Empecemos con una verdad innegable: en Estados Unidos la gente
tiene derecho a poseer y portar armas. Y ahora reconozcamos que la
interpretación inmadura de esa enmienda constitucional –que los estadounidenses
tienen derecho a poner cualquier accesorio sobre, dentro o alrededor de un arma
de fuego con el único propósito de hacerla más mortal– es una falsedad
peligrosa.
Allí se halla el abismo entre quienes buscan formas
constitucionalmente imposibles de controlar las armas de fuego y sus opositores
políticos, quienes ven toda propuesta de regular el armamento como el primer
paso a la dictadura. Atrapada en el medio se halla la mayoría de los
estadounidenses, quienes piensan que a la gente se le debería permitir poseer
armas pero están indecisos con respecto a tener leyes más duras en relación con
dichas armas.
Sin embargo, hay una solución simple, un compromiso con sentido
común que enfurecerá a los extremistas de ambos bandos en el debate sobre las
armas de fuego, pero que pondría a Estados Unidos en un camino más cuerdo:
—Prohibir los accesorios que no tienen mayor propósito que el
de transformar las armas en herramientas de masacre masiva, como los cargadores
de tambor acoplables que portan 100 balas.
—Adoptar normas que les dificulten a los criminales y a los
enfermos mentales obtener armas de fuego.
—Proscribir la exhibición pública de armas.
—Permitir la portación oculta de armas usando el estándar de
“permisos no discrecionales”.
—Dejar de tratar de prohibir los añadidos de apariencia
siniestra que principalmente defienden al tirador pero no hacen al arma más
peligrosa para otros.
—Olvidar los ataques contra las “balas perforantes”.
—Abandonar los intentos de proscribir las “armas de asalto”,
una frase con una carga política y un revoltijo de significados que en realidad
no dice nada.
Aun cuando cualquier concesión es anatema para los
absolutistas, beneficiará a aquellos más racionales en medio. “El control de
armas es más análogo a un torniquete que un curita”, dice Osha Gray Davidson,
autor de Under Fire, una historia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por
sus siglas en inglés). “Los torniquetes salvan vidas, e igual lo hará una
política de control de armas de fuego basada en equilibrar los derechos y las
responsabilidades”.
Todos los debates sobre el control de armas se convierten en
interpretaciones de la Segunda Enmienda, la parte peor escrita y más extraña de
la constitución de EE UU. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay dos Segundas
Enmiendas, una aprobada por el Congreso y una variación ratificada por los estados
y autenticada por Thomas Jefferson cuando fue secretario de estado? La versión
del Congreso –conformada por fragmentos sin sentido sintácticamente hablando–
ganó en el día en las cortes, pero ambas versiones son pesadillas gramaticales.
La versión del Congreso dice: “Una milicia bien regulada, siendo necesaria para
la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente a poseer y portar armas
no debe violarse”. En la versión autenticada por Jefferson, la primera coma
desaparece, transformando las palabras en una cláusula dependiente más típica
–pero aun así gramaticalmente confusa– seguida por una cláusula independiente.
Ello podrá no sonar como una gran diferencia, pero bajo las normas del inglés
escrito, las palabras de la enmienda usada por las cortes no tiene sentido. La
confusión ha sido tan grande que, en un caso importante de la Suprema Corte,
profesores de lingüística presentaron un informe que daba a los jueces
lecciones sobre la puntuación y la gramática.
Durante el siglo XX, esa primera cláusula fue discutida casi
sin cesar. En un caso de 1939, United States v. Miller, la Suprema Corte
sostuvo que –a causa de los fragmentos escritos en la apertura de la enmienda–
el derecho a las armas (en este caso, escopetas serradas) tenía que leerse en
conjunto con la Cláusula de Milicias, Artículo 1, Sección 8. La corte escribió:
“En ausencia de alguna evidencia que tienda a demostrar que la posesión o uso
de una escopeta [serrada]… tiene alguna relación razonable con la preservación
o eficiencia de una milicia bien regulada, no podemos decir que la Segunda
Enmienda garantice el derecho de poseer y portar dicho instrumento”.
