La bancada del PRD en el Congreso de Hidalgo presentó la iniciativa para la creación de la Ley de la Procuraduría Social, con la cual busca crear la figura de un ombudsman administrativo, quien se encargaría de castigar a los servidores públicos de dependencias estatales y municipios que hagan mal uso de programas de ayuda.
Se trata de un organismo autónomo que frenaría, entre otras cosas, el condicionamiento de programas y servicios sociales a los ciudadanos por cuestión política o electoral, como han acusado partidos de oposición.
De acuerdo con Celestino Ábrego Escalante, coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, la procuraduría social ayudaría a prevenir conflictos a futuro, pues atendería de manera oportuna los señalamientos y que se utilicen los recursos públicos de manera electoral.
El defensor social, explicó, tendría facultades para actuar e intervenir de oficio incluso cuando medios de comunicación reporten o difundan problemas que puedan generar “inconformidad o malestar social”.
Un elemento novedoso, dijo el legislador, es el servicio de atención telefónica para dar trámite a todas las quejas de los usuarios por irregularidades en los servicios públicos y encausarlos a las dependencias estatales o municipales competentes para su solución.
Esta labor, consideró, actualmente es atendida por medios de comunicación.
La iniciativa contempla que si un servidor público recibe tres recomendaciones, el procurador social informará a su superior inmediato para que lo remueva del cargo.
La elección del procurador social sería a través de una terna propuesta por organizaciones sociales e instituciones de educación superior, con lo que se garantiza independencia y autonomía. Los diputados locales validarían al ganador, explicó.
Ábrego añadió que dicha ley también prevé que el ombudsman presente un informe anual de sus actividades ante el Congreso.