Sueldos por debajo del salario mínimo y sin ninguna prestación laboral son las principales irregularidades que los 12 Centros de Readaptación Social (Ceresos) del estado permiten a empleadores de reclusos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) confirmó que los salarios que devengan las personas internas no superan los 60 pesos al día, “lo cual los ubica por debajo del salario mínimo vigente en la entidad”.
Además, advirtió el organismo en su Diagnóstico Penitenciario del primer semestre de 2015, en algunos centros de reinserción la oferta de trabajo se vea afectada, como en el de Pachuca, “donde disminuyó en un 5% en el último semestre de 2014”.
“En este lugar, la empresa de lencería VickyForm daba empleo a 150 internos y suspendió sus actividades con las consecuencias inherentes. Existe el compromiso de las autoridades penitenciarias de renovar contratos con factorías semejantes desde 2013, cuando la trasnacional se llevó las máquinas”, señala el escrito.
Actualmente, la empresa Carnival, también fabricante de lencería, emplea a 18 personas internas.
En cuanto al acceso a prestaciones laborales, el organismo advierte que “estos empleos no conceden prestaciones sociales, las cuales beneficiarían a los familiares de las personas en reclusión, y pagan un salario inferior al mínimo”.
Al bajo salario y la ausencia de prestaciones se suma la necesidad de capacitación para el trabajo.
“Principalmente cuando se realiza con determinadas máquinas, es fundamental para la realización de las diferentes actividades (la capacitación), con ello se evita una mala operación de esas herramientas y se logran mejores resultados, se previenen accidentes y lesiones”, añade el diagnóstico.
La nula práctica de esta disposición produjo que un interno del Centro de Reinserción Social de Tula se cortara cuatro dedos “por introducir la mano a una batidora”; el preso tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital regional para recibir atención médica pronta y especializada.
En la actualidad, cita el documento, el porcentaje de personas internas que realizan alguna actividad laboral en los Centros de Reinserción Social, Cárceles Distritales y Centro de Justicia para Adolescentes en el Estado, respectivamente, oscila en 80 por ciento del total de la población penitenciaria; “observándose en éste último un menor número de personas internas que realizan alguna ocupación retribuida”.
Sin embargo, la cárcel distrital de Tizayuca, así como los centros de Reinserción Social de Tulancingo y Pachuca, presentan una baja en el porcentaje de actividad laboral, la cual oscila entre 62 y 74 por ciento.
“Sólo mil 61 internos de mil 427 de la población penitenciaria total (del penal capitalino) realizan dicha labor.
“La propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoce que los Centros Penitenciarios carecen de los espacios suficientes para crear zonas o áreas laborales, por lo que una gran cantidad de internos carece de un empleo que ayude a su reinserción social”, sostiene el análisis de la CDHEH.