En otras palabras, los dueños de armas en Estados Unidos no
tienen derecho a comprar, vender o poseer armas de fuego a menos que esas armas
estén razonablemente conectadas con las necesidades de una milicia.
Por décadas así fue como se aplicó la ley. Claro, hasta que el
Distrito de Columbia se extralimitó en 2001, y prohibió efectivamente las
pistolas y exigió a los dueños de armas de fuego que las conservaran
descargadas y desarmadas. Se presentó una demanda, el Distrito perdió, y apeló
a la Suprema Corte. En el histórico caso de 2008, District of Columbia v.
Heller, el juez Antonin Scalia dictaminó que la primera cláusula de la Segunda
Enmienda podía ignorarse en esencia. A pesar del papel crucial que tuvieron
esas palabras en la decisión de Miller, éstas no, argumentó él, calificaban a
la cláusula independiente que la seguía. Más bien, opinó él, las palabras eran
una “cláusula preliminar”, algo similar a un estruendo de trompetas para
declarar que estaba a punto de mencionarse un nuevo derecho. “Lo anterior no
limita lo posterior gramaticalmente, sino que más bien anuncia un propósito”,
escribió Scalia.
Con eso, sólo la cláusula independiente –“el derecho de la
gente a poseer y portar armas no debe violarse”– fue tomada como importante.
Los controladores de armas gimieron y los entusiastas de las armas aplaudieron.
Pero eso fue en gran medida porque parecía que pocos de ellos habían leído toda
la opinión de Scalia. Como lo sabe todo estudiante de leyes de primer año, los
derechos constitucionales no son absolutos. Los periódicos se mantienen en el
negocio gracias a la garantía en la Primera Enmienda de la libertad de
expresión, pero no pueden imprimir legalmente pornografía infantil. Y los
ciudadanos no tienen derecho a incitar una violencia inminente. Restricciones
similares se aplican a otros derechos constitucionales; la mayoría tiene
parámetros para proteger a la sociedad.
Scalia claramente declaró en Heller que el derecho a portar
armas tenía límites. “Como la mayoría de los derechos, el derecho de la Segunda
Enmienda no es ilimitado”, escribió él. “No es un derecho a poseer y portar
armas cualquiera que fuese en alguna manera cualquiera que fuese y para todo
propósito cualquiera que fuese”. Por ejemplo, él citó leyes que prohíben la
posesión de armas de fuego a criminales y enfermos mentales, o que las prohíben
en lugares como escuelas y edificios gubernamentales, o imponen condiciones a
su venta. Él también escribió que su decisión no anulaba la sostenida en el
dictamen de Miller en 1939 de que los tipos de armas protegidos son aquellos de
uso común al momento, y que la “tradición histórica de prohibir la portación de
armas peligrosas e inusuales” todavía era admisible.
En otras palabras, incluso uno de los jueces más conservadores
de la era moderna dice que los entusiastas de las armas están equivocados
cuando afirman que cualquier limitación a las armas de fuego es anticonstitucional.
El gobierno puede imponer restricciones a las armas de fuego con la intención
de proteger a la sociedad.
Lo cual nos trae de vuelta a los accesorios de las armas. En
ninguna parte en el precedente de la Suprema Corte, o en las palabras de los
fundadores, o en la Segunda Enmienda (cualquiera de ellas) hay el derecho a
acoplarle cosas a un arma de fuego, incluidos los añadidos que no tienen más
propósito que matar a cuantas personas sea posible tan rápido como sea posible.
Algunos de estos accesorios son en gran medida desconocidos
fuera del público de las armas, incluidos dispositivos tan insensatos como
cargadores de tambor que permiten a las armas populares como el rifle AR-15
disparar hasta 100 balas sin recargar.
