Los diputados se repartieron un promedio de 1000 millones de
pesos anuales por subvenciones ordinarias y extraordinarias; estas últimas,
según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), perdieron ese carácter y se
volvieron regulares. De esos fondos, por ejemplo, el Partido Verde destinó una
parte a financiar sus spots en la campaña pasada.
Hasta ahora, el reparto del dinero depende únicamente de la
voluntad de cada coordinador, que para comprobar el gasto sólo tiene que firmar
una hoja. Los diputados reconocen que los coordinadores y sus administradores
manejan las subvenciones sin vigilancia.
En tres años, la Cámara de Diputados utilizó
discrecionalmente 3000 millones de pesos y ayer los grupos parlamentarios de
PRI y PAN ofrecieron terminar con la opacidad en el manejo del gasto y los
‘‘rubros ocultos’’, pero ese compromiso no se extenderá a suprimir beneficios
como vales de despensa, aguinaldos, seguros médicos y fondo de ahorro, que
completan el salario de los legisladores, detalló en una investigación el
periódico La Jornada.
La semana anterior, los diputados de Morena y Movimiento
Ciudadano anunciaron que renunciarán a los seguros y ayer el coordinador del
PRI, César Camacho Quiroz, dijo que ‘‘hay que entrarle de frente y sin
resistencia’’ al cambio de reglas en el manejo del dinero, pero también
‘‘quitar de enmedio algunas expresiones que para mi gusto tienen un tufillo
demagógico’’.
Durante las sucesivas presentaciones de la cuenta pública,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó a los diputados de la
opacidad en la entrega y reparto de las subvenciones y, como parte de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las bancadas se
comprometieron a ventilar el uso de los fondos, pero le dejaron esa
responsabilidad a la 63 Legislatura, que hoy da inicio a sus trabajos.
Ayer, en la presentación de un informe legislativo realizado
por una consultora privada, Camacho Quiroz y el coordinador del PAN, Marko
Cortés Mendoza, reconocieron que el Legislativo es el único de los tres poderes
que exige transparencia al Ejecutivo y al Judicial, pero no la practica puertas
adentro de sus recintos.
Sin embargo, el priísta consideró que los diputados que han
renunciado a sólo dos de las prestaciones vinculadas al cargo de diputado, el
seguro de vida y el de gastos médicos mayores, tienen por objeto ‘‘ganar
prosélitos o simpatías. Parecen postular cuestiones valientes, cuando lo que
hay que postular son cuestiones justas, no sólo legales, sino que den mayor
legitimidad’’ al Poder Legislativo. Reconoció que mientras el Ejecutivo ha sido
‘‘desmembrado’’ para dar paso a los órganos autónomos, y el Judicial se reformó
desde 1994, el Legislativo sólo ha admitido ‘‘remiendos’’.
El Congreso y sus integrantes son de los peor evaluados por
la ciudadanía y ante ello Camacho expuso que se requiere de una ‘‘reingeniería
en transparencia y rendición de cuentas’’, así como la operación de sus
comisiones, el gobierno interior y la conducción de los grupos parlamentarios.
Cortés Mendoza anunció que su bancada solicitará auditorías
a despachos externos y pedirá lo mismo de los otros grupos, porque el Congreso
‘‘recibe y asigna enormes cantidades de recursos de los que no informa ni hay
claridad en su destino’’.
En ese escrutinio, alertó, ‘‘habrá algunas resistencias por
parte de quienes se han conducido en la opacidad, aquellos que nos les conviene
que se sepa en qué se gastan los cuantiosos recursos públicos que reciben. El
Congreso no puede exigir a otros lo que no puede y quiere exigirse a sí
mismo’’.
Ambos señalaron que si no han entrado en vigor para el Poder
Legislativo las disposiciones de la Ley General de Transparencia, se debe a que
todavía no se cumplen los plazos legales dispuestos en los artículos
transitorios, que los ahora ex diputados modificaron de última hora para que no
se les aplicaran a ellos.
‘‘Las obligaciones en cuanto a los recursos que se asignan a
los legisladores son un pendiente. No hay cabida para que nos otorguemos plazos
extraordinarios distintos al resto de los sujetos obligados’’, reconoció Cortés
Mendoza.
IAVE también serán
devueltas
Concluida la 62 Legislatura, ayer fue el último día para que
los grupos parlamentarios hicieran entrega de todos los bienes, oficinas y la
devolución de los 130 automóviles que utilizaron desde diciembre de 2012, así
como las tarjetas IAVE que permitieron viajar a los 500 diputados federales por
las carreteras sin pagar peaje.
Este 31 de agosto terminó la vigencia del contrato
DGAJ-169/2012, suscrito el primero de diciembre de 2012, con el que la cámara
requirió a la empresa Casanova Rent el arrendamiento de 130 automóviles Toyota
Corolla para el disfrute de los legisladores, y que desde hoy forman parte de
los activos en San Lázaro. Por ello, los ex diputados no los pueden conservar.
La cámara optó por la figura de arrendamiento, en lugar de
comprar los autos, con un contrato que representó un desembolso de 57 millones
396 mil pesos en mensualidades, que encareció el valor de las unidades.
Arrendar cada una costó 441 mil 507 pesos, cuando la versión de lujo del
Corolla actualmente se vende a 323 mil 100 en agencias.
Los autos se distribuyeron de la siguiente forma: 78 para
diputados y 52 para los grupos parlamentarios, que a su vez los entregaron
discrecionalmente. Uno de ellos incluso se le otorgó al diputado del PT –ahora
de Morena– Manuel Huerta, uno de los más críticos en San Lázaro.
Los exdiputados desalojaron ya las oficinas. Donde impera un
ambiente de incertidumbre es en las del Partido del Trabajo, porque los
empleados no han recibido su finiquito y sólo recibieron la promesa de la
coordinadora administrativa, Laura Hernández, de que ‘‘esta semana’’ quedará
saldada la liquidación.
El ex coordinador y ex dirigente del PT Alberto Anaya
Gutiérrez ya no se presentó ante los trabajadores. Se le vio el sábado y Laura
Hernández aseguró que su instrucción fue pagar a los colaboradores, entre éstos
las señoras que atendían la cocina del grupo.
La inseguridad de los empleados de un partido que durante 15
años explotó el lema del trabajo se debe a que no están registrados en nómina.
Su pago era en efectivo y no existe ningún recibo que ampare la relación
patronal.
Durante tres años, también los diputados utilizaron una
tarjeta IAVE, que originalmente tenía cobertura en las carreteras administradas
por Caminos y Puentes. Sin embargo, a solicitud del priísta José Manzur, actual
secretario de Gobierno del estado de México, el beneficio se ‘‘ligó al sistema
de cobro Viapass’’, que incrementó el costo en 200 pesos por legislador.
Lo único que los diputados no están obligados a regresar es
el fistol de oro de 14 kilates que recibieron al inicio de la legislatura. Cada
uno costó 3310 pesos, un total de un millón 655 000 pesos.
(Con información de La Jornada)