represión de cualquier expresión crítica y
de descontento social”.
El informe se elaboró a
través del monitoreo de iniciativas legislativas que puedan restringir el derecho
a la protesta, así como documentación que registra agresiones contra
manifestantes. En su elaboración participaron 11 organizaciones, entre las que
destacan Artículo 19, el Centro Pro de Derechos Humanos y Fundar Centro de
Análisis e Investigación.
El documento da cuenta de los
principales factores que violan los derechos humanos en manifestaciones, tal es
el incremento de leyes que restringen los derechos de los ciudadanos, la imposición
de condicionamientos administrativos en manifestaciones y uso del espacio
público, así como el uso discrecional y
arbitrario de la fuerza.
En cuanto a este último
punto, el documento registra en 12 meses 16 actos de represión y
criminalización de la protesta, e indica que el abuso de autoridad y el uso
desmedido de la fuerza ocurre en los tres niveles de gobierno para disuadir a
los manifestantes.
Al respecto se puede
mencionar el caso de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, donde habitantes de
esa localidad fueron agredidos por policías municipales, quienes usaron balas
de goma y lastas de gas. Durante el enfrentamiento murió el menor José Luis
Tlehuatle por el impacto de un proyectil en la cabeza.
En cuanto a las leyes anti-marchas
el documento señala la de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, y deLey de Manifestaciones Públicas
para el Distrito Federal,las cuales introducen horarios,
permisos y prohibiciones absolutas a la utilización de vías primarias, así como
la responsabilidad solidaria a quienes participan por los daños ocurridos
durante la manifestación.
Por último el informe
critica las sanciones para inhibir la protesta como los delitos de terrorismo, sedición,
ataques a la paz pública y pandilla, los cuales son empleados de manera
discrecional.
Con información de
Animal Político y Sin Embargo