¿Para qué necesitaría cualquier entusiasta de las armas 100
balas? James Holmes se lo puede decir. Hasta el 20 de julio de 2012, Holmes era
lo que la NRA describiría como un dueño de armas responsable. Él poseía
legalmente un par de pistolas Glock 22, un rifle semiautomático Smith & Wesson
M&P15 con un cargador de tambor de 100 balas, una escopeta Remington 870
Express Tactical, 350 cartuchos de escopeta y 6,000 municiones. Dadas todas
esas compras, su club de armas local lo invitó a unirse.
Luego, en esa noche de julio, Holmes entró en un cine de
Aurora, Colorado, y empezó a disparar. Él mató a 12 personas e hirió a 70 más.
Él disparó 76 balas: 65 del rifle semiautomático con el tambor de 100 balas;
podría haber disparado más si el tambor no se hubiera atascado. De hecho,
Holmes dijo a un psiquiatra de la corte que eligió este armamento con la
esperanza de matar a las 400 personas en el cine.
Los cargadores de alta capacidad han sido el accesorio elegido
por la mayoría de los asesinos en masa en EE UU. Adam Lanza, el tirador de la
Primaria Sandy Hook que mató a 20 niños y seis adultos en 2012, usó cargadores
de 30 balas. El accesorio también fue usado en los tiroteos masivos de la
Preparatoria Columbine en 1999 y la base militar de Fort Hood, Texas, en 2011.
El Centro Legal para Prevenir la Violencia con Armas de Fuego
reporta que la mitad de los tiradores en masa usa estos cargadores. Las
estadísticas compiladas por el Centro de Política contra la Violencia en
Washington, D.C., muestran que sólo en los años en que Barack Obama ha sido presidente,
ha habido 14 tiroteos en masa mortales en los que se usaron cargadores de alta
capacidad, matando a 125 personas e hiriendo a 153 más.
Una prohibición de estos dispositivos obligaría a un tirador
demente a recargar más a menudo, creando más oportunidades para que los
inocentes escapen o incluso ataquen al perpetrador. Así fue como se detuvo el
tiroteo masivo de 2011 en Tucson, Arizona, en el que murieron seis personas y
se hirió a otras 16, incluida la congresista Gabrielle Giffords: tan pronto
como se vació el cargador de 33 balas del tirador, fue tacleado mientras
recargaba.
Los entusiastas de las armas afirman que estos dispositivos son
necesarios porque una persona en pánico, enfrentando a criminales armados,
tiene más probabilidades de errar su blanco y por lo tanto necesita las balas
extras. Lo cual, por supuesto, es el argumento exacto en contra de tener a
muchísima gente armada sentada en un cine o en una escuela lista a dispararle a
un tirador en masa: en una emergencia, estos Rambos en potencia tienen más
probabilidades de errar el blanco y poner en peligro vidas inocentes. En vez de
derrochar dinero en cargadores más grandes, tal vez los dueños de armas
necesitan más prácticas de tiro.
Y no, proscribir estos artículos no está prohibido por la
Segunda Enmienda. En 2013, Sunnyvale, California, prohibió los cargadores de
alta capacidad. La NRA demandó en una corte federal, la cual –citando a Heller–
dictaminó que estos cargadores “son difícilmente cruciales para que los
ciudadanos ejerzan su derecho a portar armas”. Entonces, concluyó la corte, el
derecho potencial a un cargador de alta capacidad fue rebasado –por la misma
razón que la Primera Enmienda no protege las amenazas de bomba– por un fuerte
interés del gobierno en la seguridad pública. Una corte de apelaciones estuvo
de acuerdo y la Suprema Corte se negó a considerar más el asunto.
La misma lógica se aplica a otros accesorios de armas que
violan en demasía la capacidad del gobierno para mantener seguros a los
ciudadanos. Por ejemplo, los silenciadores. Aun cuando están sujetos a una
regulación federal mínima y ya están prohibidos en 10 estados, se consiguen con
facilidad y tienen grandes ventas. No hay razón para que alguien, aparte de las
fuerzas de la ley o los militares, necesite uno excepto para matar personas sin
llamar la atención. Las armas y los accesorios diseñados para ningún propósito
racional aparte de quebrantar la ley –como las armas que se pueden hacer con
una impresora 3-D y materiales que no activarán los detectores de metales–
deberían ser prohibidos.
Más allá de los accesorios, se necesitan otros cambios en las
leyes de armas para lograr eso que todos en el debate concuerdan en que es una
meta loable: mantener las armas de fuego lejos de las manos de los chicos malos.
Desgraciadamente, la NRA ha trabajado por años para asegurarse
de que los lunáticos y criminales consigan armas con la mayor facilidad
posible. Después de que el tiroteo más mortal en la historia estadounidense
sucediera en el Tecnológico de Virginia (32 muertos), el Congreso aprobó la Ley
de Enmiendas para Mejorar el Sistema Nacional de Verificación al Instante de
2007. Cuando se presentó, la legislación obligaba a los estados a entregar
registros de salud mental a bases de datos nacionales mantenidas por el FBI. La
NRA declaró que esto violaba la Segunda Enmienda y, mediante un cabildeo
intenso, limitó la definición de enfermedad mental sólo a las personas
internadas o que una corte las halló como peligrosas. Incluso si un psiquiatra
creía que un paciente representaba una amenaza, nada podía hacerse para evitar
que un arma cayera en manos de esa persona.
Luego la NRA trabajó para debilitar las viejas normas que
prohibían a los enfermos mentales poseer armas. En el pasado, a causa de
preocupaciones de que una persona desequilibrada pudiese recaer después del
tratamiento, las normas establecían que cualquiera a quien se prohibiese tener
un arma por razones psicológicas estaba proscrito por siempre. Ya no más: ahora
una persona ingresada a un hospital mental puede, después de salir, pedirle a
una corte sus armas. Y al cabildear en las legislaturas estatales, la NRA se
aseguró de que expertos psiquiatras tuvieran un papel débil al determinar si un
ex paciente mental debería tener un arma. Más bien, en lugares como Idaho, los
jueces estatales que están mal preparados para tomar tal determinación lo hacen
sin aportes de expertos.
Desgraciadamente, la NRA arguye que todo demente o criminal
armado es un buen tipo, responsable y respetuoso de la ley con un arma hasta el
momento en que su primera bala rocía las paredes con los sesos y sangre de
gente inocente.
Así que ignore a los extremistas. La única manera de mantener
las armas lejos de las manos de los chicos malos es descubrir quiénes son antes
de que se armen. Ello significa verificaciones universales de antecedentes y
exigir que se lleve el registro de todas las transacciones de armas de fuego.
Según la ley federal, las compras a un comerciante de armas con licencia
requieren de identificación, y una forma declarando que el comprador la compra
para sí y no es parte de un grupo que tenga prohibido conseguir un arma:
criminales, personas acusadas de crímenes, drogadictos, fugitivos y similares.
Luego, después de verificar los antecedentes (90 por ciento de ellos toma unos
cuantos minutos), la venta se completa. El comerciante hace un registro de la
transacción y lo guarda permanentemente.
Ese es un sistema maravilloso, y es del todo inútil en el mundo
real, porque casi la mitad de todas las ventas de armas son transacciones
privadas que no conllevan salvaguardas procedimentales. No se exige una
identificación, no hay verificación de antecedentes y no se guardan registros.
Esto es maravilloso para un criminal, o un psicópata. Esto es a lo que los
opositores a las armas erróneamente se refieren como la “laguna de la
exhibición de armas” pero no existe tal laguna. Los particulares tienen
permitido vender en exhibiciones de armas, y en cualquier otra parte.
Por ello es que las leyes para las ventas privadas son absurdas.
Aun cuando la NRA “exige” que las armas se mantengan lejos de las manos de los
criminales, siempre ha bloqueado los únicos medios para hacerlo: verificaciones
universales de antecedentes en las ventas de particulares. Las encuestas
muestran un apoyo abrumador a las verificaciones, tanto como 92 por ciento en
una encuesta de la Universidad Quinnipiac del año pasado, incluido 86 por
ciento de republicanos.
La última concesión que los defensores de las armas deberían
hacer se basa en las palabras de un héroe conservador, Ronald Reagan: “No hay
razón por la que un ciudadano en la calle hoy deba portar un arma cargada”. En
su declaración, emitida cuando fue gobernador en mayo de 1967, Reagan se
refería a los miembros del Partido de las Panteras Negras –absolutistas de la
Segunda Enmienda– que entraron a la Cámara de Representantes Estatal de
California portando abiertamente rifles para protestar por una propuesta de ley
para controlar las armas.
Pero primero tiene que hacerse más restrictivo el proceso de
verificación de antecedentes de manera universal, como resultó obvio en el caso
de Dylann Roof, el hombre arrestado por el tiroteo reciente en una iglesia
episcopal metodista africana en Charleston, Carolina del Sur. Roof consiguió
una pistola calibre .45 en abril de un comerciante de armas con licencia
federal pero nunca debió haberlo podido hacer. Fue acusado en febrero con
posesión de un narcótico controlado, lo cual hubiera prohibido a un comerciante
venderle un arma de fuego. Según las normas, el gobierno tenía tres días para
verificar a Roof. A causa de una confusión, el FBI todavía trataba de conseguir
su registro de arrestos después de que pasaron los tres días. Aun cuando los
comerciantes nacionales de armas no venderán armas sin la aprobación del FBI,
las tiendas pequeñas son menos cuidadosas. Así, Roof regresó después de los
tres días y, sin una verificación de antecedentes completada, compró su arma.
¿La lección? Todas las transacciones de armas tienen que usar los estándares de
la cadena nacional y esperar la aprobación del FBI.
La declaración de Reagan –dirigida a esas Panteras Negras que
blandían sus armas en público– no debería ser diferente si se aplica a los
fanáticos de las armas que entran a un restaurante Chili’s en San Antonio
portando armas cargadas. O el bufón con un AR-15 cargado con un tambor de 100
balas que el mes pasado entró a un aeropuerto de Atlanta. O el imbécil en
Gulfport, Misisipi, que amenazó a compradores de un Wal-Mart al cargar y
desplegar cartuchos de una escopeta hace unas semanas, obligando una evacuación
de la tienda. En todos estos estados, ese comportamiento casi psicótico era
legal. Pero ¿cómo puede alguien decir si esos tontos que se pasean por allí
exhibiendo sus armas simplemente están actuando como un niño de cuatro años que
les muestra orgullosamente a todos su pene o si constituyen una amenaza mortal?
Pregúntele a cualquiera en el lujoso Hotel Omni Austin en Texas: previamente
este mes, un hombre caminó por el vestíbulo con un rifle, asustando legalmente
a la gente. Luego disparó y mató a alguien.
En este gran compromiso, eso es todo lo que obtendrán los
controladores de armas: una prohibición a los cargadores de alta capacidad y
otros accesorios de matanza, verificaciones universales de antecedentes y una prohibición
a la exhibición pública de armas. Eso nos lleva a lo que los entusiastas de las
armas deberían recibir en el trato.
Primero, a cualquiera que quiera obtener una licencia para
portar un arma oculta debería dársele una. Todos los estados permiten la
portación oculta, pero muchos estados –como California, Nueva Jersey y
Maryland– tienen lo que se llama estatutos de “permisos discrecionales”, lo
cual significa que la gente que califica para una licencia podría no recibirla.
En algunos estados, los funcionarios del condado deciden quién puede portar un
arma dentro de su abrigo. He aquí la realidad: un criminal o una persona
perturbada portará un arma oculta, con licencia o sin ella. Bajo el sistema de
verificación universal de antecedentes, cualquiera que entre a una oficina
estatal buscando un permiso para portar armas ocultas ya ha sido revisado; no
hay razón para negarle a esa persona una licencia si cumple con los requisitos
adicionales.
Luego están los accesorios para armas que tienen nombres espeluznantes,
pero en su mayoría están diseñados para proteger al tirador. Por ejemplo, los
supresores de fogonazos han sido proscritos por la creencia de que se usarán
para minimizar las posibilidades de ubicar a un tirador. Esa es una
consecuencia del dispositivo, no su propósito. En realidad, la razón principal
de que existan los supresores de fogonazos es dispersar los gases ardientes que
salen de la boca de un arma larga; esto minimiza la posibilidad de que el
tirador se ciegue en ambientes con poca luz. Peligro que este accesorio
conlleva para el público: ninguno.
Otros accesorios también presentan un peligro mínimo, y
protegen o ayudan a los dueños de armas. Por ejemplo, la cubierta del cañón y
la culata plegable fueron prohibidas en 1994, luego legalizadas en 2003. Los
defensores del control de armas han presionado para que sean ilegales de nuevo.
Las razones son tontas. La cubierta enfría el cañón del arma, asegurando que no
se sobrecaliente al disparar con rapidez. Tiene una apariencia espeluznante pero
no presenta ninguna amenaza realista. Una culata plegable o abatible se usa en
un arma larga y facilita almacenar o transportar el arma. Estas se
proscribieron por miedo a que los asesinos sean capaces de ocultar sus rifles;
de nuevo, no es una consideración razonable en un mundo lleno de pistolas
semiautomáticas.
También es hora de terminar con esa tontería de las “balas mata
policías”. Aun cuando este tópico se ha debatido desde finales de la década de
1980, todavía no hay una definición aceptada de esta munición. No obstante,
previamente este año, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) propuso prohibir las balas
perforantes de 5.56 milímetros de “punta verde” para rifle M855 como mata
policías. Algunos propietarios de armas usan esta bala en grandes y pesadas
pistolas AR-15, por lo que la ATF decidió que las puntas verdes para M855 son
una amenaza para los oficiales de policía que usan chalecos antibalas. El
problema es que esta no solo es una munición para rifle excepcionalmente
popular, sino que la ATF no puede indicar un caso en el que a un oficial le
hayan disparado a través de su chaleco antibalas con un M855. Al enfrentarse a
la indignación de los dueños de armas, la ATF retiró la propuesta. Debe
mantenerse así.
Al igual que las acciones para prohibir las armas de asalto. Un
hecho que pocos opositores a las armas parecen saber: las armas de asalto no
existen. Hay rifles de asalto, pero la categoría más amplia de armas que fueron
prohibidas en 1994 y legalizadas en 2003 es un constructo político. De nuevo,
muchas de ellas se ven espeluznantes a causa de los rasgos cosméticos que les
añaden los fabricantes de armas. Pero lo único que las haces más peligrosas que
cualquier otra arma es la cantidad de balas que pueden disparar, un problema
que se resuelve con una prohibición de los cargadores de alta capacidad. Un
informe de 2004 para el Departamento de Justicia mostró que, antes de la
prohibición, las armas de fuego definidas como “armas de asalto” se usaron en
tan poco como 2 por ciento y no más de 8 por ciento de los crímenes con arma de
fuego; casi ninguno de estos casos involucró rifles de asalto. No obstante, los
cargadores de alta capacidad sumaron entre 14 por ciento y 26 por ciento de los
crímenes con armas de fuego. En otras palabras, cuando se trata de armas de
asalto, los estadounidenses deberían dejar de preocuparse por las armas y
prestarle atención a las balas.
Hela allí: una serie de propuestas razonables con algo que
odiar para cada quien. Pero los extremistas de ambos bandos nunca obtendrán lo
que quieren: todas las armas en todas partes o ningún arma en ninguna parte.
Queda en manos del medio racional –la gran mayoría de los estadounidenses–
decirles a los fanáticos que los adultos se harán cargo.